El Estado mexicano presentó una demanda civil ante un tribunal estadounidense contra 11 empresas fabricantes de armamento de ese país, al considerar que el tráfico ilegal hacia México está directamente relacionado con el aumento de la violencia, debido a que el armamento frecuentemente termina en manos de los cárteles de la droga y otros grupos criminales.
Durante una conferencia de prensa, el canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que la demanda es parte de la campaña del gobierno contra las armas, informó Associated Press. “La prioridad es que reduzcamos los homicidios”, agregó el funcionario, quien agregó que los dos gobiernos trabajan en estrategias para enfrentar el tráfico de armas.
El recurso legal fue presentado en la Corte de Distrito de Boston, capital de Massachusetts, porque ese estado es la principal base de operaciones de dichas productoras de armas, de acuerdo a lo que informó el portal mexicano Animal Político.
El gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador sostiene que las empresas demandadas saben que sus prácticas contribuyen al tráfico de armas a México y lo facilitan.
En el texto de la demanda se señala que su objetivo es “poner fin a los daños masivos que causan los acusados al facilitar activamente el tráfico ilegal de sus armas a los cárteles de la droga y otros criminales en México”. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que alrededor de 70% de las armas que ingresan ilegalmente al país provienen de Estados Unidos. En 2019, según estimaciones de la cancillería, al menos 17.000 homicidios estuvieron vinculados con esas armas.
El consejero jurídico de la SRE, Alejandro Celori, dijo que el gobierno mexicano pedirá una compensación de al menos 10.000 millones de dólares a las 11 empresas demandadas.
Steve Shadowen, el abogado que liderará el equipo legal que representará a México ante la corte estadounidense, dijo que en los primeros años del siglo XXI los ayuntamientos de al menos 30 ciudades estadounidenses iniciaron juicios similares contra los fabricantes de armas con el argumento de que eran responsables por el incremento de la presencia policial, las hospitalizaciones y otros costos asociados con la violencia provocada por el armamento.
Shadowen dijo también que el litigio durará varios años antes de que haya un veredicto final y que esta es la primera demanda de este tipo que un gobierno extranjero lleva adelante contra fabricantes de armas estadounidenses.
Fuentes de la cancillería mexicana informaron a Animal Político que la Corte en la que se presentó la demanda está integrada por nueve jueces liberales –el total de magistrados es de 11–, por lo que se prevé que el recurso será admitido y es posible que el Estado mexicano logre su cometido.