Tras una extensa sesión en la Cámara de Diputados se aprobó sólo con los votos del oficialismo crear una comisión investigadora sobre el Ministerio de Turismo en el período que va desde el 1° de marzo de 2010, cuando comenzó el segundo gobierno del Frente Amplio (FA), hasta el 20 de agosto de 2021, cuando renunció el exministro Germán Cardoso, del Partido Colorado (PC). Esta comisión investigadora tendrá dos denunciantes: uno será el exministro y otro será el diputado frenteamplista Eduardo Antonini.
La moción no contó con los votos del FA, que manifestó durante toda la sesión su disconformidad con que Cardoso, además de ser denunciado, sea denunciante. De hecho, estuvo sobre la mesa la posibilidad de que se instalen dos comisiones investigadoras, una que abarque el período que va del 1° de marzo de 2010 al 29 de febrero de 2020, con Cardoso como denunciante, y otra desde el 1° de marzo de 2020 hasta el 20 de agosto de 2021, con Antonini como denunciante. No obstante, el oficialismo no hizo lugar a esta propuesta y votó que ambos períodos y denuncias estén en la misma comisión, lo que desde el FA es interpretado como una “cortina de humo” para cuidar a Cardoso. La oposición solamente votó que Antonini participara como denunciante.
La comisión investigadora estará integrada por cinco miembros, uno del Partido Nacional (PN), uno del PC, uno de Cabildo Abierto (CA) y dos del FA, y el plazo de trabajo finalizará el 8 de noviembre.
La discusión en torno a la investigadora se remonta al día en que Cardoso renunció al Ministerio de Turismo, en medio de acusaciones del exdirector de Turismo Martín Pérez Banchero, también colorado, sobre presuntas irregularidades en gastos de publicidad. El día que renunció, Cardoso anunció su vuelta a la Cámara de Diputados –cargo para el que fue votado en octubre de 2019– y que pediría la creación de una comisión investigadora para estudiar la gestión desde 2010 hasta 2020, es decir, las gestiones de Héctor Lescano y Liliam Kechichian, dirigentes del FA. Desde la oposición, en cambio, anunciaron que pedirían una comisión investigadora sobre la gestión de Cardoso, tras las denuncias del dirigente de su propio partido.
Durante la sesión de este miércoles, el diputado Antonini dijo que hubo “un período oscuro en el Ministerio de Turismo” durante la administración de Cardoso, “una especie de agujero negro legal”, y afirmó que “es el deber de este Parlamento” que se investigue. Agregó que “el exministro ha estado en la agenda pública desde hace un buen tiempo, y no por una gestión destacada sino por haberse visto involucrado en diversos hechos aparentemente reñidos con la legalidad, la ética y la moral”. Antonini denunció que Cardoso utilizó “como regla la compra directa por excepción y no la licitación pública”, y dijo que “se gastaron dineros públicos sin un parámetro claro”. Además, recordó que Pérez Banchero, “además de atribuirle un sinnúmero de irregularidades, aseguró que fue pedida su remoción por el exministro al negarse a firmar contrataciones que incumplían las normas”.
Honorabilidad
Luego tomó la palabra Cardoso, quien utilizó su tiempo para defenderse de las acusaciones y afirmó que las compras directas por excepción habían sido utilizadas en reiteradas ocasiones durante la gestión de Kechichian. “Tomé la decisión de renunciar al Ministerio de Turismo, no fui cesado; fue una decisión personalísima, reflexionada, que entendía debía de hacer para venir a pedir una comisión preinvestigadora, como lo anuncié la misma noche de la renuncia”, expresó, y agregó: “Fui y soy un hombre honorable y no voy a permitir que esa condición me sea arrebatada por una injusticia que ha alterado mi vida de manera notoria”.
Agregó que renunció al cargo “para descomprimir una situación política tensa en el gobierno, para la coalición republicana y para el propio PC”, pero no por considerarse “culpable de algo”. “El que haya renunciado al cargo no quiere decir que la situación sea justa para mi persona”, añadió. “No me enriquecí, no me favorecí, no favorecí a nadie en mi gestión ni hubo daño patrimonial al Estado”, dijo.
Con respecto a los gastos en publicidad denunciados, “nunca en el Ministerio de Turismo las administraciones anteriores hicieron llamados a licitación por pautas publicitarias, que conste y que quede claro, porque ese fue el procedimiento reiterado por las anteriores administraciones”, dijo Cardoso. Y sobre Pérez Banchero expresó que los expedientes en los que constan las compras de publicidad “fueron avalados con su firma”, por lo que “parece extraño que si estaba en desacuerdo los firmara”. “Si él hubiera advertido algún ilícito podría haber hecho la denuncia correspondiente en la Justicia; no lo hizo porque es abogado y sabe perfectamente que no hubo ningún delito”, dijo, y expresó que el exdirector de Turismo fue relevado de su cargo porque “tenía más de 120 expedientes atrasados” y porque “cometió un grave error al no contratar el stand clásico que tiene el Ministerio de Turismo en la Rural del Prado”.
A la Justicia
Sobre las 19.00 de este miércoles en el FA ya sabían que la coalición no votaría la comisión investigadora sobre la gestión de Cardoso con Antonini como único denunciante, sino que se iba a votar una comisión unificada para indagar sobre ambas denuncias. Desde el FA interpretan que ese no será un ámbito en el que se indague a fondo sobre la gestión del exministro, por lo que finalmente decidieron llevar el tema a la Justicia.
A esa hora y durante un cuarto intermedio, los diputados frenteamplistas dieron una conferencia de prensa. La diputada Cecilia Bottino dijo que este jueves se presentará una denuncia penal contra Cardoso sobre “compras directas observadas por el Tribunal de Cuentas, compras a una sola empresa por montos sin precedentes, gastos excesivos en publicidad y compras realizadas sin contar con informes y asesoramientos previos, ejecución de gastos meses antes de existir actuaciones administrativas que lo justifiquen y que las empresas presentaran sus ofertas, contratación directa a empresa a la que el Banco República no le ha abonado por decisión su Unidad de Prevención al Lavado de Activos y por operar con un banco en Panamá, país que integra la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, y facturas con trámite iniciado meses después de instrumentar el gasto”.