El debate de cara al probable referéndum sobre la ley de urgente consideración (LUC) —la Corte Electoral está validando las casi 800.000 firmas recolectadas— ya comenzó y tiene como uno de sus ejes principales las tarifas de combustibles, debido a que la norma inauguró un nuevo sistema de fijación que el gobierno aplica desde junio. A raíz de esto es que surgen cambios de precio cada mes y se toma como referencia para esa variación el precio de paridad de importación (PPI), un cálculo teórico sobre lo que le saldría a un importador traer el combustible en las mismas condiciones que Ancap, que realiza la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea).
Esto formó parte del capítulo XII de la LUC, sobre “mercado del petróleo crudo y derivados”, que incluye los artículos 235, 236 y 237, algunos de los que se plantea derogar en referéndum.
Sin embargo, según dejaron claro este lunes fuentes del gobierno a la diaria, no se entiende que el futuro referéndum haga caer el nuevo esquema de fijación de precios. La interpretación que hacen es que como, más allá de lo dispuesto en la LUC se aclara que la última palabra para definir las tarifas de los combustibles corresponde al Poder Ejecutivo, este mantendrá la posibilidad de continuar haciendo ajustes mensuales en función del PPI que calcula la Ursea.
Los artículos 235 y 236 tuvieron un decreto reglamentario que complementó las disposiciones en agosto de 2020, un mes después de aprobada la LUC. Ambos fueron votados por la coalición —con excepción del colorado Germán Coutinho en el Senado y de una diputada de su sector— y también por el Frente Amplio (FA).
El primero establece que el Ejecutivo “aprobará el precio de venta de los diferentes combustibles producidos por Ancap, previo informe preceptivo de la Ursea”, organismo que por la LUC pasa a ser un servicio descentralizado y “deberá explicitar, para cada uno de los productos”, el PPI. Con este insumo y un mensaje de Ancap, “el Poder Ejecutivo actualizará con una periodicidad no mayor a 60 días [decidió hacerlo cada 30 días], el precio máximo de venta al público”. Esto es lo que está ocurriendo desde hace tres meses.
Según se detalla en la página de la Comisión Nacional Prorreferéndum, este artículo “propone una orientación para la fijación de precios meramente mercantil”, por la cual “se omiten fines y cometidos sociales de Ancap promoviendo la desestatización de un servicio público esencial y estratégico”. Agregan que esta norma “habilita la discrecionalidad, supedita lo técnico sobre lo social”.
El artículo 236 encomienda a la Ursea la actualización “de la metodología de cálculo del PPI”, lo que el organismo ya hizo, y el siguiente disparó la conformación de un comité de asesores en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), para delinear “una propuesta integral de revisión, tanto legal como reglamentaria, del mercado de combustibles”. En enero se presentó ese informe y el MIEM ya comenzó a promover algunos de los cambios recomendados, como la eliminación de la mezcla de biodiésel que forma parte de la Rendición de Cuentas a discusión en el Parlamento.
Para estos tres artículos no existe una normativa anterior que modifique la LUC. Antes de su aprobación, lo que ocurría era que el Ejecutivo definía los ajustes cada períodos de tiempo más espaciados que ahora y tomando en cuenta una paramétrica de costos de Ancap, pero eso por su propia definición y no porque surgiera de una ley o reglamentación.
“Afirmación temeraria y fuera de lugar”
Para Gerardo Rodríguez, presidente de la Federación Ancap (Fancap) —uno de los gremios que lideraron la campaña de recolección de firmas contra la LUC—, resulta “clarísimo” y “no puede haber dos opiniones”: si triunfa la opción de derogar los 135 artículos, no puede mantenerse el esquema actual para la fijación de precios.
“Se definió [en la LUC] una nueva metodología de cálculo del PPI y que los ajustes sean mensuales. Luego esos artículos de la ley se ponen a consideración de la gente para que los refrende o impugne, y si la gente resuelve sacarlos de la ley el gobierno debe cumplir”, expresó en diálogo con la diaria.
“Decir que el día de mañana, independientemente del resultado del referéndum, van a seguir adelante [con este sistema] es gravísimo, es una afirmación temeraria y fuera de lugar”, consideró. Además, señaló que más allá que no haya una ley o normativa que quede vigente de caerse estos artículos de la LUC, hay “un espíritu” de modificar el esquema actual que se debe respetar. De triunfar en el referéndum la derogación, señaló, “este esquema se deja de utilizar; puede usarse lo anterior, que era la paramétrica de Ancap, o crear algo nuevo, pero si se mantiene el espíritu de la LUC es un engaño al soberano”, añadió.
Lo dicho desde el gobierno sobre este punto, para Rodríguez, “es un disparate: sería desconocer la voluntad del pueblo y eso significa pasar un límite gravísimo”.