La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados recibió el lunes al equipo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezado por Azucena Arbeleche, para informar sobre la Rendición de Cuentas. A su vez, los miembros de la coalición que integran la comisión siguen avanzando en el análisis inicial del proyecto y surgen diferencias en las posturas de los dos socios principales, el Partido Colorado (PC) y Cabildo Abierto (CA), sobre uno de los artículos más controvertidos, que habilita al Ministerio del Interior a acceder a los registros de autocultivadores y clubes cannábicos.
El artículo 72 del proyecto les quita la calidad de “dato sensible” a las direcciones “de los autocultivadores y de los clubes cannábicos registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis” (IRCCA) y “de los respectivos lugares de plantación, cultivo y cosecha de cannabis”. En la modificación se establece que “serán de acceso por razones de seguridad pública al Ministerio del Interior”, a los fines de “la prevención de delitos, pudiendo en tales casos realizar inspecciones y controles regulares”.
El lunes el presidente Luis Lacalle Pou recordó en una rueda de prensa que en diciembre de 2010, cuando era diputado, presentó “el primer proyecto de ley de autocultivo de América Latina” y “no traía un registro”; además, subrayó que cuando el Frente Amplio (FA) presentó el proyecto de ley que luego fue aprobado, no compartió que hubiera registro. “Por ende, si no comparto el registro, se supone que tampoco comparto...”, agregó el mandatario, y cuando le preguntaron si ese artículo quedará por el camino, contestó: “Veremos”.
Uno de los integrantes de la comisión que estudia el proyecto, el diputado del Partido Colorado (PC) Conrado Rodríguez, dijo a la diaria que se debe analizar la posibilidad de una “vuelta de redacción” para que “una solicitud de esa envergadura tenga que pasar por la Justicia”, y “con las garantías que pueda dar, perfectamente se podría acceder a la información”.
Según la norma vigente, al ser el registro un “dato sensible”, queda amparado por lo que establece el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales (18.331), esto es que “sólo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por ley, o cuando el organismo solicitante tenga mandato legal para hacerlo”.
Rodríguez subrayó: “Si hay una necesidad de parte de las autoridades de poder avanzar en esto, porque se fundamenta que tienen conocimiento de que algunos están produciendo marihuana y comercializándola de forma ilegal, habría que ver qué tipo de modificación amerita para el artículo vigente. Pero, cualquiera sea la modificación, a mi juicio, tiene que tener en cuenta que debería pasar por la Justicia”.
El diputado colorado agregó que su postura es por un tema “de garantías” y que si el MI “fundamenta y prueba que hay una plantación o producción que está por fuera de las normas, el juez dará esa posibilidad; pero, en todo caso, pasará por la Justicia y tendrá las garantías del Poder Judicial”.
Por otro lado, el diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone, que también integra la comisión que estudia el proyecto, dijo a la diaria que su partido apoya el cambio planteado sobre el registro. Entienden que si el MI “propuso el artículo, es porque ve la necesidad de controlar un poco más a los clubes cannábicos o de tener más información”, y agregó que “evidentemente, al IRCCA no le da para controlarlos”.
“Nosotros lo apoyamos, porque en nuestro programa de gobierno tenemos impulsar la derogación de la ley de la marihuana, que es mucho más grande que esto. Pero, bueno, como no llegamos a eso y viene este tipo de pedido de mayor control, lo vamos a apoyar”, sostuvo.
El programa de gobierno de CA proponía, en el capítulo dedicado a la seguridad, “derogar aquellos aspectos” de la Ley 19.172 de regulación y control del cannabis, “normas y decretos respectivos, en cuanto a la plantación, cultivo, cosecha, industrialización y distribución de cannabis psicoactivo para su dispensación en farmacias, para uso personal”.
Otro de los puntos de la Rendición de Cuentas que han generado ruido dentro del oficialismo es el artículo 281, que habilita a que los organismos públicos depositen sus fondos en la banca privada.
Luego de asistir a la comisión, la ministra Arbeleche brindó una conferencia de prensa y fue consultada sobre el artículo relativo a los depósitos, pero se excusó de contestar, argumentando que el tema corresponde a la comparecencia a la comisión del MEF junto con el Banco Central, que será “en los próximos días”. “Hoy no hemos discutido artículos. Por un tema de respeto hacia los diputados, en esta conferencia no es el momento para abordar la discusión de cada uno de los artículos, cuando no los abordamos dentro de la sala, en la comisión”, indicó.
FA discrepa con “el análisis” y ve “inconsistencias”
“Nosotros tenemos una diferencia de visión muy grande con la ministra”, dijo a la diaria la diputada del FA Bettiana Díaz, integrante de la comisión, y subrayó que la discrepancia radica “en el análisis que hace”. Sostuvo que Arbeleche “recorta la realidad de la forma que le conviene al gobierno” y “tira la pelota para adelante” en lo que refiere a “algunos problemas puntuales”, por ejemplo, no respondió “cuál fue la pérdida salarial para el sector público en 2020”.
“Encontramos algunas inconsistencias. Por ejemplo, en 2020 Uruguay no tuvo una situación sanitaria tan dura como otros países; sin embargo, va a ser uno de los países que probablemente no lleguen a la recuperación de niveles prepandemia para fines de 2021, cuando otras economías están proyectando que sí. Se habla de grandes enunciados, pero, de todas maneras, no hubo respuestas claras sobre lo que preguntamos con respecto a la reactivación económica y el empleo”, sostuvo.
Además, los diputados del FA le consultaron a Arbeleche sobre el artículo 210 de la ley de urgente consideración, que crea una regla fiscal. Allí se establece que “con la finalidad de fortalecer la institucionalidad fiscal, el Poder Ejecutivo, a iniciativa del MEF, designará un Comité de Expertos cuya función principal será proveer los insumos para realizar los cálculos del balance estructural”, y “también designará un Consejo Fiscal Asesor, de carácter técnico, honorario e independiente, a los efectos de asesorar al MEF en materia de política fiscal”.
Díaz señaló que a la ministra le dijeron que les “llamaba mucho la atención” que “una reforma estructural como la que está tratando de asegurar el gobierno no tenga implementada su parte fundamental, que es el consejo asesor”. “Planteamos que capaz que en el horizonte está el hecho de que, a la luz de la juntada de firmas y el cuestionamiento, todavía no se hubiera implementado”, sostuvo. Agregó que el equipo económico contestó que el tema está en la parte Jurídica del MEF, “pero han demorado más de un año en implementarlo”, subrayó la diputada.