Sobre la medianoche del miércoles y luego de más de 14 horas, en la Cámara de Senadores se siguió desarrollando la interpelación al ministro interino de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, por el acuerdo con la multinacional belga Katoen Natie para extender la concesión de la terminal especializada del puerto hasta 2081.
La sesión transcurrió entre los cuestionamientos del Frente Amplio (FA) a lo hecho por el gobierno, la falta de informes jurídicos y las condiciones brindadas a la firma; mientras, desde el Partido Nacional (PN) se puso el foco en lo ocurrido en la operativa portuaria durante las pasadas administraciones.
Todo esto en el marco de una amenaza de juicio internacional de Katoen Natie, que llegó al final del gobierno del FA y provocó la negociación con el gobierno entrante, lo que derivó en el acuerdo que incluye, entre otras cosas, la prórroga de la concesión y una inversión de 455 millones de dólares en el puerto. La cuestión que plantea la firma belga y adhiere el gobierno actual es que hubo irregularidades en las habilitaciones otorgadas a Montecon, compañía de servicios portuarios que opera en los muelles públicos y compite con la concesionaria.
El miembro interpelante por el FA, Charles Carrera, hizo diversas críticas a la actuación de Heber y de otros integrantes del gobierno: sostuvo que no hay documentación que respalde el acuerdo, que los argumentos de Katoen Natie para amenazar con un juicio internacional no tenían validez y que se consagra un monopolio privado contrario a las leyes vigentes.
“El acuerdo fue realizado con secretismo, falta de transparencia y mucha opacidad. La enseñanza a partir de ahora es que cuando se reciba una amenaza del extranjero debemos incluir a todo el sistema político” en las negociaciones, dijo Carrera, y recordó que, con base en las expresiones públicas de sus dirigentes, el Partido Colorado (PC) y Cabildo Abierto (CA) se enteraron con posterioridad a la firma del acuerdo con la multinacional. Sostuvo que se trata de “la mayor entrega de soberanía nacional en nuestra historia reciente, por lo menos desde la presidencia de José Batlle y Ordóñez”. “El acuerdo es indigno e inmoral, inconstitucional e inconveniente”, complementó.
“Teníamos una demanda y se opta por no recurrir a los informes jurídicos de la ANP. [El gobierno] participa de la negociación con la convicción de que estábamos derrotados”. Óscar Andrade, FA
Criticó en varias oportunidades que dentro del acuerdo con Katoen Natie haya quedado el reglamento de atraque del puerto, “herramienta que establece el tránsito” dentro de la terminal, y que es potestad de la Administración Nacional de Puertos (ANP) establecer modificaciones. “Hoy tenemos que pedir autorización” para efectuar cambios, indicó. “Le dimos la llave del tránsito del puerto de Montevideo”, sumó.
Sostuvo que es “inadmisible”, por las ganancias e inversión realizada por la empresa, que el juicio fuera por 1.500 millones de dólares, y aseguró que de irse a los estrados internacionales Uruguay tenía “argumentos sólidos” para defenderse. Al cierre de su alocución, reiteró lo dicho la semana pasada por el FA: “Hay dos hipótesis: o se actuó con dolo al no hacer las consultas pertinentes a las reparticiones del Estado, o hubo una negligencia absoluta”.
“Se buscó una negociación amistosa”
“Es un gran acuerdo, beneficioso”, que surgió “ante una situación de riesgo que tenía el puerto” por la amenaza de juicio internacional, subrayó Heber. Dijo que el objetivo es “que el puerto se transforme en un puerto regional, que crezca para competir”. Repasó que en los últimos años y producto, en su opinión, de la mala aplicación de la normativa portuaria por parte de los gobiernos del FA, la empresa concesionaria redujo sus inversiones y esto afectó a la terminal.
Sostuvo que los barcos mayores a 300 metros “no tienen muelle ni profundidad” para ingresar al puerto, y a modificar eso se apunta; “no queremos barcos pequeños ni que sea un puerto complementario” a otros de la región. “No levantan la mirada, y esa pequeñez nos lleva a esta discusión”, respondió sobre las críticas del FA. Negó que el acuerdo consagre un monopolio en favor de Katoen Natie sino que lo que hace, en su opinión, es “cumplir la ley” y garantizar la prioridad de la terminal especializada.
Sin esa prioridad de atraque sostuvo que la terminal especializada que ganó en concesión Katoen Natie en 2001 “no tiene valor”. Esto porque en visión de Heber ocurrió “una competencia desleal” con los muelles públicos, donde opera Montecon. “El puerto necesita infraestructura” para ganar competitividad y bajar tarifas, señaló, y el acuerdo garantiza “la mayor inversión en la historia del puerto”.
“No vamos a caer en el jueguito de interpelar al interpelante”. Eduardo Bonomi, FA
Heber indicó que la falta de infraestructura ha provocado que entre enero y julio “tuviéramos 117 barcos en espera”, lo que significó pérdidas diarias de entre 15.000 y 40.000 dólares, es decir, 4,5 millones en siete meses. “No tenemos la logística adecuada. El puerto es ineficiente para atender la carga que ya hay e incapaz de competir contra otros puertos en función de su infraestructura, por eso la necesidad de hacer algo”, expresó.
Sostuvo que en diez años con el FA gobernando hubo “un aumento de 350% de las tarifas” y el acuerdo permitirá una reducción de 30%.
El acuerdo alcanzado “va a generar más de 1.000 puestos de trabajo genuinos” y hace que el puerto “sea competitivo frente a Buenos Aires”. El jerarca dijo al FA que “hay falta de visión, no ven el partido grande”. También consideró “un disparate” que se diga que el gobierno debe consultar a la multinacional para modificar el reglamento de atraque.
Ante las críticas por la extensión de la concesión por 50 años sin informes jurídicos que lo avalen, recordó que “con la firma [de los ministros] Danilo Astori y Víctor Rossi y sin nada más, en dos hojas, se habilitó a dar todas las concesiones de 30 a 50 años; eso era para UPM, todos lo sabemos y no lo cuestionamos, pero me parece increíble que ahora lo cuestionen”.
Luego tuvo la palabra el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, que participó en las negociaciones y realizó el informe jurídico que el gobierno presentó para abrir la negociación con Katoen Natie, en el entendido de que la amenaza de juicio internacional de la multinacional era un riesgo. “Se buscó una negociación amistosa. Eso se planteó en la transición, se nos transmitió la decisión de la presidencia saliente [del FA] de no ir a juicio internacional por una serie de razones y argumentos jurídicos”, indicó.
Complementó que “existió evidencia en la transición de un desajuste y una incorrecta aplicación de la ley de puertos y sus decretos. El gobierno estaba en una situación difícil de defender” ante la amenaza de juicio de Katoen, señaló. Remarcó que entablar la negociación “fue decidido de común acuerdo entre las autoridades salientes y entrantes”.
A continuación y en esa misma línea, Heber dijo que días atrás consultó sobre el tema a Miguel Ángel Toma, exsecretario de la Presidencia durante el último período del FA. “Me dijo que hay que negociar” con Katoen Natie, y que “no era conveniente ir a juicio”. Aclaró que realizó esta cita “con el aval de Toma”.
“Si los costos portuarios ya eran altos, con este acuerdo no sólo ello no se va a resolver, sino que va a empeorar”. Mario Bergara, FA
“Es un profundo error geopolítico”
“No hay nada más peligroso que el archivo” fueron las primeras palabras del senador del FA Enrique Rubio, que a medida que avanzaba en su discurso fue subiendo la intensidad. Recordó que cuando estaba al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, durante el primer gobierno del FA, y en la cámara baja se discutía el proyecto de ley para una segunda terminal de contenedores en el puerto, que no fue adjudicada finalmente, el 13 de mayo de 2009 el entonces senador Heber dijo: “No queremos monopolio de nadie. El monopolio privado es el peor”. Luego de la cita, Rubio subrayó que “el tema es que acá hay un monopolio”, aunque Heber “lo esté negando”.
Rubio sostuvo que para firmar este acuerdo no se le consultó al Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada, porque entonces le habría dicho al gobierno que “esta historia a la que alude Heber, de puerto hub, que se proyecta regionalmente e internacionalmente, para barcos de 400 metros de eslora y de una manga considerable, supone un dragado mucho mayor a los 14 metros de profundidad” a los que se pretende llegar. Agregó que para que ese tipo de barcos lleguen al puerto de Montevideo, la bocana debe tener “un ancho igual al largo” y que eso supone “desestabilizar la escollera Sarandí”.
Rubio agregó que el acuerdo “es un profundo error geopolítico y es inviable económicamente”. A su vez, pidió “no creernos los espejos de colores que nos venden las empresas acerca de los barcos que van a traer, en una misión imposible”.
“Los jinetes del apocalipsis”
El senador blanco Sebastián da Silva sostuvo que de las interpelaciones que llevó adelante el FA contra ministros de este gobierno la de ayer es la que se “puede justificar más”. Agregó que el puerto de Montevideo “no es una política de Estado en este país porque sistemáticamente el FA se ha opuesto a todo tipo de modernización que se quiso hacer”.
“A Montecon se le dio la tarifa más baja del tarifario de la ANP”, Jorge Gandini, PN
“Los jinetes del apocalipsis hoy vinieron a dar datos contrafácticos”, dijo Da Silva sobre lo expuesto por la oposición. Subrayó que ya conoce los argumentos, porque son similares a los que esgrimieron en 1991 los legisladores del FA de aquella época, cuando la actual Ley de Puertos era discutida en el Parlamento.
Da Silva subrayó que luego al FA le tocó gobernar y “con aquello a lo que se habían negado sistemáticamente no hicieron nada”. “Es más, si uno tiene que poner una cucarda a los mayores defensores de la Ley de Puertos de 1992, se la damos a la bancada de la oposición”, sostuvo. Luego dijo que tolera “algunos errores de funcionarios públicos en algunas ocasiones, por temas filosóficos o ideológicos, pero cuando hay plata de por medio, esos no son errores sino que tienen mucho más olor a corrupción que a otra cosa”.
Esto último, en referencia a la actuación del FA en el gobierno y su relación con Montecon, competidora de Katoen Natie que opera en los muelles públicos. Por esa misma línea fue el senador blanco Jorge Gandini: desde 2008 ocurrió “un largo proceso de ilegalidades” en el puerto “dirigidas a beneficiar a Montecon”. Añadió que “Montecon estaba acomodado con el Frente Amplio”.
El senador del FA Óscar Andrade salió al cruce, y dijo que si un día se quiere hacer un debate general “sobre corrupción y partidos políticos” estará “encantado” de hacerlo. Agregó que en esa instancia se podrá hablar “desde las pasantías hasta las estaciones de servicio”.
Pasadas las 21.00 el senador de CA Guillermo Domenech subrayó que su partido no tuvo “ninguna participación en este contrato” y resaltó que el acuerdo los “sorprendió”, aun cuando tienen un representante en la ANP que “no tuvo conocimiento” del contrato. “Yo debo decirlo con la más absoluta sinceridad, y no me es fácil; el contrato nos merece objeciones”, señaló. Adelantó que el líder del partido, Guido Manini Rios, anotado para hablar al cierre de la sesión, diría qué puntos cuestionan.
“El miembro interpelante dijo que había dolo: que vaya al juzgado ahora a hacer la denuncia”, Luis Alberto Heber, ministro
Coalición pide al gobierno una modificación del contrato
Un borrador de declaración que divulgó CA planteaba formar una comisión legislativa para “aportar soluciones alternativas” sobre el contrato, y en el punto final pedía al Poder Ejecutivo “suspender provisoriamente la ejecución del acuerdo” en busca de una renegociación. Los cabildantes solicitaban que se incluya una cláusula que permite al Estado “autorizar o no” una venta del negocio de Katoen Natie en el puerto. Esta omisión había sido cuestionada por el FA.
Más avanzada la noche y según supo la diaria tras contactos entre los socios de la coalición, se acordó una declaración conjunta entre los partidos donde se contempla parcialmente el pedido de CA. Se dan por “satisfactorias” las explicaciones del ministro, y se dice que las administraciones del FA con sus decisiones “comprometieron seriamente el futuro del puerto” y hubo que “buscar soluciones”. En el punto tres se contempla el pedido de CA de que el Estado pueda autorizar o no una eventual enajenación de la empresa concesionaria.
A su vez, se ratifica un anuncio hecho previamente por Heber, quien dijo, ante lo que Sergio Botana consideró como “una omisión” del contrato sobre el límite de las tarifas portuarias, que llegará al Senado un proyecto de ley, propuesto por el Partido Colorado, para crear una “unidad reguladora de asesoramiento” de la ANP. Para que “esté muy arriba y estudie técnicamente el tema tarifario”, y así “poder tener pleno control, aplicando el artículo 7” de la Ley de Puertos, indicó.