Dentro de la coalición de gobierno la madeja sigue enredada con los artículos de la Rendición de Cuentas que crean el Fideicomiso Integración Social y Urbana, cuyo fin es la regularización de asentamientos, financiado con recursos reasignados de la recaudación de impuestos que en la actualidad van al Instituto Nacional de Colonización (INC).
Tras la negociación en la cámara baja y la aprobación con votos de toda la coalición, en el Senado aparecieron voces contrarias. De los senadores del Partido Nacional (PN), Sergio Botana fue el primero en avisar que no lo votaría tal como llegó, pero luego se sumaron más, y se conformó un grupo para buscar alternativas que integran Jorge Gandini, Carlos Camy, Amin Niffouri y Sebastián da Silva. Además, Cabildo Abierto (CA) tampoco lo votará tal cual fue aprobado en Diputados, y en filas coloradas, por ahora, el sector Ciudadanos no lo apoya.
La semana pasada, el presidente Luis Lacalle Pou dijo en rueda de prensa que “el que quiera un fideicomiso para los asentamientos tiene que votar esta financiación, porque otra no hay”. Fuera de lo dicho públicamente, según supo la diaria por fuentes del oficialismo, Lacalle Pou está “muy molesto” con el rechazo a la iniciativa en el Senado, ya que todos los ministros de la coalición firmaron el mensaje del Poder Ejecutivo que la incluía en la Rendición de Cuentas.
El senador Da Silva dijo a la diaria que dentro del PN aún “no se avanzó nada” con el tema y señaló que pide “un compromiso de gestión y una auditoría urgente” dentro del INC, porque “hoy tiene potencial como para poder cumplir con la demanda de aspirantes a colonos si se hacen las cosas mejor”. Da Silva sostuvo que esta semana tendrán no una, sino “dos mil” reuniones por el tema, para intentar una solución.
La semana pasada, el senador Guido Manini Ríos, líder de CA, planteó al Poder Ejecutivo una vía alternativa para el financiamiento del fideicomiso: “Aprovechar los derechos especiales de giro que se otorgaron al país hace un mes por el Fondo Monetario Internacional [FMI] para retirar emisiones de bonos del mercado y con eso ahorrar el pago de intereses”. “Los intereses que hoy se están pagando por esos bonos, en el entorno de 7%, significan 40 millones de dólares al año, y con ese ahorro se puede atender la realidad de los asentamientos”, dijo Manini.
Pero en filas del PN la propuesta de CA no convence. La vicepresidenta Beatriz Argimón dijo en rueda de prensa que preferiría no acudir al FMI y “en lo personal, no lo consideraría”. A su vez, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, fue por la misma línea y señaló que desde el Ministerio de Economía y Finanzas le informaron que “eso implicaría un endeudamiento con el FMI”. En tanto, Da Silva dijo que tampoco está de acuerdo con la propuesta de CA, porque es “intangible e irrealizable”.
A través de Twitter, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, explicó los alcances de los fondos que habilitó el FMI y subrayó que en caso de utilizarlos, implica el pago de intereses. “La asignación constituye un activo de reserva del país y al mismo tiempo se constituye un pasivo de largo plazo por el mismo importe. Por el activo se gana un interés, en tanto por el pasivo se pagan intereses. Como la tasa activa y pasiva son iguales, el saldo neto de intereses es cero. Si el país decide desembolsar la asignación, ya no cobrará intereses y deberá abonarlos por el pasivo”, indicó.
La tasa de nuestro bono es fija y la de estos fondos variable. Si como todo hace prever las tasas subirán en algún momento del futuro, esta diferencia se puede anular o volverse en contra, más allá de la posibilidad (estimó poco factible, al menos a corto plazo) del rescate
— Isaac Alfie (@AlfieIsaac) September 19, 2021