La Junta Departamental de Montevideo comienza a votar este miércoles el presupuesto de la comuna para el período 2021-2025, el cual asciende a cerca de 500 millones de dólares anuales y fue definido por la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, de “austero” pero con “una fuerte impronta social”. El director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo (IM), Mauricio Zunino, dijo a la diaria que la caída de la recaudación fue de 1.700 millones de pesos en 2020 y el déficit actual de la IM es de 3.500 millones, pero calificó la situación como “manejable” a partir de los “procesos de optimización” que inició la administración que asumió el 26 de noviembre de 2020. Afirmó que no se descarta un fideicomiso para financiar inversiones, y cuestionó la “inequidad” en las transferencias del gobierno nacional a las intendencias frenteamplistas. Además, consideró que [a través de la Rendición de Cuentas el Ejecutivo “pretende desmarcarse” de su responsabilidad por la generación de asentamientos].
¿Cómo afectó a la conformación del presupuesto la postergación de las elecciones?
Nosotros asumimos el 26 de noviembre, dos meses después de las elecciones, y entregamos el presupuesto el 26 de mayo; eso hace que quede medio superpuesto con las rendiciones de cuentas, que tenemos que entregar al 30 de junio de cada año. Además, estás presentando un presupuesto para 2021-2025, pero se está presentando en mayo y se empezó a ejecutar el 1º de enero. Eso arma una distorsión, porque ahora tenemos que pensar la readaptación de algunas partidas en función de la votación final. Es un problema que lo tenemos las 19 intendencias.
En el plano financiero la afectación no es tanto por el diferimiento como sí por la crisis económica que el Uruguay está viviendo, que se originó en la crisis sanitaria y que afecta significativamente la estructura de recaudación de los gobiernos departamentales. Se acentúa un poco más en algunos casos, como Montevideo, por el tipo de sectores que tienen mayor predominancia en el PIB departamental. El PIB global cayó 5,9% en 2020, pero no es igual en todos los sectores: algunos sectores vinculados al servicio están cayendo más de 10%. El grueso de la actividad económica de Montevideo es estrictamente urbana y está muy vinculada a servicios y actividades comerciales, que pesan mucho más que, de repente, en otros departamentos. Nosotros tuvimos una caída de 1.700 millones de pesos de recaudación propia en 2020; es una caída importante para las finanzas departamentales, fundamentalmente por el aumento de morosidades y por otro tipo de ingresos que prácticamente bajaron a cero; por ejemplo, el tributo a los espectáculos públicos. Además, en 2021 no tenemos muchas señales de recuperación rápida; no se estaría recuperando ni siquiera la mitad de lo perdido en 2020. A eso tenés que sumarle una caída de los ingresos provenientes del sistema de transferencias del gobierno nacional para este período, que para el año 2021 representa unos 350 millones de pesos, y si bien hay un artículo en la Rendición de Cuentas que posterga un poco la discusión de las partidas del [artículo] 214 [de la Constitución, que regula las partidas a los gobiernos departamentales], nada nos garantiza que no haya un nuevo ajuste y que Montevideo no pierda parte de esos fondos. Aparte es el departamento que menos recibe del gobierno nacional: casi 90% de nuestro presupuesto se compone por fondos de origen departamental y poco más de 10% es de origen nacional, mientras que en promedio el sistema de transferencias cubre 43% y en algunos departamentos, como Treinta y Tres, llega a 70%.
¿Qué impacto tiene la morosidad que se generó en la pandemia?
La morosidad no fue igual en todos los sectores ni en todos los tributos. Hubo entre dos o tres puntos entre los tributos principales, como contribución, tasa general, patente de rodados, que si bien en el global no es tanto porcentualmente, tienen un peso muy fuerte en la estructura de tributos.
¿A la vez hubo políticas para “perdonar” las deudas?
Sí, hubo políticas de exoneraciones, políticas de diferimiento y algunas políticas de reenganche tributario. Pusimos renuncias fiscales en aquellos sectores que no pudieron generar actividad y por lo tanto no tenía sentido un cobro de tributo por la no acción. Pienso, por ejemplo, en la patente del transporte escolar; las ampliaciones de espacios en vía pública de locales gastronómicos; teatros y cines. La hotelería no va a pagar este año contribución y tasa general, y va a pagar lo correspondiente a 2020 en 2021 y 2022. Hemos tenido incentivos para que los buenos contribuyentes que por la crisis no puedan pagar puedan reencauzar la deuda.
¿Cuál fue la herencia que recibió la nueva administración en términos de finanzas y obras en curso de la gestión de Daniel Martínez?
En términos financieros ya sabíamos que 2020 era un año complejo; el principal causante del déficit de 2020 es la caída de ingresos, y también sabíamos que, al no tener muy buenas perspectivas de recuperación rápida, el resultado de 2020, sumado al resultado negativo de 2019, nos ponía algunas dificultades para trabajar la estructura del gasto. La IM tenía un déficit acumulado de unos 2.300 millones de pesos, que es manejable, y a eso hay que sumarle lo de 2020, o sea que estaría en 3.500.
¿Ese es el déficit actual?
Ese es el actual, y representa entre 15% y 16% en la estructura de ingresos, lo cual hace que el sistema sea manejable. En términos de obras se está cerrando el proceso de Fondo Capital, que fue el instrumento que usó la administración anterior como principal fuente de financiamiento de obras de inversión pública. Esto implicaba que había obras que se habían iniciado y estaban por terminarse, y otras que todavía no se habían iniciado. Tenemos todavía algunos pliegos abiertos, y el 30 de setiembre cerramos las instancias de contratación del Fondo Capital. Tenemos previsto iniciar dos obras que tienen que ver con limpieza, que son las que todavía no han empezado. La amortización del Fondo Capital comienza en 2022.
¿Podría decirse que se heredó un escenario complejo pero manejable?
Sí; volverlo manejable también implicaba generar algunos procesos de modificación de la estructura de gasto, sobre todo para 2021 y 2022. También entendíamos que había que cambiar algunas prioridades, por ejemplo, tener un mayor foco social. La coyuntura amerita un incremento del gasto en políticas sociales que de repente hace cinco años no eran tan necesarias. El plan original del ABC eran 1.300 millones de pesos, con lo cual necesitábamos calzarlo dentro de la estructura de gastos y generar un proceso de optimización de gastos que nos permitiera ahorrar, con distintos mecanismos, un entorno de 2.000 millones de pesos para poder financiar el ABC, que era la prioridad política, pero a la vez también para que fuera sostenible. Otra cosa importante para nosotros fue no afectar los servicios habituales. Vos tenés que pensar un proceso que te genere un ahorro de 2.000 millones, pero si recortás directamente lo que vas a tener, probablemente genere un problema de abastecimiento de muchos servicios. La idea es trabajar para descontar esos 2.000 millones sin afectar esos servicios.
Y las fuentes de trabajo, ¿no?
Sí, porque en algunos casos son servicios y son fuentes de trabajo. Pienso, por ejemplo, en espacios públicos. Si yo recorto en cuidaparques, las plazas están más feas, pero a su vez hay fuentes de trabajo que dejaron de estar. Eso no lo hicimos. Es más, en algunos casos expandimos algunos sistemas, como el de motocarros. En el Plan ABC planteamos generar 2.000 puestos de trabajo transitorio, que además vimos reforzado por los Jornales Solidarios del gobierno nacional, donde la IM recibió 4.000 trabajadores.
¿En qué áreas y mediante qué herramientas se van a generar esos 2.000 puestos de trabajo?
Ya se generaron 1.000, que funcionaron en el primer semestre. Ahora se está avanzando en los pliegos licitatorios para los segundos 1.000, que tendrían que estar este mes y ya efectuando las nuevas contrataciones. Hay complementos en espacios públicos nuevos, en sectores de mantenimiento de áreas verdes, en limpieza, en diversas actividades de movilidad. Tienen una duración de seis meses. Lo que tratamos de hacer es que salgan con alguna capacidad adquirida nueva. Que aparte de una certificación, al momento de volver a la búsqueda de empleo se encuentren con una nueva competencia o una mejor situación para obtener trabajo.
¿A qué población se apunta?
El Departamento de Desarrollo Social generó una matriz de indicadores multidimensional en términos de nivel cultural, nivel educativo, condiciones de vivienda, etcétera, a partir de la cual quienes cumplían con esas condiciones pasan a un sorteo. Aparte, hemos mantenido todos los sistemas de cuotas; si bien no son obligatorias para este formato, entendimos que era importante mantenerlas. La de género no la precisamos aplicar porque la mayoría de quienes se presentan son mujeres y quedaron naturalmente por un tema de proporción, pero sí la aplicación de cuotas para población afro, discapacitados, trans, que incluso se ampliaron algo por encima del piso.
La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) ha sido bastante crítica con la promoción de los trabajos temporales, ¿ustedes entienden que es una herramienta positiva?
Sí. Yo entiendo algunas posiciones de Adeom, no las comparto, pero para nosotros es importante hoy generar dinámicas de actividad de empleo, que ayudan y contribuyen porque permite generar una cadena de ingresos que de otra forma se perdería. Le estás dando posibilidades de ingreso a una población que tiene dificultades para acceder al mercado laboral en épocas normales y que en épocas de crisis tiene muchísimas más. Esto no sustituye la dinámica de los trabajos estables en la Intendencia, no se sustituye mano de obra municipal por esto. Además, para nosotros es importante, y creo que el sindicato lo ha reconocido así, haber logrado un convenio en el cual no hay pérdida salarial; eso en las circunstancias actuales es importante, porque también entendemos como definición política que la crisis no la tienen que pagar los trabajadores. Por eso para nosotros era importante hacer un esfuerzo presupuestal y que no perdieran poder de compra.
Decías que Montevideo es el departamento que proporcionalmente recibe menos transferencias del gobierno nacional, ¿hay perspectivas de que esto cambie?
No tenemos muchas perspectivas de que mejore la situación de inequidad de Montevideo. Incluso el artículo que se ingresó en la Rendición de Cuentas, que establece la rediscusión de las alícuotas, no es el que contempla el acuerdo del Congreso de Intendentes, que indicaba que la discusión no implicara pérdidas sobre los valores reales que ya se venían cobrando, sino sobre montos incrementales. Eso no se contempló en la Rendición, con lo cual entendemos que podemos ser perjudicados por esa estrategia, que entendemos que es parte de cierto esquema de ahogo financiero a las intendencias frenteamplistas.
¿Molestó en el Congreso de Intendentes la postergación de la actualización de las alícuotas y del Fondo de Asimetrías dentro de la Rendición de Cuentas?, ¿cómo se ve esto desde la IM?
No hubo una postura general. La Intendencia de Rivera fue de las que más insistieron en esto, pero tampoco dentro del Partido Nacional hay una postura unánime. [El intendente de Soriano, Guillermo] Besozzi, por ejemplo, defendió públicamente la postergación. Para nosotros es importante garantizar los pisos de transferencias, pero si no se garantizan entendemos que puede haber un intento de perjudicar a la IM.
Otro artículo de la Rendición de Cuentas que generó malestar en el Congreso, en el que sí hay unanimidad, es el 207, sobre los asentamientos, que ahora está en revisión pero igualmente habilitaría a los gobiernos nacionales a iniciar juicios contra intendencias y otros organismos si entiende que hay una omisión en este tema.
Ahí sí hubo una postura unánime de rechazo en el Congreso de Intendentes. Sé que la bancada oficialista está reformulando el artículo; no tengo la redacción en la que han avanzado. Uno de los elementos principales es que responsabiliza a los gobiernos departamentales, básicamente, por la generación de asentamientos, que tienen un origen en consecuencias económicas y sociales y no en las políticas departamentales. No somos los gobiernos departamentales los causantes de la generación de asentamientos, y no se crean tampoco por la voluntad de las personas, sino que son una necesidad en función de la carencia de vivienda. La responsabilidad de los gobiernos departamentales es un error de concepto y nos obliga a generar acciones tensionantes sobre la población más necesitada, que es la que está viviendo ahí. Porque lo que te dice el gobierno nacional es ‘encargate de sacarlos para que yo no te descuente la plata’, cuando, por ejemplo, las políticas de realojo que nosotros tenemos con el Ministerio de Vivienda [y Ordenamiento Territorial, MVOT] han quedado frenadas porque los fondos del ministerio no han llegado. Tenemos una deuda importantísima del MVOT que la IM ha ido asumiendo. El gobierno nacional pretende desmarcarse de una situación en la cual la política nacional de vivienda debería tener otra actitud. Asumieron diciendo que iban a construir 50.000 viviendas, después que era una aspiración, y ahora ni siquiera tenemos los fondos para cubrir los realojos pendientes.
¿Cómo va a gestionar la IM los vaivenes en el precio de los combustibles, que impactan en los costos del transporte colectivo? ¿Hay alguna forma de que eso no termine en ajustes de precios del boleto más frecuentes?
En la medida en que los precios aumenten se corre el riesgo de que disminuya parte de la carga de gasoil que contribuye a la generación del fideicomiso. Existe un formato de contrabando de gasoil que tiene que ver con grandes consumidores, sobre todo en áreas de frontera. Si el precio se incrementa, podemos correr el riesgo de tener que generar algunos mecanismos que incidan sobre el precio del boleto, porque si se compra menos gasoil se nutre menos el fideicomiso. Por ahora no debería haber desfasaje, salvo que empiece a haber –que eso ocurre cada vez que los precios se disparan– mayor consumo de gasoil de contrabando. La IM va a tratar de evitar que haya una suba de tarifas producto de esto. Pero sin dudas que genera problemas.
¿La IM está estudiando algún tipo de fideicomiso, o por ahora no sería necesario en el esquema presupuestal que prepararon?
Nosotros no descartamos ningún mecanismo para financiar inversiones. Parte de la generación de ahorros fue sacar inversiones presupuestales, y necesitamos buscar los mecanismos necesarios para llevar adelante las inversiones. Creemos que el fideicomiso es una buena herramienta, y por lo tanto estamos pensando en la posibilidad de que pueda existir un mecanismo de fondo de reactivación para Montevideo en este período.