Tras varias negociaciones en los últimos días, en la noche del miércoles hubo humo blanco dentro de la coalición en el edificio anexo del Palacio Legislativo, donde la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda votó el proyecto de Rendición de Cuentas. Luego de idas y vueltas, el oficialismo se puso de acuerdo en los temas que estaban trancados y eran considerados más importantes. El primer nudo que se logró desatar fue el del artículo 247, relacionado con los recursos para el programa de atención a la primera infancia (50 millones de dólares anuales), en torno al cual había una puja entre el Partido Colorado (PC) –con su secretario general, Julio María Sanguinetti, como principal impulsor– y el Partido Nacional (PN) por los montos y las instituciones a los que se iba a asignar.
El acuerdo al que llegaron es que del total anual de 2.117 millones de pesos en 2022, 1.237 millones irán para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y 880 millones para los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF), la Administración de los Servicios de Salud del Estado, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT). Para 2023 se estableció que 807 millones vayan al Mides y 1.310 millones a las demás instituciones mencionadas. El PC quería fijar en esta instancia los montos para 2024 y 2025, pero el PN pidió que la asignación para esos años se fije en la próxima Rendición de Cuentas.
El diputado blanco Sebastián Andújar, integrante de la comisión, dijo en una rueda de prensa que el PC planteaba no descuidar “la importancia que tiene el plan CAIF y todo lo que eso conlleva en el tratamiento de los chicos, que se educan, protegen y se alimentan en ese lugar”. “Fue contemplado el reclamo que nos realizaron. También entendieron que estamos saliendo de una pandemia, que todavía tenemos una emergencia sanitaria y que las transferencias que se pueden hacer a través del Mides hoy son una buena herramienta, más allá de otros planes que tiene el ministerio, porque no solamente tiene transferencias económicas. Logramos un buen acuerdo para este artículo, que es el principal que tiene esta Rendición de Cuentas, para ayudar a los más necesitados y los que viven en una situación más precaria”, sostuvo.
Marihuana y zonas francas
En cuanto al artículo 72 del proyecto, que les quitaba el carácter de “dato sensible” a las direcciones de los clubes cannábicos para que el Ministerio del Interior (MI) pudiera acceder a ellos, Andújar adelantó que se votará en contra y saldrá del proyecto. En este caso, era Cabildo Abierto (CA) el que marcaba la diferencia dentro de la coalición, porque quería que quedara por escrito el compromiso que asumió ante la comisión Daniel Radío, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, de que brindaría esa información al MI sin necesidad de que exista ese artículo. Andújar dijo que a CA se le dio “la tranquilidad” de que Radío enviará esa información al MI cuando la cartera entienda que “tiene que diferenciar lo legal de lo ilegal”.
Sobre los 32 millones de dólares extras que pedía ANEP, Andújar dijo que no se tomó en cuenta todo el monto solicitado, pero sí “un buen incremento” mediante el bono de primera infancia y de una parte de lo recaudado por la subasta del espectro radioeléctrico. De esto último se destinará 3% del monto total –aunque el PC quería que fuera 5%–, que dependerá de qué empresa ofrezca más, pero podría llegar a 200 millones de dólares, según supo la diaria, por lo tanto, a la ANEP le podrían tocar cerca de seis millones de dólares por esta vía.
Por último, el artículo 107, que establece la creación de la Dirección Nacional de Zonas Francas dentro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y suprime la Dirección General de Comercio, finalmente fue votado por CA, que en un principio se había mostrado en contra. Andújar sostuvo que CA “entendió el propósito” de la iniciativa: “La reactivación económica y el mejoramiento del comercio en general”.
De todos modos, el diputado cabildante Álvaro Perrone, integrante de la comisión, dijo a la diaria que el artículo de zonas francas lo votaron afirmativamente para que siga el recorrido en el Senado, y en el transcurso de los próximos días se reunirán con jerarcas del MEF “para ver hacia dónde apuntan con las políticas de zona franca y cuáles son esos proyectos que están en camino“. Por lo tanto, “en todo este transcurso hasta el Senado, se definirá”.
Similar actitud toma CA en cuanto al artículo 156, que determina la eliminación de la obligación de mezclar biodiésel por parte de Ancap: lo votaron en la comisión, de tal manera que el Ministerio de Industria, Energía y Minería tenga “tiempo para seguir negociando el contrato” con la empresa Cousa —que abastece la planta de Alcoholes del Uruguay, subsidiaria de Ancap— y pueda dar garantías “de que el Estado no va a tener juicios de reclamos a futuro, como pasó con Pluna”.
FA: programa primera infancia “sigue sin tener un plan de gasto”
La diputada del Frente Amplio Bettiana Díaz, que también integra la comisión, dijo en una rueda de prensa que en todos los artículos sustitutivos que presentó la coalición no encuentran “modificaciones de fondo” que permitan decir que les cambia “la percepción” que tienen de la Rendición de Cuentas: “Hay una retirada del Estado y espacios que empieza a ocupar, a través de convenios, el sector privado”. Además, subrayó que el “juego de negociación” fue dentro de la coalición y no con la oposición, por lo tanto, “el clima de trabajo también es un poco más hostil para llegar a algunos acuerdos”.
En cuanto al cambio en el artículo del programa sobre primera infancia, Díaz dijo que les llama “mucho la atención” que hace pocos días el titular del Mides, Martín Lema, anunció en una conferencia de prensa “cómo iba a gastar esos 50 millones de dólares en transferencias, casi todo en ‘bonos crianza’”; sin embargo, el miércoles “la propia coalición de gobierno les dio asignación presupuestal a otros organismos”.
“Nosotros compartimos que la coordinación tiene que ser interinstitucional, que sólo con transferencias no alcanza, que el abordaje tiene que ser realmente integral, en términos de incluir al MVOT, la ANEP y a muchos organismos del Estado para tener esa visión global. Ahora, esto sigue sin tener un plan de gasto. Podemos intuir para qué se asignan los recursos. Por ejemplo, para un montón de obras CAIF, pero a eso le tenemos que poner recursos humanos, docentes, técnicos y funcionarios. Seguimos sin tener una planificación de ese gasto, y entendemos que no es la mejor forma para discutir sobre fondos públicos“, finalizó.