31 trabajadores de la planta de cemento pórtland de Ancap de Minas fueron enviados a seguro de paro la semana pasada, según informó Diario La Unión y confirmó a la diaria el dirigente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) Richard Ferreira.
El viernes hubo una asamblea conjunta de trabajadores afiliados a la Federación Ancap y al Sunca, en la puerta de la planta. El ente energético tiene tres plantas cementeras: esta, ubicada en el kilómetro 113 de la ruta 8, una en Paysandú y otra en Montevideo, ubicada en Manga, donde se ensaca y expide el pórtland producido en Minas.
Ferreira dijo a la diaria que se trata de trabajadores tercerizados y la explicación que se les dio desde Ancap fue que “no había caja como para asumir los costos de las contrataciones directas que tiene Ancap en el caso de las tercerizadas, y que ya habían hecho la solicitud a la OPP [Oficina de Planeamiento y Presupuesto] para poder afrontar esos compromisos”.
En la asamblea se resolvió “pedir una reunión urgente al directorio de Ancap, y en función de esa reunión” van a convocar al Consejo de Salarios “del grupo de la construcción”. “Vamos a hacer ese recorrido, reclamando el reintegro de los trabajadores en el menor tiempo posible. De no ser así, veremos cuáles son los pasos que vamos a dar”, informó Ferreira.
Según Javier Umpiérrez, diputado del Frente Amplio (FA) por Lavalleja, Ancap también rescindió contratos con las empresas de mecánicos y la de vigilancia. En declaraciones a Diario La Unión, comentó que “23 familias del departamento [...] han quedado en seguro de desempleo porque Ancap no les renovó el contrato a las empresas que cobijan a estos trabajadores, principalmente los mecánicos. Lo que están generando es que la empresa no pueda seguir produciendo, porque faltando sus mecánicos la empresa no puede operar, por lo tanto, hoy estaba casi que sin producir la cementera de Ancap”.
La propuesta de Umpiérrez y la respuesta del ministro
Precisamente Umpiérrez volvió a presentar en esta legislatura un proyecto de ley que establece que toda compra “de cemento pórtland realizada por el Estado” y las personas públicas no estatales “deberá ser de productos de fabricación nacional”, y al menos 50% deberá ser adquirido a Ancap, “salvo cuando esta no pueda atender el suministro”.
Si bien la iniciativa fue presentada a principios del año pasado, recién el 1° de setiembre el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y el subsecretario Walter Verri asistieron a la Comisión de Industria, Energía y Minería de Diputados para dar a conocer su posición sobre el proyecto.
Paganini dijo que en el mercado del cemento existen “dos jugadores grandes: Ancap y Cementos Artigas, con cemento importado”, una empresa más pequeña, que es Cimsa, con una fábrica en Pan de Azúcar, y además “este año ha comenzado a operar una planta nueva, que se llama Cielo Azul, en el departamento de Treinta y Tres”. “Al momento Ancap –antes del ingreso de Cielo Azul– tiene 42% del mercado del pórtland nacional y, en general, la obra pública representa 30% de la demanda total del mercado. El producto Ancap ya llega a la obra pública a través del contratista por el Estado, o de compra directa, y a nuestro entender ya tiene 50% de la obra pública”, informó el ministro, según la versión taquigráfica de la sesión de la comisión.
Para Paganini, el pórtland nacional tiene un alto costo en comparación con la región, debido, entre otras cosas, a que se trata de una unidad productiva que da pérdidas desde hace 20 años. El año pasado, por ejemplo, perdió entre cuatro y cinco millones de dólares, según el jerarca, pero hubo años en que llegó a perder hasta 15 millones de dólares.
Para el ministro, esto también es “un problema, en general, para las obras y para el sector de la construcción en Uruguay, que termina siendo costoso y, al ser costoso, es en realidad la sociedad la que pierde, porque tiene que pagar más caro por el metro cuadrado de construcción”.
“Si lo que se pretende hacer con los precios asegurándole el mercado [a Ancap] es mantener un valor de rentabilidad para que Ancap sostenga su unidad con esa rentabilidad, lo que estamos diciendo es que vamos a pagar la obra pública más cara que el público en general. Eso no nos parece razonable económicamente, porque es derramar en sentido negativo un problema hacia la obra pública, que es lo que hoy pasa. La otra lectura es la siguiente: Ancap va a bajar sus costos para la obra pública y eso lo va a hacer a pérdida. Entonces, tendremos un problema mayor. Francamente, no nos parece que esta solución resuelva nada de lo que tenemos hoy sobre la mesa y, por lo tanto, aconsejamos no avanzar con ella”, sostuvo.
En tanto, Umpiérrez defendió la iniciativa y dijo que un decreto que se dictó cuando se creó Ancap y que fue derogado en 2000 ya establecía que en las obras públicas “no podrá emplearse sino cemento pórtland adquirido directamente de Ancap”, lo que era incluido en los pliegos de las licitaciones. Para el diputado “hay que seguir en ese proceso de fortalecimiento de la industria nacional y estatal que se dio durante el gobierno anterior, con inversiones, que sin duda se deben de haber quedado cortas, pero ese es un tema que ya ha sido discutido. Yo creo que lo que no se pudo hacer en un gobierno, si es bueno para el país y tiene que ver con la defensa de los recursos naturales y minerales, se debería seguir por ese camino”.