El miércoles de noche la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, entregó al Parlamento en nombre del gobierno el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, un documento con más de 300 artículos que ingresó por la Cámara de Diputados. La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda deberá analizarlo, y en 45 días vencerá el plazo para dar lugar al análisis en el Senado. Si bien la comisión comenzará el 7 de julio, y el lunes 12 se recibirá al equipo económico, legisladores de la oposición ya tuvieron un primer acercamiento al contenido y surgieron algunas críticas.
El diputado frenteamplista del Movimiento de Participación Popular (MPP) Sebastián Valdomir ‒integrante de la Comisión de Hacienda‒ sostuvo que tras una primera lectura se confirma la política del gobierno de “no reconocer que no tenía recursos suficientes para atender la pandemia”. A su juicio, la Rendición de Cuentas era la oportunidad de “enmendar esos errores”, pero terminó siendo una “política de achique de las respuestas del Estado a la emergencia sanitaria”.
Para Valdomir, la decisión de volcar los recursos que el Instituto Nacional de Colonización (INC) destina a la compra de tierras –unos 20 millones de dólares– al fideicomiso creado en la órbita del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para erradicar los asentamientos muestra “la lógica” que subyace a toda la Rendición de Cuentas. “Hay una disputa enorme entre diferentes unidades ejecutoras para aplicar políticas públicas. En este punto concreto lo que va a terminar pasando es que se le va a sacar a Colonización y ningún reasentamiento va a terminar siendo cuantitativamente significativo, porque no movés la aguja desde ningún punto de vista con ese monto”, opinó.
Para el diputado frenteamplista Gustavo Olmos, de Fuerza Renovadora, este “retroceso” en la política de colonización “no es aislado”, sino que tiene como antecedente los cambios dispuestos en la ley de urgente consideración (LUC), en la que se estableció que un colono no tiene la obligación de vivir en el predio ni trabajarlo directamente y se desafectó del instituto una porción de las tierras. “Regularizar asentamientos está bárbaro, es una política absolutamente compartible. Debilitar la política de colonización es problemático”, consideró Olmos. En su opinión, esta medida se contradice con el “supuesto discurso de compromiso con el interior que tiene especialmente el Partido Nacional”.
Por otra parte, entre las “áreas de preocupación” surgidas de una primera lectura, Olmos identificó que no se incluye “nada específico en torno a la reactivación económica; no hay un plan de obra pública ni nada en ese sentido que pueda contribuir a revertir la caída del producto. Hay una estimación de crecimiento que sigue siendo optimista [3,5% este año], pero no sabemos muy bien en qué se basa”, apuntó.
La diputada del MPP Lilián Galán ‒integrante de la Comisión de Presupuesto‒ dijo tener dudas sobre la “legalidad” de los cambios previstos en los recursos de Colonización. “Nos queda la duda de si es legal que el dinero que se usaba por la ley de colonización pueda tener otro destino si no es cambiando la ley”, apuntó.
Galán coincidió con Valdomir en que la Rendición de Cuentas confirmó lo que advirtió el Frente Amplio (FA) el año pasado: “Dijimos que fuimos los peores de la clase en inversión en la pandemia, de acuerdo a los datos que traía la Cepal [Comisión Económica para América Latina y el Caribe], y el gobierno salió a pedir explicaciones. Sin embargo, ahora aparecen los cuadros en los que se señala que la inversión en porcentaje del producto interno bruto fue de 1,1%”, resaltó.
Asimismo, destacó que “no existe articulado para la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública]”, que “quedará con la plata que tenía asignada en el Presupuesto”. También señaló que el desarrollo de las carreras universitarias se verá afectado, tal como lo advirtió la propia Universidad de la República (Udelar). “La Udelar está diciendo que si no hay aumento en esta Rendición de Cuentas peligran 41 carreras. Eso nos parece bastante grave”, reflexionó. También indicó que ve con preocupación las modificaciones en materia de combustibles, que podrían implicar incumplimientos a tratados internacionales para combatir el cambio climático y la reducción de CO2, al determinar la eliminación de la obligación de mezclar biodiésel en el gasoil que tiene Ancap actualmente.
Depósitos en bancos privados
El artículo 281 del proyecto sustituye una ley de 1987 y habilita a que las dependencias estatales depositen sus fondos en bancos privados, lo que provocó críticas de Olmos. La nueva redacción establece que “todos los depósitos de fondos realizados por instituciones públicas se realizarán sin excepción en los bancos autorizados por el Estado a funcionar en la República Oriental del Uruguay”, mientras que la norma aún vigente obliga depositar los fondos públicos en bancos del Estado, aunque se establece que “en casos de excepción debidamente fundados, el Poder Ejecutivo podrá autorizar su depósito en instituciones financieras no estatales”.
Olmos cuestionó este artículo vía Twitter, y en diálogo con la diaria manifestó que el texto enviado al Parlamento por el gobierno “debilita” al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), porque “el Estado no es un jugador menor” en los depósitos que maneja.
El legislador señaló que, si los organismos del Estado depositan en el BROU, los movimientos que se generen a partir de allí traen ganancias para el banco, o sea, para el propio Estado. En cambio, con la redacción que se propone, se trasladarían algunos de estos beneficios a los privados. No obstante, consideró que los perjuicios para el BROU dependerán de la “adhesión” que esta iniciativa tenga entre los organismos públicos.
“Se está habilitando un sistema que permite que negocios que hoy genera el BROU los terminen generando bancos privados”, expresó Olmos, quien consideró que esta política “es coherente con un conjunto de medidas que se han tomado en el Presupuesto o en la LUC que apuntan a debilitar el Estado y a fortalecer el sector privado”.
Disminución de los gastos de la administración
En la Rendición de Cuentas el Ejecutivo anunció que los gastos de la administración se contrajeron 5,8% en 2020 respecto de 2019. Según se detalló, las remuneraciones disminuyeron 1,5%, los gastos de funcionamiento 5% y las inversiones 17,8% con relación al mismo período. Esto responde a la implementación del Decreto 90/020, que determinó la disminución de 15% de la ejecución presupuestal de las instituciones públicas.
Fuente: Rendición de Cuentas 2020.
Según se establece en el proyecto, los gastos de los organismos también disminuyeron “y lo hicieron a un ritmo de 3,5% real respecto del año 2019. Este decrecimiento es explicado por todos los componentes del gasto: remuneraciones, gastos de funcionamiento e inversión”.
Para Valdomir, el Poder Ejecutivo sostiene que se recortaron gastos “superfluos” o “innecesarios”, pero “cuando hacés la lectura fina ves que se discontinúan programas y líneas de atención a la población. Hay un recorte indiscriminado que es distinto a hablar de ahorro. Lo que se vende como ahorro es un recorte, en un momento que las demandas en todos los órdenes aumentaron”.
Sin sorpresas en la coalición
La primera lectura de la Rendición de Cuentas no causó sobresaltos en los diputados de la coalición que integran la Comisión de Hacienda. Por ejemplo, Iván Posada, del Partido Independiente, señaló a la diaria que lo más importante del proyecto son los aspectos vinculados “a lo estructural y a las propuestas concretas de incremento del gasto”. Destacó la partida de 2.117 millones de pesos anuales –unos 48,7 millones de dólares al cambio actual– para el fortalecimiento de las políticas, programas y acciones destinadas a la atención integral de la primera infancia. También destacó la parte del financiamiento del proyecto de ley de promoción del empleo, ya aprobado por el Senado. Se trata de un programa de dos años que se financiará con ocho millones de dólares del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y, por otro lado, con la misma cantidad, “que sale de Rentas Generales”.
Señaló que todo lo anterior, junto con la creación del fideicomiso para erradicar los asentamientos, es “lo medular” de la propuesta plasmada por el Poder Ejecutivo. “Hay, como siempre que se aprovecha en estas leyes, una tendencia a incluir otros temas que en realidad no tienen naturaleza presupuestal, pero que los vamos a tener que analizar detenidamente en cada caso”, sostuvo. “Todos los gobiernos, de alguna manera, aprovechan esta instancia para poner una serie de temas arriba de la mesa que no tienen ninguna naturaleza presupuestal”, añadió.
A su vez, el diputado colorado Conrado Rodríguez, también integrante de la Comisión de Hacienda, en diálogo con la diaria, resaltó el artículo 28, que crea el Sistema de Información de Protección Social dentro de Presidencia de la República, que “integrará los datos concernientes a las coberturas en materia de transferencias económicas, programas de alimentación, educación en todos sus niveles, acceso a la vivienda, salud y partidas correspondientes a los organismos de seguridad social por todos los beneficios que estos otorguen en dinero, en especie o en servicios, en el marco de sus competencias.
Para el diputado, esta disposición tiene como finalidad “ver de qué manera Uruguay invierte en estos diferentes programas”, y así “monitorear y tener una evaluación que permita el mejoramiento de las políticas públicas”.
Peña y el biodiésel
En la Rendición de Cuentas se determina la eliminación de la obligación de mezclar biodiésel que tiene Ancap, que en el momento de la producción mezcla este biocombustible con el crudo en busca de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto irá de la mano con un compromiso del Poder Ejecutivo de “construir un fondo con parte de lo recaudado del impuesto a las emisiones de CO2 con destino a políticas para mitigar las emisiones de dióxido de carbono”. Además, se modifica la mezcla de naftas y bioetanol, pasando el límite de 5% a 8,5% ‒Ancap ya mezcla por encima de ese nivel‒.
En diálogo con la diaria, el ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, dijo que la quita de la mezcla del biodiésel supone “una pérdida desde el punto de vista ambiental, en la medida en que habrá más emisiones, por lo menos en lo inmediato”. Recordó que cuando se planteó esta eliminación, a principios de 2021, un equipo de la dirección nacional de Cambio Climático de la cartera de Ambiente comenzó a trabajar con técnicos del Ministerio de Industria, Energía y Minería, para “encontrar y asegurar una serie de medidas que van en la línea de compensar esta pérdida ambiental”.
Entonces, fue que surgió la idea de aumentar la mezcla de etanol en las naftas y el impuesto al CO2, “que es una parte del actual Imesi, no es un aumento en la carga tributaria”.
El jerarca resaltó que en el proyecto se establece que el Ministerio de Economía podrá destinar el dinero del impuesto “a fondos que tengan que ver precisamente con biodiversidad, adaptación y mitigación del cambio climático” y también “movilidad sostenible”. “A su vez, hay otras medidas, que vamos a anunciar más adelante, relacionadas con ventajas tributarias, también en aparatos, vehículos y equipamiento de movilidad eléctrica, para desarrollar a mayor ritmo todo ese tema, que es la línea de fondo, para tratar de substituir los motores a combustión por otro tipo de fuentes que no generen emisiones”, señaló.
Por último, Peña dijo que si lo planteado en el proyecto fuera sólo la quita de la mezcla de biodiesel “era una mala noticia”, pero, “con todos estos componentes, hay un equilibrio en la medida y perspectivas interesantes para adelante”.