Un informe con recomendaciones al Estado –que incluye medidas de reparación integral– por los daños causados a la población afrodescendiente como consecuencia de los desplazamientos forzados de los conventillos Mediomundo y del Barrio Reus al Sur (Ansina) en 1978 y 1979 será presentado en el Palacio Legislativo el 18 de agosto.
“Este informe pretende echar luz sobre una verdad silenciada por más de 40 años y que revela situaciones de vulneración de derechos en múltiples dimensiones. El objeto de este trabajo pretende rescatar una realidad signada por la violencia; el desplazamiento forzado; la segregación territorial y la precariedad en términos de vivienda a partir de la perpetuación de una situación que terminó asentando de forma permanente las condiciones de vida y la localización territorial de una importante proporción de la población afrouruguaya”, sostiene el documento elaborado por un grupo de trabajo que cuenta con el aporte y apoyo de vecinos que fueron desplazados de los conventillos, de organizaciones de afrodescendientes, de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y de la Universidad de la República (Udelar).
El grupo de trabajo recolectó información de diferentes fuentes en Uruguay y de normativa internacional en derechos humanos, e indagó sobre experiencias de reparación a comunidades afro en Colombia y Sudáfrica.
Aunque el informe aborda la experiencia de parte de la población afrodescendiente en el marco del terrorismo de Estado, no idealiza la vida en los conventillos. Se marcan sus carencias, pero también se reafirma su valor comunitario y cultural, y se señalan las consecuencias que los desplazamientos tuvieron para sus habitantes, trasladados primero, para vivir en condiciones precarias, a construcciones llamadas “hogares municipales” y luego a zonas alejadas de los barrios Sur y Palermo, con menos servicios y mayores niveles de pobreza e inseguridad. Uno de los participantes en talleres con desplazados que se hicieron en el marco de este informe expresó: “Lo que nos hicieron fue como un sistema de terror”.
Fachada del conventillo Mediomundo. Calle Cuareim, número 1080. Año 1979. Foto: s/d de autor, Archivo Centro de Fotografía, Intendencia de Montevideo.
Tratamiento carcelario
El documento señala que los desplazamientos forzosos de más de 800 personas, la mayoría de ellas afrouruguayas, del conventillo Mediomundo ocurrieron en diciembre de 1978 y de Ansina en enero de 1979. Agrega que como parte de esta operativa se concretó en simultáneo el traslado de estas personas a hogares “de emergencia” que, según las autoridades a cargo del procedimiento, serían “transitorios”, con la promesa de la entrega de una vivienda en mejores condiciones.
La promesa nunca se cumplió. Se crearon tres recintos para realojar a las personas “desalojadas de las fincas ruinosas”: los hogares Uruguayana (Martínez Reina, exfábrica La Aurora), Garibaldi y Arenal Grande. A estos se le sumó el Corralón Municipal, en Barrio Sur. Todos fueron adaptados como “hogares transitorios de emergencia”.
Los testimonios referidos a la vida en Martínez Reina marcan un régimen similar al de presos con salidas laborales. Allí fueron trasladadas decenas de familias, con unos pocos muebles (camas y sillas, pero no roperos ni juguetes), con militares apostados en diferentes puntos, baño compartido y un comedor administrado por el Instituto Nacional de Alimentación donde iban a buscar comida, ya que no se les permitía cocinar.
De noche se cerraban las habitaciones –en las que en algunos casos se obligaba a vivir a personas de diferentes familias– y se apagaban las luces, en tanto los guardias tenían copia de las llaves de cada cuarto y vigilaban que nadie saliera. En la entrada del edificio había un portero acompañado de policías (la puerta se abría a las 6.00 y se cerraba a las 20.00, permitiendo que ingresaran hasta las 22.00 quienes retornaban de trabajar).
El informe expresa que entre 1981 y 1995 muchos de estos núcleos familiares fueron nuevamente realojados mediante un proceso de adjudicación de viviendas, las categorizadas como Núcleos Básicos Evolutivos, en forma de apartamentos en la Unidad Habitacional N° 3, en Cerro Norte.
Conventillo Mediomundo de Montevideo, década de 1950. Foto: Eduardo C. Colombo, archivo Centro de Fotografía, Intendencia de Montevideo.
Entre 1983 y 1984 otras familias, acompañadas por organizaciones sociales, conformaron cooperativas de vivienda por ayuda mutua, que edificaron en Gruta de Lourdes y Nuevo París. Algunas familias fueron ubicadas en tres conjuntos habitacionales en Capurro, Jardines del Prado y el barrio Lavalleja. Las últimas 100 familias que quedaron en el hogar Uruguayana fueron realojadas por medio de un convenio con el gobierno en la unidad habitacional ubicada en el barrio Casavalle.
Segregación que continúa
Entre sus numerosas citas, el informe menciona una de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria de 2019, que refleja y sintetiza en gran medida el contenido del documento: “Se trató de una segregación en razón de la condición afrouruguaya de los habitantes, la que se perpetuó y profundizó en los años siguientes en tanto las condiciones edilicias de los lugares a los que fueron destinados distaban de las mejoras que establecía el decreto por el que fueron desalojados. En consecuencia, la desocupación de los conventillos, bajo el pretexto de proteger a la población que los habitaba y de mejorar sus condiciones de vida, sólo tuvo en realidad por objeto su realojo en la periferia de la ciudad y la dispersión de las familias que allí vivían. Junto a esta expulsión se afectó profundamente la vida de un sector fundamental de la población afrouruguaya, reforzando el racismo estructural y estigmatizando su identidad cultural”.
En ese sentido se afirma que, de acuerdo con los testimonios recogidos en el proceso de elaboración de este informe, los barrios a los que fueron trasladadas estas personas atravesaban una situación de extrema marginalidad y se vivía una violencia institucional e interpersonal cotidiana.
Conventillo Mediomundo de Montevideo, década de 1950. Foto: Eduardo C. Colombo, archivo Centro de Fotografía, Intendencia de Montevideo.
En la actualidad estos barrios todavía muestran altos niveles de pobreza según el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. El informe agrega que esta población continúa encontrando su cotidianidad signada por situaciones de inseguridad ciudadana al vivir en las zonas de la ciudad de Montevideo que presentan mayores índices de homicidios, hurtos y rapiñas.
Además, el documento suma datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar y del Servicio Paz y Justicia en el sentido de que los jóvenes que habitan estas zonas de la ciudad sufren a diario episodios de violencia policial en mayores niveles que los que viven en otros barrios de Montevideo. “De esta manera puede evidenciarse el continuum de violencia a la que se ha sometido a la población afrouruguaya, entendiendo este continuum como la suma de la violencia simbólica, estructural e interpersonal”, sostienen.
Camino iniciado
Olguita Celestino tenía 12 años cuando, junto a su familia, fue obligada a dejar su casa en el conventillo Mediomundo y vivió el traslado forzoso a la exfábrica Martínez Reina y el posterior realojo en Cerro Norte. Su trabajo con personas desplazadas de Mediomundo y Ansina ha sido fundamental para la concreción del documento que se presentará el miércoles. Celestino comenta que “el primer objetivo está cumplido: este informe para presentarle al Estado nuestras propuestas de reparación, que incluye a un conjunto de vecinos que fundamenta los planteos. Nunca se había hecho con referencia a nosotros algo así después de los desalojos masivos de 1978 y 1979 y estamos felices de poder hacerlo”.
Conventillo Mediomundo de Montevideo, década de 1950. Foto: Eduardo C. Colombo, archivo Centro de Fotografía, Intendencia de Montevideo.
Juanita Silva fue una de las personas que iniciaron el proceso de elaboración del informe. Recuerda que cuando planteó el tema en la INDDHH –en 2018– todavía vivía el padre de Olga, Antonio Celestino (uno de los desplazados de Mediomundo), que fue el primero al que fue a hablarle a su pequeña casa en Cerro Norte. “Le dije: tío, estoy en esto, quiero ayudar, lograr algo para reparar esto que les hicieron. Él me comentó: ‘si vos me decís que voy a volver a vivir a Cuareim, te sigo’”.
Antonio falleció un año y medio después, pero el camino ya estaba iniciado.
Cinco categorías de reparación
Las medidas efectivas de reparación integral por los daños causados a la población afrodescendiente como consecuencia de los desplazamientos forzados se agrupan en cinco categorías: reparación simbólica, reparación del daño al proyecto de vida, derecho a la vivienda, derecho a la salud y derechos culturales.
Esfera simbólica
La reparación simbólica incluye –entre varios puntos– reconocer como víctimas de graves violaciones de los derechos humanos a las personas que fueron desplazadas forzadamente de sus viviendas en Mediomundo y Ansina durante el terrorismo de Estado (1973-1985) y que la reparación abarque a las víctimas directas, sus hijos/as y nietos/as (primera y segunda generación).
A esto se le sumaría la aprobación de una ley que establezca una instancia permanente que continúe la actividad cumplida por el grupo que hizo el informe y que analice las adecuaciones normativas que establezcan medidas de reparación integral para esta población.
También se señala la necesidad de incluir en los textos oficiales del sistema nacional de educación pública el estudio de estos desplazamientos forzados de población afrodescendiente, con énfasis en el contexto político-institucional en el que se llevaron a cabo; sus motivaciones; y las consecuencias que estas medidas generaron y generan hasta el presente sobre las víctimas.
Daño al proyecto de vida y derecho a la vivienda
El texto recomienda disponer las medidas necesarias para la reparación del daño al proyecto de vida, que implica considerar tanto los aspectos patrimoniales como la reparación de los aspectos no patrimoniales o inmateriales relacionados con las personas víctimas del accionar ilícito del Estado.
También, hacer efectiva, mediante medidas sistemáticas de reparación, la garantía de restitución de vivienda, lo que incluye la recuperación de las construcciones existentes y la realización de viviendas para familias afrodescendientes desplazadas forzadamente. A esto el documento suma continuar ampliando la población objetivo y mejorar el desarrollo y alcance de iniciativas dirigidas a la reparación histórica y de derecho a la ciudad para familias afrodescendientes.
Se recomienda también a la Intendencia de Montevideo que establezca una cuota para el destino de las fincas en desuso o el suelo urbano que integran su cartera de tierras en los barrios Sur y Palermo, de entre 8% y 12% como piso, para destinar a viviendas de interés social, uso público y/o colectivo para iniciativas provenientes de la comunidad afrouruguaya, con prioridad a dar respuesta a la necesidad de vivienda de las víctimas de estos desplazamientos.
Derecho a la salud
El documento recomienda implementar las medidas necesarias para garantizar la cobertura de un espacio de salud integral que proporcione atención y acompañamiento psicosocial –en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud– a las personas comprendidas en este informe. También sugiere desarrollar espacios colectivos de escucha, memoria y de elaboración del duelo, como forma de habilitar espacios de salud mental y potencializar positivamente las experiencias de las víctimas de los desplazamientos forzados como construcción de la ciudadanía democrática.
Derechos culturales
Reconocer que los desplazamientos forzados de sus barrios tradicionales causaron daños en la cultura e identidad de la población de los barrios Sur y Palermo de Montevideo es una de las recomendaciones incluidas. A su vez, implementar programas para la recolección de testimonios y archivos fotográficos, documentos públicos y gubernamentales, así como archivos hemerográficos para su digitalización y armado de acervo. Contribuir a visibilizar la existencia de vulneraciones a los derechos de la comunidad afrouruguaya en tiempos de terrorismo de Estado por medio de muestras fotográficas itinerantes, producciones audiovisuales y presentaciones públicas. También generar y desarrollar espacios de asesoramiento y empoderamiento jurídico que permitan promover un proceso a las medidas de reparación que se implementen en el marco de estas recomendaciones de forma participativa y protagónica.