Finalmente, el jueves el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Diego Labat, dio a conocer en el Parlamento sus argumentos a favor del polémico artículo 281 de la Rendición de Cuentas, que habilita a que los organismos públicos depositen sus fondos en la banca privada. Al salir de la comisión que estudia el proyecto el jerarca dijo en una rueda de prensa que el cambio lograría que haya “mayor competencia” y señaló que el Banco República (BROU) “compite dentro del sistema financiero” y lo hace “muy bien”. Agregó que el artículo habilitaría a que haya competencia en un “pedazo del mercado” donde “no había” y por eso quienes lo promueven entienden que “es sano” que haya. “No tiene por qué debilitarlo. El BROU tiene todas las capacidades para competir ahí”, acotó.
Por último, Labat aseguró que el BCU “tiene en carpeta desde hace mucho tiempo” esa iniciativa y que, de hecho, “hay una evaluación externa, de un organismo del exterior, de 2012, que ya señalaba esto”. “Creemos que con esto se mejora el sistema. El BCU lo ve con buenos ojos y por eso la propuesta”, finalizó.
No obstante, en el Frente Amplio (FA) no ven con buenos ojos la iniciativa. La diputada de la oposición Bettiana Díaz subrayó en diálogo con la diaria que no es igual “controlar el dinero público en las entidades financieras públicas que en las privadas”, y puso como ejemplo que en su calidad de legisladora puede hacer un pedido de informe al BROU por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), “pero a un banco privado, no”.
Además, recordó que la norma actual (el artículo 453 de la Ley 15.903, Rendición de Cuentas de 1987) ya prevé que “en casos de excepción debidamente fundados, el Poder Ejecutivo podrá autorizar su depósito en instituciones financieras no estatales”. Por lo tanto, Díaz sostuvo que “si por una cuestión de rentabilidad hay algún organismo que tiene la necesidad de hacerlo, ya lo puede hacer”. “No es necesario que la excepción termine siendo la norma”, finalizó.
La explicación que dio Labat en la comisión no sólo no convenció a la oposición, tampoco a los dos principales partidos socios del gobierno. El diputado colorado Jorge Alvear, de Ciudadanos, presidente de la comisión respectiva, dijo a la diaria que, aun con los argumentos que expuso Labat, su sector no está de acuerdo con el artículo y pedirá que se retire de la Rendición de Cuentas porque “es perjudicial para el BROU”. “Da la posibilidad de que las mejores carteras se puedan quedar con la banca privada, pero el BROU, que tiene que llegar a todos lados, debe quedarse con las peores carteras, porque lo tiene que hacer”, subrayó.
En tanto, el diputado del Partido Colorado (PC) Conrado Rodríguez (sector Batllistas) también miembro de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, dijo a la diaria, al igual que Díaz, que lo planteado por Labat “ya está recogido en la legislación vigente”, que establece que el régimen general es el depósito en la banca pública y la excepción es que se pueda depositar en la privada. “Si las empresas públicas entienden que podrían conseguir mejores condiciones para sus préstamos, podrían solicitarle al Poder Ejecutivo y que este haga la excepción que corresponda”, ejemplificó. Por lo tanto, dijo que se inclina por mantener la ley vigente.
A su vez, Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto (CA), dijo a la diaria que “si la banca privada tiene mejores condiciones para trabajar con el Estado”, desde su partido pretenden que el BROU “también mejore los productos que pueda brindar”. “De todas formas, entendemos que el banco para trabajar con el Estado es el BROU. Al momento, con las explicaciones que recibimos en la comisión, no vemos por qué motivo deberíamos cambiarlo. No encontramos una respuesta convincente como para llevarlo”, subrayó.
Fideicomiso y colonización: “Barajar y dar de nuevo”
Dentro de la coalición también hay mucho debate sobre los artículos de la Rendición de Cuentas que crean el “Fideicomiso Integración Social y Urbana” (del 208 al 211), financiado con recursos del Instituto Nacional de Colonización (INC). Alvear dijo que el jueves el MEF presentó un artículo sustitutivo, según el cual se transfiere el dinero de uno de los dos impuestos que se habían establecido originalmente (ellos eran el impuesto adicional al impuesto a las transmisiones patrimoniales sobre los inmuebles rurales y la sobretasa del impuesto al patrimonio). El diputado planteó que el PC quiere “pautas claras” para que no se “desfinancie” el INC, y sostuvo que el cambio que presentó el MEF significa “barajar y dar de nuevo”, por lo que volverán a estudiar el tema.
A su vez, el diputado del Partido Nacional Sebastián Andújar, integrante de la comisión, dijo a la diaria que la nueva redacción hace que los montos que estaban destinados al INC, mediante el cobro de los dos impuestos, “sean mayores que lo que se previó en un principio”. Agregó que deben lograr que el INC “se quede tranquilo” porque “recibirá las transferencias o los recursos que necesite para funcionar como entiende que debe hacerlo”. “También hay algo que es cierto: el INC tiene que administrar más eficientemente su cartera de tierras. Todavía hay tierras para darles a los colonos, que están esperando y las necesitan. Y también hay tierras que tienen que optimizar su uso, a ver si realmente se está cumpliendo con la normativa que implica colonización”, finalizó Andújar.
CA contra la mezcla biodiésel
Por último, en CA no ven con alegría el artículo 156, que determina la eliminación de la obligación de mezclar biodiésel por parte de Ancap, según lo establece el séptimo artículo de la Ley de Agrocombustibles (18.195), de 2007. Perrone dijo a la diaria que en su partido les interesan “las fuentes de trabajo que se vayan a perder” y quieren “saber cuántas son”, ya que este cambio implicaría que la planta de biodiesel Alcoholes del Uruguay (ALUR) deje de producir.
“Lo otro es el tema medioambiental, porque la mezcla del biodiésel baja la emisión de gases. Hay un compromiso regional. Incluso, estuve mirando algunos acuerdos y tratados firmados en el Mercosur. Por lo tanto, si no hacemos la mezcla, nos traería algún tipo de reclamo”, indicó.
A su vez, Alvear dijo que el PC está de acuerdo con ese artículo, porque lo trabajaron junto con el ministro de Ambiente, el colorado Adrián Peña, quien está “en sintonía” con lo planteado.
Por último, Andújar dijo que Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería, cuando asistió a la comisión “explicó muy bien” este artículo y “dio la tranquilidad de que no se van a perder fuentes laborales” y de que “tampoco se va perjudicar a ninguna industria privada que esté vinculada con el tema del biodiésel, como puede ser la empresa Cousa”.