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Diego Labat (archivo, setiembre de 2020).

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Rendición de Cuentas: tras exposición de Labat, coalición retiró artículo que habilitaba a organismos públicos a depositar en banca privada

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Además, la propuesta de que se exima al Estado de ser multado por incumplimiento de sentencias judiciales pasará a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos.

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Leído por Abril Mederos.
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Los legisladores de la coalición que componen la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados se reunieron este lunes en el Palacio Legislativo para ultimar detalles sobre los artículos que generan ruido dentro del oficialismo. Uno de los primeros que fue quitado del proyecto, según confirmó a la diaria el diputado blanco Sebastián Andújar, es el 281, que habilitaba a que los organismos públicos depositen sus fondos en la banca privada.

El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Diego Labat, asistió el jueves a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, que discute el proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo. Allí, el jerarca dio sus argumentos a favor del artículo que habilita a que los organismos públicos depositen sus fondos en la banca privada, que fue criticado desde filas frenteamplistas, coloradas y cabildantes.

Según la versión taquigráfica, Labat manifestó que “un buen sistema financiero debe asegurar que los recursos de toda la sociedad fluyan adecuadamente, permitiendo el mejor desempeño de la economía en su conjunto; que cualquier uruguayo que tenga capacidad de ahorro tenga alternativas donde colocar esos recursos; que esos recursos fluyan hacia agentes que lo necesitan para su desarrollo”.

Labat señaló que las modificaciones establecidas en cuatro artículos de la Rendición de Cuentas se relacionan con la habilitación de los depósitos públicos en bancos privados. “Tienen que ver con mejorar las condiciones del sistema financiero en general”, sostuvo. “Lo que estos cuatro artículos buscan es fomentar mayor competencia en un segmento del mercado que de alguna manera tiene ciertas restricciones para el ingreso de algunos agentes. Esto va a permitir que las instituciones públicas puedan elegir libremente y negociar con muchas mejores condiciones que las que hoy pueden negociar”, expresó.

“Lo que nos debe guiar”, manifestó Labat, “es velar por esa estabilidad del sistema financiero, por la solidez, la solvencia, la eficiencia y el desarrollo del sistema financiero”. A su vez, Labat dijo que, en caso de aprobarse, esta normativa “no va a afectar la competitividad del Banco de la República (BROU)” sino que, por el contrario, “va a ayudar a fortalecerlo”.

El BROU “simplemente debería competir y, en la medida en que siga teniendo las fortalezas que posee, va a poder competir sin ningún problema”, dijo, y añadió: “Acá no tenemos que pensar que todas las instituciones públicas van a ir a los privados. Lo que va a pasar es que el BROU deberá competir con los privados en las mismas condiciones para captar esos fondos”.

En otro tramo, el presidente del BCU señaló que “Uruguay hizo una evaluación del sistema financiero que se llama FSAP [el Programa de Evaluación del Sector Financiero del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial] en 2012, y se dejó “expresa constancia de la imposibilidad de que las instituciones públicas puedan elegir su banco como una restricción a la competencia”. Indicó que esto fue “un elemento también a considerar” para proponer el cambio.

Por otro lado, Labat señaló que “no hubo ningún pedido concreto” de un organismo público para proceder con esta modificación, y además informó que “no se le consultó” al BROU, porque el banco estatal “es una parte más”. El BCU es el supervisor y regulador de todo el sistema financiero.

El jerarca explicó que “la redacción de la norma permite que cualquier institución pública elija dónde poner sus fondos”, es decir que abarca a “empresas públicas, intendencias, ministerios, etcétera”, aunque finalmente “la reglamentación lo dirá”.

El jueves, tras la comparecencia de Labat, el diputado colorado Jorge Alvear ya había adelantado que su partido pediría que se retirara ese artículo de la Rendición de Cuentas, como finalmente sucedió, porque “es perjudicial para el BROU”. “Da la posibilidad de que las mejores carteras se puedan quedar con la banca privada, pero el BROU, que tiene que llegar a todos lados, debe quedarse con las peores carteras, porque lo tiene que hacer”, agregó. Al día siguiente que la Rendición de Cuentas ingresó al Parlamento, el director del BROU en representación del PC, Max Sapolinsky, había dicho que se enteró del artículo por la prensa y que era un tema “a conversar”. En su comparecencia, Labat dijo que “no se le consultó” al BROU porque el banco estatal “es una parte más”. El BCU es el supervisor y regulador de todo el sistema financiero.

A su vez, en filas de Cabildo Abierto el diputado Álvaro Perrone había señalado que “si la banca privada tiene mejores condiciones para trabajar con el Estado”, desde su partido pretenden que el BROU “también mejore los productos que pueda brindar”, por lo tanto no encontraban un argumento “convincente” para apoyar el artículo.

Multas al Estado

En la noche del lunes la coalición también llegó a un acuerdo sobre los artículos 295 y 296 de la sección “Disposiciones varias” de la Rendición de Cuentas, que establecen eximir al Estado de ser multado por incumplimiento de sentencias judiciales, una propuesta que fue catalogada como “inconstitucional” por varios juristas. El oficialismo acordó que pasen a estudio de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados.

Estas disposiciones pretenden modificar el artículo 374 del Código General del Proceso, que establece que para el cumplimiento de las sentencias se pueden imponer astreintes –multas– que se van acumulando con el pasar de los días en los que se incumpla el fallo, y esto corre también para el Estado.

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