La Fiscalía chilena abrió una investigación por el violento ataque contra migrantes venezolanos indocumentados, cuyas precarias pertenencias fueron quemadas el sábado en la ciudad de Iquique, en el norte del país.
Según informó AFP, la fiscalía anunció el comienzo de acciones legales tras una manifestación que el sábado reunió a alrededor de 3.000 personas que, con banderas chilenas y carteles con consignas contra la inmigración, protestaron en contra de la creciente llegada de migrantes a la ciudad, sobre todo de venezolanos.
En medio de gritos xenófobos, un grupo de manifestantes quemó las pertenencias de los migrantes que acampaban en la plaza Brasil de Iquique y la intervención policial evitó que los migrantes fueran agredidos.
La fiscal Jócelyn Pacheco, de la ciudad de Iquique, instruyó a la Policía de Investigaciones que investigue los hechos ocurridos “que terminaron con la quema de pertenencias de familias migrantes”, indicó el domingo un mensaje en la cuenta de Twitter de la Fiscalía de la región de Tarapacá.
Pacheco también “dispuso medidas de protección para las víctimas”, entre las que hay niños y ancianos, que tuvieron que huir con lo poco que lograron rescatar y pernoctar en carpas precarias en calles y playas de Iquique.
La violenta protesta ocurrió luego de que, el viernes, la Policía desalojara un campamento en el que estaban viviendo familias de migrantes con niños, en medio de la creciente crisis migratoria en la zona. La situación viene siendo denunciada hace meses, pero discrepancias entre las autoridades locales y nacionales, que se acusan mutuamente de no tomar medidas, no han hecho más que perpetuar el problema. Los migrantes suelen pasar sin registrarse en puestos aduaneros de la frontera seca desde territorio boliviano hacia Chile.
Miles de venezolanos indocumentados han cruzado la frontera entre Bolivia y Chile en los últimos años, particularmente en las zonas aledañas a Colchane, un pequeño pueblo situado en el altiplano andino, a 3.700 metros de altura sobre el nivel del mar, a pocos kilómetros del pueblo boliviano de Pisiga. Desde ese inhóspito lugar los migrantes llegan a Iquique, pero en su mayoría con la intención final de llegar a Santiago, que está 2.000 kilómetros al sur de la ciudad capital de la Región de Tarapacá. Muchos consiguen su objetivo, pero aquellos que no cuentan con dinero quedan a la deriva en Iquique, donde los sentimientos contra los migrantes son cada vez más enconados.
Los hechos ocurridos durante la manifestación del sábado fueron condenados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y por el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, el abogado chileno Felipe González Morales, que calificó el incidente como una “inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables”.
“Lamentamos los hechos ocurridos en Iquique y nos solidarizamos con las familias refugiadas y migrantes venezolanas afectadas. Reiteramos nuestro compromiso para continuar trabajando con las autoridades nacionales, regionales y locales en la búsqueda de soluciones integrales”, expresó la Acnur en su cuenta de Twitter.
Por su parte, otra agencia de la Organización de las Naciones Unidas, Unicef, manifestó “su preocupación por la situación que están viviendo niños, niñas y adolescentes inmigrantes en Iquique” y pide al Estado “garantizar y proteger sus derechos, cumpliendo de esta manera con los tratados internacionales suscritos por el país”.
Paralelamente, varias organizaciones de ayuda a migrantes, de derechos humanos y la Asociación Venezolana en Chile repudiaron los ataques y pidieron al gobierno que encabeza Sebastián Piñera soluciones reales para la problemática migratoria en el norte chileno, como el acceso a albergues con condiciones sanitarias adecuadas, atención de salud, alimentos y el inicio de procesos de regularización para los migrantes.
El ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, manifestó su desacuerdo con la violenta protesta. No obstante, el secretario de Estado manifestó que continuarán “los desalojos en todos los espacios públicos que se requieran” y también “con el plan de expulsiones” de migrantes indocumentados que lleva a cabo el gobierno chileno, aclaró.
Por su parte, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, también se refirió al tema migratorio y acusó que no se ha resuelto el “problema de fondo”, que a su juicio es “el descontrol de la frontera”.
“Las determinaciones no se han tomado como corresponde. Esto no es de ahora, el foco de atención lo tenemos en la frontera, donde hay un descontrol total, donde pasan más de 200 a 300 personas diarias, que el país no ha sido capaz de controlar”, expresó Soria, según informó el diario La Tercera.