Cainfo alerta por “una serie de demandas judiciales” contra periodistas por difamación e injurias

Editar

Entre julio y setiembre hubo ocho demandas judiciales contra periodistas, en su mayoría por parte de funcionarios o legisladores, lo que provocó una advertencia pública a través de un comunicado del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo). La organización mostró “preocupación” por este accionar “que atenta contra la libertad de expresión y la libre circulación de información”.

“La mayoría de las denuncias presentadas refieren a demandas penales por difamación e injurias a raíz de publicaciones periodísticas”, señaló Cainfo. Además, indicó que se trata de un incremento de los casos, ya que en el último informe de la organización se habían registrado tres casos en todo 2020.

“En base a estándares internacionales de libertad de expresión, Cainfo entiende que estas acciones procuran afectar el derecho de los periodistas y generan un ambiente de hostigamiento utilizando el sistema judicial. Además, desconocen los avances acumulados en los últimos años en la materia, que permiten recurrir a mecanismos previos o alternativos, como el derecho a réplica, manifestó la organización.

En la misiva, se repasan las nueve denuncias presentadas. Del director departamental de Salud de Tacuarembó, Juan Miguel Motta, contra José Morales Brum del semanario Tacuarembó Ahora; después de varias instancias judiciales, se llegó a un acuerdo para dar por terminado el proceso, sin consecuencias para el periodista. Del exedil colorado de Maldonado, Pablo Gallo, contra la diaria, Canal 10, La República, Caras y Caretas, FM Gente, Radio Piriápolis; la demanda es por daño moral y lucro cesante, y reclama una indemnización de 300.000 dólares.

La exasesora de OFI, Andrea Valiente, contra Eduardo Mérica de Diario Uruguay; finalmente, el caso se archivó luego de que el periodista acordara un derecho a réplica. El diputado César Vega contra Leandro Grille de Legítima defensa; la demanda de Vega fue rechazada en primera instancia, aunque el legislador anunció su intención de apelar, lo cual no ha concretado.

También del científico Gonzalo Moratorio contra Esteban Queimada de Radio Nacional, buscando una retractación por la vía judicial. Del expresidente del Defensor Sporting Club, Daniel Jablonka, contra Nicolás Musetti de Control orientado; la primera audiencia se realizó el 9 de setiembre. De la integrante de Cabildo Abierto Pilar Silvestre contra la diaria y Caras y Caretas; este jueves se realizó la primera audiencia.

Por último, el secretario general de la Confederación de Funcionarios del Estado, José Lorenzo López, presentó una denuncia por difamación e injurias contra la periodista Ana Laura Pérez; el sindicalista solicitó un derecho a réplica que fue concedido, sin embargo presentó una denuncia penal que aún está abierta.

A estos juicios, informó Cainfo, “se suma la amenaza realizada por la senadora Graciela Bianchi a través de la red social Twitter el 16 de julio al coordinador de informativos de Canal 4, Gonzalo Terra, a quién advirtió que presentaría ante Fiscalía una demanda por difamación e injurias”. También se mencionó la denuncia del periodista del semanario Crónicas del Este, Sergio Secinaro, “que recibió la llamada del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y de uno de sus asesores, reclamando el retiro de una publicación para evitar la presentación de una demanda judicial”.

“Cainfo reitera su preocupación ante este ambiente de hostigamiento hacia periodistas y medios de comunicación, que configura una amenaza a la libertad de expresión y la instalación de un clima de amedrentamiento hacia todo el colectivo que reduce la calidad de la información que llega a la población”, concluye el comunicado.

APU: se busca “silenciar el trabajo de los medios de comunicación”

El Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) expresó “su profunda preocupación por la instancia judicial” que debieron enfrentar este jueves trabajadores de la diaria y Caras y Caretas por la denuncia por difamación e injurias de la cabildante Pilar Silvestre.

“Una vez más desde el sistema político se opta por intentar silenciar el trabajo de compañeros de los medios de comunicación a través de denuncias”, manifestó APU. El sindicato “condena este mecanismo profundamente antidemocrático de presión y silenciamiento de periodistas que se está utilizando con llamativa frecuencia en los últimos tiempos por parte de diversos actores del sistema político”.