El proyecto de ley forestal que impulsa Cabildo Abierto (CA) fue aprobado a finales del año pasado en la Cámara de Diputados con sus votos, los del Frente Amplio (FA) y el Partido Ecologista Radical Intransigente, lo que marcó una ruptura a nivel legislativo de la coalición de gobierno. Tanto el Partido Nacional (PN) como el Partido Colorado (PC) se mostraron críticos con el proyecto, además de que el ministro de Ambiente Adrián Peña cuestionó la normativa y el presidente Luis Lacalle Pou señaló que la vetaría en caso de que sea aprobada como salió de la cámara baja.
En los últimos meses el debate pasó al Senado. Si CA lograra el apoyo de los senadores del FA, tendrían 16 votos, la mayoría necesaria para aprobarlo. Pero los liderados por Guido Manini Ríos apuestan a conseguir otras adhesiones a la interna de la coalición. El diputado Rafael Menéndez, redactor del proyecto, dijo a la diaria que CA pretende “que salga con el consenso” del PN, porque “va a ser muy difícil incorporar al PC”.
Menéndez se mostró optimista de conseguir votos desde filas blancas, a pesar de la postura del presidente. “Obviamente está en todas sus facultades vetarlo, pero yo creo que no sería políticamente bueno hacerlo, máxime de que además en todo este tiempo lo que se ha logrado es concientizar a aquellos senadores del PN de cuál es el modelo de desarrollo forestal en el cual se ha metido al Uruguay. Yo creo que a través de los senadores del PN, si tienen voluntad de hacer algún tipo de cambio que no cambie el espíritu de la ley, no se tendría que llegar a esa instancia [del veto]”, sostuvo.
Consultado por la diaria, el senador nacionalista Sebastián Da Silva, que integra la comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca que estudia el proyecto, dijo que su fuerza política no está cerrada a la discusión y que esperan recibir a más delegaciones involucradas en el tema para conocer opiniones, aparte de las ya recibidas. “Después de ahí vamos a hacer una síntesis de las opiniones e iremos a tomar la decisión”, dijo.
Da Silva señaló diversas discrepancias con el proyecto aprobado, pero que hay disposición de CA y el PN de buscar acuerdo en los cambios a efectuar al texto. “En el campo uruguayo no puede haber un limitante legal de producción más allá de la que da la naturaleza, los suelos”, expresó. Al respecto, dijo que hay “consenso” para retirar el artículo 2, que dice que la superficie para proyectos forestales no podrá superar el 10% del territorio nacional bajo explotación agropecuaria.
El proyecto tiene, a su vez, un primer artículo que indica que la plantación quedará limitada a los suelos de prioridad forestal. “El problema es cuando por ley desde el Parlamento querés legislar una realidad que es difícil. Uruguay es un mosaico de suelos. Lo delicado es poner en la ley algo que después sea inaplicable, porque cuando analizás un padrón, un establecimiento, es muy difícil que encuentres un solo suelo”, agregó. Da Silva dijo que comparte “el espíritu” de que “los árboles vayan a los suelos de prioridad forestal”, pero que ya “la realidad así lo indica” porque “al árbol le gustan los suelos de prioridad forestal”.
Debate sobre la propiedad privada
Una de las últimas delegaciones en pasar por la comisión que estudia el proyecto fue la Asociación Rural del Uruguay (ARU). El presidente de la gremial, Gonzalo Valdés, dijo ante los senadores que el proyecto, en su artículo 2, establece una limitación al “uso de la propiedad privada y la decisión del productor rural”, a quien ven “como la persona más adecuada para poder definir cuál es la actividad y cómo destinar los recursos que tiene en sus manos”.
“Nuestra preocupación es la prohibición –ese porcentaje que nos da la sensación de que es arbitrario– de determinado número de hectáreas para que se pueda producir en ese sentido”, agregó Valdés.
En la sesión, el senador cabildante Guillermo Domenech respondió a la ARU y dijo que “toda la doctrina moderna entiende que los derechos tienen una limitación” que es “el interés general”. “Nosotros damos por sentado que las limitaciones al derecho de propiedad son legítimas, pero lo que estamos discutiendo es la forma de utilizar la tierra. En realidad, se trata de una ley de ordenamiento con la cual queremos que las mejores tierras sean para la agricultura y para la lechería”, indicó.
Por otro lado, Valdés dijo que “se van a limitar a 1.600.000” las hectáreas para proyectos forestales, de aprobarse este texto, y actualmente “hay aproximadamente 1.100.000 hectáreas plantadas”, por lo que “quedaría un margen de 500.000”. “¿Cuál sería el efecto inmediato de la aprobación de esta ley? Habría una corrida muy fuerte para lograr esos campos para las empresas forestales y, especialmente, para las multinacionales. Obviamente, esto llevaría a un aumento de precios, originando distintos factores para que los productores rurales abandonen sus predios, colaborando –ahí sí– con el despoblamiento de la campaña rural”, sentenció.
Durante la comparecencia de la ARU, el senador nacionalista Sergio Botana, mostró disconformidad con el artículo 2, no obstante, afirmó: “Con el resto del proyecto coincido”.