El senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano valoró positivamente los dichos del ministro de Defensa Nacional, Javier García, sobre la necesidad de que el Estado también haga una reparación económica a las víctimas de la guerrilla. Según apuntó este jueves, es “un tema de justicia histórica: esta parte de la sociedad ha sido enfáticamente invisible durante estos años, la historia se ha contado sólo desde una parte y no completa”.
En una entrevista con Desayunos informales de Canal 12, Lozano opinó que se hace “muy difícil hablar de una parte de la historia sin ponerla en un contexto”. En este sentido, comentó que en la década de 1960 en Uruguay, enmarcado en “un mundo bipolar”, las “guerrillas terroristas en nuestro país quisieron derrocar a la democracia e imponer un sistema socialista, comunista o no sé bien qué era lo que querían imponer. Para ellos la democracia tenía que caer para romper las estructuras, y lo hicieron mediante terrorismo, querían imponer miedo en la sociedad”.
Dijo que asesinaron “a mucha gente, entre ellos había civiles y policías, y esos daños jamás fueron reparados”. En este sentido, ejemplificó diciendo que los que asesinaron a los cuatro soldados Saúl Correa Díaz, Osiris Núñez Silva, Gaudencio Núñez Santiago y Ramón Jesús Ferreira Escobal, el 18 de mayo de 1972, “reciben una reparación económica mes a mes y el hijo de unos de los soldados vive en pobreza extrema en Artigas. El que mató al padre de este muchacho recibe una pensión económica y el que quedó sin padre está viviendo en la pobreza extrema”.
Lozano advirtió, además, que le consta que hay “gente que no estuvo un solo día presa y que cometió asesinatos, por hablar de uno de los delitos que cometieron, que hoy están cobrando pensión”. La ley de reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado indica que serán beneficiarias “todas las personas que durante el período que la Ley establece sufrieron violaciones a: su derecho a la vida, a su integridad psicofísica, y a su libertad”, por lo que no sólo ampara a quienes estuvieron presos.
En diciembre del año pasado, CA presentó un proyecto para pagar una compensación a los familiares de víctimas de grupos armados durante la época del terrorismo de Estado.
Tras los dichos del ministro a favor de una iniciativa de ese tipo, el colectivo Memoria en Libertad, que nuclea a víctimas del terrorismo de Estado en la infancia o adolescencia, cuestionó la intención de “reflotar la teoría de los dos demonios”.
“No hubo dos bandos enfrentados, hubo una dictadura cívico-militar que reprimió a sindicalistas y estudiantes por pensar diferente. La mayor represión en este país fue en contra de gente que no estaba armada”, dijo a la diaria Victoria Sequeira, integrante del colectivo, y agregó que si bien el Estado puede reparar a víctimas de civiles, “antes que eso tiene que hacerse responsable de sus víctimas directas, sobre las cuales agentes del Estado ejercieron violencia, siendo niños, niñas o adolescentes, lo que todavía ni siquiera se ha reconocido”.
Prisión para los octogenarios
Por otra parte, el senador también dio su opinión contraria a encarcelar a personas octogenarias con problemas de salud, tal como sostiene el líder de CA, Guido Manini Ríos. “La Constitución de la República no dice que los lugares de detención sean para martirizar a la gente, llevar a una persona con 81 años, que padece de Alzheimer, que no ha cruzado ni un semáforo en rojo en los últimos 30 años, llevarlo preso me parece que es no cumplir con la Constitución”, puntualizó.
En este sentido, opinó: “Entiendo que si la sociedad cree conveniente que tengan algún tipo de castigo no puede ser el martirio, no puede ser que a personas de 80 y tantos años las lleven presas por supuestos delitos cometidos 40, 50 años atrás”. Lozano fue consultado sobre por qué entiende que son “supuestos” delitos a pesar de que están condenados y respondió: “Las pruebas después de que pasan determinada cantidad de años es muy difícil realmente que sean pruebas”.
Para Lozano, la Justicia sentenció “con pruebas dudosas”. “Lo dijo la doctora Azucena Berruti, que se condenaba a militares sin pruebas; [José] Mujica dijo que esta Justicia hiede a venganza”, remató.
La información que hizo que cesaran al presidente del Supremo Tribunal Militar, “no estaba oculta”
El ministro de Defensa Nacional, Javier García, cesó como presidente del Supremo Tribunal Militar al general Daniel Castellá, tras encontrar un documento que señala que estuvo presente en el interrogatorio con torturas que provocó la muerte del médico Vladimir Roslik en 1984.
Tal información está contenida en la sentencia definitiva de primera instancia de la Justicia militar sobre el caso, fechada el 26 de abril de 1986, un documento que fue encontrado por las autoridades gracias a un pedido de acceso a la información pública realizado por la diaria.
Lozano dijo que esta información ya había sido remitida por la Justicia militar al Ministerio de Defensa y está en esa órbita desde 1986. “La documentación estaba ahí, quienes habían estado y ahora se relata como la gran novedad siempre estuvo ahí. Hubo ascensos, con la venia del Poder Legislativo, es Tabaré Vázquez quien lo propone. Realmente no había nada oculto, para el Estado no estaba oculto, si no lo usaron habrán tenido sus motivos”.