Alemania y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo sobre el gasoducto Nord Stream 2, que se convirtió en una fuente de conflicto entre los dos países.
Washington se opone a la construcción de este proyecto, que ya se encuentra en una fase muy avanzada de su construcción y que conectará a Rusia y Alemania a través del mar Báltico, porque considera que el gasoducto puede aumentar el poder y la influencia de Moscú en Europa y generar dependencia energética. Ese temor es compartido por países del este de Europa, y en particular por Ucrania.
Berlín y Washington se comprometieron a “asegurar que Rusia no usará de forma inadecuada ningún gasoducto, incluido el Nord Stream 2, para lograr fines políticos agresivos mediante el uso de la energía como un arma”, manifestaron ambos países en un comunicado oficial.
Incluso después de alcanzar este acuerdo, la administración encabezada por Joe Biden aclaró que mantiene su rechazo a la construcción del gasoducto. “Esta es una mala situación. Pero necesitamos ayuda para proteger a Ucrania, y este acuerdo supone pasos significativos para hacerlo”, manifestó la subsecretaria de Estado estadounidense para Asuntos Políticos, Victoria Nuland.
La referencia a Ucrania se hizo porque este gasoducto llevará el gas ruso directo a Alemania sin pasar por ese país, que desde hace años está enfrentado a Rusia por motivos políticos y territoriales. Para evitar el impacto que esta situación puede generar en Ucrania, en el acuerdo Berlín se compromete a garantizar que Nord Stream 2 no implique que el gas procedente de Rusia deje de transitar por ese país y a que no amenace la seguridad energética ucraniana.
Una vez que se anunció que se había alcanzado un acuerdo, Ucrania pidió reunirse para consultas con representantes de la Comisión Europea y de Alemania. Según consignaron agencias internacionales, el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, reiteró que el gasoducto “amenaza la seguridad” de su país.
Por el acuerdo, Alemania se compromete a ayudar a Ucrania a negociar una extensión por “hasta diez años” de sus contratos de gas con Rusia, que están vigentes hasta 2024. Antes del 1º de setiembre el gobierno alemán designará un representante que será el encargado de llevar adelante esas tratativas.
Además, el gobierno de la canciller Angela Merkel apoyará a Ucrania, “con ayuda de las energías renovables, para que esté orientada al futuro y sea más independiente” en su matriz energética, dijo el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas. Su país se encargará también de “establecer y administrar un Fondo Verde para Ucrania” que colabore con su transición energética. El fondo contará con una donación inicial alemana de 175 millones de dólares.
Merkel dijo que el acuerdo “no soluciona todo”, “no resuelve las diferencias, que persisten”, pero “es un buen paso”, y muestra que tanto Berlín como Washington están dispuestos a acercar sus posiciones. La gobernante conversó al respecto el miércoles telefónicamente con el presidente ruso, Vladimir Putin, pero no dieron detalles del intercambio.
En caso de que los temores de Estados Unidos y Ucrania se concreten, y Rusia utilice la energía como elemento para atacar a sus vecinos ucranianos, Alemania deberá promover sanciones contra Moscú en el ámbito de la Unión Europea, según lo convenido.
Para que este acuerdo entre en vigor deberá ser aprobado por el Congreso estadounidense, que, al igual que el Ejecutivo de Biden, muestra resistencia a la instalación del gasoducto. Incluso los legisladores llegaron a aprobar sanciones contra su construcción que podrían ser aplicadas a las empresas involucradas. La obra de construcción está a cargo de la gigantesca empresa estatal rusa Gazprom –la mayor empresa del país–, pero cuenta con inversiones provenientes de otras compañías: las alemanas Uniper y Wintershall DEA, la francesa Engie, la austríaca OMV y la angloneerlandesa Shell.
El Departamento de Estado estadounidense señaló que debido a que el gobierno anterior, del presidente Donald Trump, “no aplicó sanciones vinculadas” con Nord Stream 2, el proyecto avanzó hasta su estado actual, en el que está concluido en más de 90%, y esto dejó escaso margen de maniobra a la actual administración.