Las más de tres horas de comparecencia del directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) este miércoles en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de Diputados –que analiza el proyecto de Rendición de Cuentas–, transcurrieron entre distintas preguntas, críticas y denuncias del Frente Amplio (FA), cuyos diputados terminaron pidiendo la renuncia de la presidenta Rossana de Olivera –que pertenece a Cabildo Abierto (CA)– por actuar por fuera de la institucionalidad.
Luego de que la jerarca planteara distintas líneas de acción, planes a realizar y repasara el cumplimiento de las metas de gestión, llegó el turno de los diputados de la oposición. Entre otros temas, señalaron las denuncias por escasez de alimento en los hogares del Inisa, preocupación por las horas de encierros de los adolescentes, y una serie de decisiones que se tomaron de forma unilateral por la presidenta, sin el aval de las otras dos integrantes del directorio –Sandra Etcheverry del Partido Nacional y Andrea Venosa del FA–.
Una de esas decisiones refiere a la contratación como asesora por parte de la cabildante de Sandra Mérida, que según denunció el sindicato en una nota días atrás del semanario Búsqueda fue destituida como tallerista del Inisa en 2019 por inasistencias. Mérida volvió al organismo en la modalidad de pase en comisión, ya que es funcionaria del Ministerio del Interior, y la normativa de la Administración Central no permite recontratar a una persona que haya sido cesada por faltas.
La diputada del FA Cecilia Cairo sostuvo en la sesión que Mérida estaba “en el listado de autoridades” que iban a acudir a la Comisión, pero finalmente no fue. “Alguien que había sido tallerista en la institución para dar cursos de gastronomía, que incumplió –lo dice el sindicato de funcionarios– en reiteradas ocasiones con su trabajo –tenía faltas al servicio injustificadas– y fue cesada en su función, increíblemente fue contratada otra vez por la presidenta”, indicó.
Este es uno de los puntos donde se afectó la “institucionalidad” del Inisa, planteó. “Esta medida fue tomada por la presidenta, pero votada en contra por las otras dos personas que integran el directorio; la presidenta es parte pero no es quien manda; si así fuera elegiríamos a una sola persona”, subrayó. También recordó un episodio de abril, cuando un adolescente de 17 años internado en el Inisa fue hospitalizado por una fractura de cráneo, y según relató Cairo se pidió información al directorio, de lo que surge que la presidenta “había tomado” la decisión de hacer una denuncia penal previo a la investigación administrativa, y sin el aval de las otras dos directoras.
Consultada por la diaria, Cairo señaló que estas situaciones “ponen en peligro la institucionalidad” y “ante esa situación y el riesgo que esto significa no solo para la institución sino para la democracia, me parece que lo correcto es que dé un paso al costado”. Informó que se realizará un pedido de informe a la Oficina Nacional de Servicio Civil “porque [la presidenta] no nos contestó muchas cosas”, y las explicaciones que dio en la Comisión las consideró “dudosas”.
De Olivera dijo en la sesión que “no existía ni existe impedimento legal para la contratación de Mérida”. Explicó que “fue contratada como asesora para desempeñar tareas de apoyo directo a la gerencia general”, y que de la información del Registro de Vínculos con el Estado surge que “la extinción del vínculo de Mérida con el Inisa [fue por] el vencimiento del término”. Es decir, rechazó la versión de que haya sido destituida por inasistencias. “Cuando el motivo de la extinción es la destitución, dicho Registro da cuenta de esa causal en forma inequívoca y, en este caso, no es lo que ocurre”, indicó. Subrayó que la versión dada por el sindicato “no es correcta”, y “su contratación como asesora externa es inobjetable”.
Bettiana Díaz, diputada del FA, expresó que de las resoluciones surge que Mérida pasó a cobrar como asesora 97.400 pesos y no se conoce “qué formación específica tiene para el cargo” que asumió. “¿Qué sueldo tenía antes, cuando fue destituida por faltar con aviso, pero sin justificación, por hacer abandono de trabajo, para luego ser contratada como asesora de la presidenta del Inisa? Nos gustaría saber cuál es la diferencia salarial, porque acá se está premiando a una mala funcionaria”, agregó.
Cairo, del Movimiento de Participación Popular, sostuvo que planteará el pedido de destitución de la jerarca a la bancada del FA. “Nos preocupa que no entendió lo que es el Inisa; no es una cárcel sino un centro que busca educar a los gurises para que salgan adelante”, expresó.