Poco más de un mes después de las masivas protestas que sacudieron el país en demanda de mayores libertades y mejores condiciones de vida –que fueron convocadas básicamente a través de redes sociales–, el gobierno de Cuba decretó una ley que regula por primera vez lo que considera delitos cibernéticos que pueden estar sujetos a una acción penal.
El Decreto-ley número 35 de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el Uso del Espectro Radioeléctrico, publicado el martes, es una extensa norma en la que se tipifican como delitos una larga serie de acciones, que van desde “la interrupción o destrucción parcial o total de la infraestructura informática” hasta “promover la indisciplina social”.
Los medios oficiales la llamaron “la normativa de más alto rango aprobada en Cuba sobre las TIC” y aseguran que buscan ofrecer lo que definen como “una internet ética y buena para la población”, según consignó la BBC. En esa línea, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, defendió la ley y expresó en su cuenta de Twitter: “Nos asiste derecho a ejercer soberanía nacional sobre ciberespacio con propósito de salvaguardar la paz y bienestar ciudadano. Los cubanos tienen derecho, al igual que los ciudadanos de la Unión Europea y demás países, a recibir y comunicar información veraz y enfrentar utilización ilegal y subversiva de las TIC”.
Pero obviamente tanto dentro como fuera de Cuba surgieron voces que dicen que el único cometido de la nueva ley que ya entró en vigencia es coartar la libertad de expresión y evitar cualquier tipo de crítica al gobierno de la isla que preside Miguel Díaz-Canel.
Laritza Diversent, directora de la consultora legal Cubalex, especializada en temas de derechos humanos en la isla, dijo que la medida del gobierno tiene como objetivo controlar el uso de las redes sociales, que con la expansión de la conectividad en el país se convirtieron en el único espacio con el que cuentan los cubanos para canalizar sus quejas y su incomodidad, algo que se profundizó con la pandemia de coronavirus.
Cuba tiene un único proveedor de internet, la compañía estatal Etecsa, que durante años limitó el acceso de los usuarios a determinados sitios web, desde medios de comunicación hasta sitios de venta de productos.
Después de las protestas del 11 de julio, sitios de monitoreo de tráfico digital detectaron que el proveedor estatal limitó de forma intermitente el acceso de los cubanos a la red, en un aparente intento de contener las manifestaciones.
Ahora, el nuevo decreto y las regulaciones que lo acompañan autorizan legalmente a Etecsa a cortar el servicio de internet cuando el gobierno lo considere oportuno e incluso, imponer multas, decomisar tarjetas SIM o teléfonos a las personas, algo que también sucedía con anterioridad, según numerosas denuncias, aunque ahora esta práctica quedó legalizada.