El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, solicitó una reunión al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, tras conocerse el caso de un hombre de 28 años, primario en el sistema carcelario, que estuvo 60 días secuestrado por otras personas privadas de libertad en el módulo 11 de la Unidad 4 Santiago Vázquez y fue hallado con signos de desnutrición y tortura.
Según la información que consignó Subrayado, Petit dijo en rueda de prensa que el hombre estaba “con un estado de estrés postraumático parecido al de un náufrago o al de alguien que vivió una penuria extrema”. Agregó que todos los funcionarios penitenciarios con los que habló estaban “desolados, preocupados y preguntándose qué hacer”.
“Los tres poderes del Estado tienen que pensar y trasuntar ese pensamiento en acciones. No se puede responsabilizar a esta administración ni a la anterior, es un grave problema estructural que tiene el país. Nosotros lo hemos señalado varias veces en los últimos años”, expresó el comisionado de cárceles. Subrayó que trabajará “intensamente” por este tema, y que ya estuvo en contacto tanto con autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) como del Ministerio del Interior (MI), la Fiscalía y el Parlamento. “Al horror humano de lo que hacen a veces las personas hay que responder con diálogo, dignidad y política pública”, finalizó.
Además, según informó Subrayado, el MI denunció el caso ante la Fiscalía, y la fiscal subrogante de Flagrancia de segundo turno Sabrina Flores dispuso que intervenga la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, y que se realicen pericias científicas y examen forense de la víctima.
La información y las fotos del estado en que se encontraba esta persona fueron publicadas el sábado en Twitter por el periodista Gabriel Pereyra. El hombre fue derivado a una policlínica de la Administración de los Servicios de Salud del Estado para recibir asistencia, ya que tiene varios problemas de salud: anemia, desnutrición y una infección.
Fuentes confirmaron a la diaria que era retenido y sometido por sus compañeros de celda. Tiene golpes y cortes en el cuerpo, ya que le pegaban con maderas con clavos en la punta, y también una luxación de cadera, asociada a una antigua lesión.
El hombre tiene dos hijos, es de Canelones y hace cuatro meses que ingresó a la cárcel por una rapiña. Luego de conocerse el hecho, se hizo un operativo en el módulo: se abrieron todas las celdas para detectar si había otras personas en esta situación. En el módulo 11 hay alojadas 750 personas privadas de libertad.
El MI emitió un comunicado respecto de este hecho en el que plantea que el jueves sobre las 14.00 un operador penitenciario “tomó conocimiento acerca del estado sanitario” de esta persona, por lo que lo llevó al centro de salud de la cárcel para que sea asistido. “Una vez allí, el médico de guardia lo atiende, quedando en observación por un cuadro de desnutrición”, informó.
“De las primeras averiguaciones se pudo saber que esa persona habría sido extorsionada y maltratada por parte de uno o más compañeros de celda durante varios días”, señala el comunicado.
El MI consignó los pasos seguidos por el INR. Explicó que “un equipo médico realizó un exhaustivo chequeo de esta persona para conocer su estado clínico”. “La situación de esta persona se desconocía a pesar de que semanalmente los policías recorren el módulo revisando el estado de las rejas”, añade el texto.
El comunicado indica también que el caso “se pudo conocer cuando estuvo en otra celda con otros internos y que inmediatamente se dio cuenta a las autoridades competentes”.
El MI informó que se hizo una denuncia ante la Fiscalía de Flagrancia de segundo turno, a cargo del fiscal Sergio Palomeque, y que se dispuso una investigación administrativa “a los efectos de esclarecer los hechos”.
En el operativo realizado se relevó a las 750 personas que están en el módulo 11 y “se pudo determinar que siete privados de libertad sufren un cuadro de bajo peso, en la mayoría de los casos asociado al consumo problemático de drogas”, señala el MI.
Agrega que “el Ministerio del Interior revisará los controles que se realizan entre las personas privadas de libertad con el objetivo de evitar que estas cosas vuelvan a suceder”.