El titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Javier García, asistió este lunes a la Comisión de Defensa del Senado para informar sobre el procedimiento que desembocó en el cese del general Daniel Castellá como presidente del Supremo Tribunal Militar, luego de que se conociera que estuvo presente en el interrogatorio con torturas en el que asesinaron a Vladimir Roslik, en 1984.
Cabe recordar que esa información está en la sentencia definitiva de primera instancia de la Justicia militar sobre el caso, fechada el 26 de abril de 1986, un documento que fue encontrado por las autoridades gracias a un pedido de acceso a la información pública realizado por la diaria.
García subrayó en una conferencia de prensa que, para su cartera, para el gobierno y para el presidente Luis Lacalle Pou, con el que habló sobre el tema el lunes de la semana pasada, es “absolutamente incompatible” haber estado presente en aquel interrogatorio “y años después presidir el Supremo Tribunal Militar”. “Por eso le solicitamos la renuncia, que se efectivizó el martes pasado, en menos de 24 horas de haberla solicitado. Vinimos a informarlo en la Comisión de Defensa del Senado, haciendo todo el recuento, paso por paso, día por día, de toda la información que se fue relevando en esos 40 días exactos que supuso la respuesta al pedido de acceso a la información”, señaló García.
El ministro dijo que Castellá “niega que haya estado presente en esa sala, tal cual lo refiere la sentencia”, pero “estamos en un estado de derecho”, por lo tanto, el gobierno no se rige “ni por consideraciones personales ni por subjetividades”. “Como le expliqué a Castellá, la única acción judicial que hay es la del juzgado militar de primera instancia, de segundo turno, en 1986. En ese documento queda probado, y así lo dice el juez, entre otras tantas circunstancias, la presencia de diez oficiales, más quien interrogaba, en esa pequeña sala de cuatro por tres”, subrayó.
García agregó que “si otras autoridades” de gobiernos anteriores conocían esa sentencia “y actuaron de la forma que actuaron”, es responsabilidad “de esas autoridades”. “Este ministro no estaba en conocimiento. Cuando tomé conocimiento, en menos de 24 horas resolvimos el tema. Obviamente, habiendo charlado con el presidente de la República, que era incompatible presidir el mayor órgano jurisdiccional de las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo haber estado presente en ese interrogatorio, que todos sabemos cómo terminó”, insistió.
En 1984 el semanario Jaque ya había informado que Castellá había sido quien comandó el procedimiento que detuvo a Roslik. Por eso, García subrayó que “esa no era la novedad” que surgió de esta sentencia, sino “que había estado presente en el interrogatorio”.
Manini y Loitey: “Yo creo en la palabra de lo que él me dice”
El presidente de la Comisión de Defensa del Senado es el líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos. Al final de la sesión, en una conferencia de prensa, dijo que él “no puso en tela de juicio la pertinencia del pedido de renuncia” ni entró en el “fondo del tema, que es totalmente aparte”. Agregó que sí realizó algunas preguntas, relacionadas con que el documento es una sentencia de 1986, “que era sabida a distintos niveles, sobre todo a niveles de gobierno, del MDN y Presidencia”. “Y siendo que la etapa final de la carrera de Castellá, el ascenso a general y después el nombramiento como presidente del Supremo Tribunal Militar, fue en períodos donde los ministros, la doctora Azucena Berrutti, [Eleuterio] Fernández Huidobro y el doctor Jorge Menéndez indudablemente no podían desconocer esa sentencia y ese fallo”, aseguró.
Manini agregó que preguntó “por qué otros ministros lo tuvieron en cuenta y no pusieron reparos en su ascenso, y por qué ahora surge este documento como algo nuevo, cuando es algo que indudablemente llevaba treinta y pico de años a disposición de distintos niveles de gobierno”. Señaló que García contestó que “no tenía respuesta”. Manini insistió con que “el documento con la sentencia que dice que Castellá estaba presente en el interrogatorio tiene más de 30 años y nunca estuvo oculto”.
El senador aseguró que conoció “bastante” a Berrutti, “una ministra muy meticulosa y estudiosa de toda la documentación en todos los temas”, además, “innegablemente, defensora de los derechos humanos y de muchos detenidos durante la dictadura”. “Y ella, para un ascenso a general, como fue el que ella propuso –porque a Castellá lo propuso ella–, tiene que haber mirado todas las actuaciones. No puede ser que una sentencia de 1986 haya escapado a su control. Indudablemente que ella se manejó con alguna otra versión, que no coincide con la que tiene el ministro García”, sostuvo.
Según la sentencia, en el interrogatorio y en el momento de la muerte de Roslik también estuvo presente el entonces teniente Alberto Loitey, candidato a intendente de Soriano por CA en las últimas elecciones. Manini fue consultado por este hecho en la conferencia de prensa y contestó que Loitey “no es dirigente” de CA sino “militante” y añadió: “Hace mucho tiempo que no lo veo”. Consultado nuevamente, dijo que “el documento no dice que él haya participado ni nada por el estilo”. “Yo creo en la palabra de lo que él me dice, como también lo que decía el general Castellá, que indudablemente también lo creyeron Azucena Berrutti y Fernández Huidobro”, finalizó.
“No tengan dudas de que no había conocimiento”
En tanto, en filas del Frente Amplio (FA), la senadora Sandra Lazo, integrante de la Comisión de Defensa, dijo en una rueda de prensa que así como García “tomó conocimiento recién” del documento y a partir de una solicitud de acceso a la información pública, “los ministros anteriores no tuvieron esa información en la mano”. “No tengan dudas de que no había conocimiento, porque todos los oficios anteriores al 21 de julio dicen que no hay información. En uno aparece algo que tira una punta y aparece esta acta, un día antes de que expire el plazo [del pedido de acceso]”, sostuvo.
Además, Lazo subrayó que el ascenso de Castellá a general fue votado “por todos los partidos con representación en el Senado”. Agregó que el FA antes de aprobar una venia de ascenso hace “todo un recorrido”, con “todas las organizaciones vinculadas” a los derechos humanos, y en ese proceso “no surgió esta información”.
Por último, José Bayardi, subsecretario del MDN entre 2005 y 2008, cuando la cartera estaba encabezada por Berrutti, dijo a la diaria que “no cree” que ese expediente “haya estado en conocimiento” de la entonces ministra. “Lo que sí estaba en conocimiento de todos, desde hacía tiempo, es que Castellá había estado, como capitán, en la detención de Roslik”, señaló. Agregó que Castellá “siempre negó” su presencia en el interrogatorio.