Desde distintos ámbitos surgieron reacciones de rechazo al discurso y las amenazas de Jair Bolsonaro y las consignas de sus seguidores durante las protestas del martes. “Nadie cerrará esta corte”, dijo el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Fux, y advirtió que la desobediencia a las decisiones del tribunal, que fue promovida por Bolsonaro, constituye un “atentado a la democracia y un crimen de responsabilidad”. Los delitos calificados de esa manera son los que justifican un juicio político contra un presidente en el Congreso.
Fux agregó que no se debe confundir “la crítica institucional” con las “narrativas de descrédito” que “son difundidas por el presidente”, con “discursos de odio” o con llamados “a desobedecer órdenes judiciales”, lo cual constituye “una práctica ilícita y anticonstitucional”. Fux agregó que el tribunal que encabeza “no tolerará amenazas a la autoridad de sus decisiones”.
Durante las manifestaciones del martes se oyeron reclamos de que se disuelvan el STF, la máxima instancia de la Justicia brasileña, y también el Congreso mediante una “intervención militar”. El propio presidente le advirtió a Fux que debe ponerle límites al ministro del STF Alexandre de Moraes, que investiga a Bolsonaro por varios delitos, y amenazó con que “ese poder puede sufrir aquello que no queremos que ocurra”.
Por su parte, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, decidió suspender la actividad de esa cámara del Congreso prevista para miércoles y jueves. De acuerdo a lo que informó Globo News, esa decisión responde a que después de las protestas Pacheco consideró que no había un ambiente seguro para que el Senado sesionara. La determinación de Pacheco fue leída en Brasil como una forma de poner freno a los avasallamientos del presidente a los poderes Legislativo y Judicial. La suspensión de las sesiones afecta al tratamiento de leyes que impulsa el oficialismo, entre ellas la que determina una renegociación de deudas judiciales estatales.
Pacheco es integrante del partido derechista Demócratas, que dio apoyo parlamentario al gobierno de Bolsonaro en sus comienzos, pero que, ante la deriva autoritaria del presidente, se unió a otros 15 partidos que repudiaron sus amenazas a la separación de poderes y su llamado a las manifestaciones del martes.
Son varios los partidos que impulsan un juicio político contra Bolsonaro, y ya se acumularon más de 130 iniciativas de ese tipo en lo que va de su gestión. Sin embargo, ninguna pasó el filtro de la presidencia de Diputados, que tiene que incorporarlas a la agenda de esa cámara para que comience su tratamiento. Por eso el miércoles, cuando habló el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, políticos y periodistas destacaron que no mencionara en ningún momento la posibilidad de un impeachment.
En su discurso, Lira, que pertenece al partido Progresistas y es un aliado de Bolsonaro, dijo, en referencia al discurso del mandatario, que no puede haber espacio “para el radicalismo y los excesos” y que “es hora de darle un basta a esa escalada, a los ataques en las redes sociales, esa eterna campaña que ya impacta al Brasil real”, que necesita “soluciones para la inflación, se preocupa frente a la pandemia y a los graves problemas de la economía”. Lira advirtió además que “los poderes tienen sus límites”.
Durante las protestas, Bolsonaro reiteró que no aceptará los resultados de las elecciones de 2022 si no se aplica el voto impreso. Un proyecto de instalar ese sistema ya fue rechazado este año por el Congreso. Por eso Lira criticó que se insista en afirmar que el sistema de voto electrónico que se utiliza desde 1996 puede dar lugar a un fraude electoral, y dijo que no se pueden “admitir cuestionamientos sobre decisiones tomadas y ya superadas” como esa. “Una vez rechazada” una iniciativa como esta en el Congreso, “se pasa la página”, dijo.
Uno de los dirigentes que criticaron que Lira no se pronunciara sobre un juicio político fue el gobernador del estado de San Pablo, João Doria, del centroderechista Partido de la Social Democracia Brasileña. “Lamento que él no tenga un compromiso con la democracia, porque si lo tuviera, pondría en el orden del día el impeachment del presidente Bolsonaro. Lamento sinceramente la postura, la actitud y la falta de compromiso del presidente de la Cámara de Diputados con la democracia brasileña”, manifestó.
Este miércoles, cuatro de las principales centrales sindicales del país –Fuerza Sindical, Unión General de los Trabajadores, Central de los Sindicatos Brasileños y Nueva Central Sindical de Trabajadores– pidieron públicamente un juicio político al presidente, informó el portal Carta Capital. La única que no suscribió el pedido, la Central Única de los Trabajadores, ya había manifestado una posición de rechazo al discurso de Bolsonaro.