El movimiento sindical valoró como “una provocación” del gobierno la decisión votada el martes en el directorio de Ancap de no renovar el convenio colectivo vigente. El presidente de la Federación Ancap (Fancap), Gerardo Rodríguez, sostuvo que las autoridades “tienen claro el rol que juega el sindicato” en la campaña rumbo al referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC), y cuestionó que en paralelo el directorio haya resuelto el cierre de unidades productivas que engloban a 60 trabajadores –la empresa planteó que serán reubicados–. El PIT-CNT considera que esto “se enmarca en la estrategia del gobierno de desmantelamiento del ente” y anunció que se estudia a nivel del Secretariado Ejecutivo un paro general para fin de mes.
“Con estas medidas [vinculadas a Ancap] se pretende aumentar el grado de conflictividad para que el sindicato tome medidas de lucha que produzcan desabastecimiento e instalar un discurso de desprestigio hacia el sindicato y el rol de ANCAP”, advirtió el PIT-CNT en un comunicado tras la reunión del Secretariado Ejecutivo.
Según lo informado por Ancap el martes, el directorio resolvió no renovar el convenio colectivo vigente porque “el espíritu y metas propuestas no se están cumpliendo”, y por ende “las relaciones empresa-gremio no se ajustan a lo oportunamente acordado, evidenciando un conjunto importante de planteos sindicales que rápidamente escalan de los ámbitos de negociación a posiciones de conflicto, contrarios a las decisiones que legítimamente corresponden a la empresa”. La central de trabajadores entiende que la decisión “atenta directamente contra el relacionamiento ente-sindicato y deja sin reglas de juego claras al conjunto de las y los trabajadores de Ancap”.
Rodríguez expresó, en respuesta a lo dicho por la empresa y también a expresiones del presidente Luis Lacalle Pou, que “los sindicatos tenemos claro que son ellos los que gobiernan, es el gobierno herrerista que se opuso a la creación de Ancap, intentó privatizarla en los 90, y en 2003 y ahora vuelve; teníamos clarísimo que no se iba a respetar la voluntad popular de 2003 [en referencia al referéndum que derogó la ley de asociación de Ancap] y que se va a desmantelar el ente: lo van a ir haciendo de a poco”.
En paralelo al anuncio sobre la caída del convenio colectivo y el llamado a negociar un nuevo marco legal, Ancap comunicó el cierre de unidades productivas vinculadas a la logística de los combustibles: desde el 31 de agosto da por finalizado “el alquiler del barco Malva H, propiedad de un armador extranjero”, lo que sostuvo que significa un ahorro de más de dos millones de dólares al año; y negociar “el alquiler de las plantas de aerocombustibles actualmente operadas por personal de Ancap”.
Rodríguez explicó que esto “forma parte de las políticas del gobierno de reforma del mercado de combustibles, mediante las cuales se quiere transformar el rol social de Ancap en un instrumento al servicio del capital”.
El barco cuyo contrato no se renovará es parte de la logística de distribución primaria, y lo otro son dos plantas próximas a los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce que abastecen de combustible a aviones. En la Ley de Presupuesto votada a fines de 2020 el gobierno incluyó una disposición que derogó el monopolio de Ancap en este mercado, habilitando el ingreso de empresas privadas para la venta a las aerolíneas. “Gestionar la logística de abastecimiento a aviones [es una] actividad que, por sus características y volúmenes involucrados, no es de interés prioritario de ANCAP”, indicó la empresa.
El PIT-CNT señaló que los trabajadores “que se desempeñan en las áreas marítimas corren peligro de perder su fuente laboral, ya que mantienen diferentes tipos de contratos que no les garantizan la estabilidad laboral, y sin la unidad productiva este escenario es el más probable en el corto plazo”.
Rodríguez complementó que estas medidas se suman a la decisión de no continuar la cosecha de caña de azúcar en pueblo Belén (Salto) y la posibilidad de cierre de la planta de Capurro de Alcoholes del Uruguay, que produce biodiésel. El sindicato entiende que el avance de un artículo de la Rendición de Cuentas que elimina la obligatoriedad que hoy rige para mezclar biodiésel en la producción de gasoil marcará el futuro de la planta. “Ancap nos dice que eliminar la obligatoriedad no necesariamente desemboca en el cierre de Capurro, pero no le creemos; para nosotros, de no existir esa obligación de Ancap, [la planta] cerrará”, declaró.
Según supo la diaria en base a fuentes, en el gobierno se preveía un escenario de mayor conflicto ante estas medidas vinculadas a Ancap y se descartó que pueda haber modificaciones en el sistema de ajuste de tarifas. También se indicó que en caso de aprobarse el artículo sobre biodiésel, la idea es que “en un plazo prudencial” se traslade a los consumidores la rebaja de entre 1,3 y 1,5 pesos por litro de gasoil.
Para Rodríguez, el gobierno utiliza el nuevo método y los “sobrecostos” que identificó en Ancap –los cuantificó en casi tres pesos por litro y los sumó al valor al público en el último ajuste– para “justificar todo lo que van a cerrar” dentro del ente.
Fancap resolvió mantener las medidas vigentes de realizar paros por turnos en la refinería y un paro de 24 horas distintos días en distintas unidades de Ancap, y “trabajar en un gran paro nacional” junto a otros sindicatos y el PIT-CNT. En agregado, “retomar el trabajo con el Instituto Cuesta Duarte sobre una propuesta real de reducción de las tarifas de los combustibles a presentar el 15 de octubre”, cuando Ancap cumple 90 años.