La fiscal Zoraida Ávalos presentó una iniciativa legislativa que busca facultar a jueces o fiscales la disposición de cadáveres en caso de afectación del orden público.
La normativa tiene como objetivo habilitar legalmente la incineración del cuerpo de Abimael Guzmán, líder de la organización terrorista Sendero Luminoso, quien falleció a los 86 años el sábado en la Base Naval del Callao, donde se encontraba purgando una pena de cadena perpetua.
El proyecto de ley, consignado por el portal peruano Ojo Público, señala que “el juez o el fiscal, según sea el caso, en decisión especialmente fundamentada, podrá disponer del destino final de los cadáveres, cuyo traslado, funerales o inhumación pudieran poner en grave riesgo la seguridad o el orden público”.
La iniciativa legislativa fue enviada a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Prieto, ante la ausencia de un marco jurídico y una regulación específica sobre la disposición final de cadáveres que podrían significar un riesgo para la sociedad, como es el caso del de Guzmán.
Desde que el cabecilla de Sendero Luminoso murió ‒la autopsia determinó que fue a causa de una neumonía bilateral‒, muchas voces pidieron que el cuerpo sea cremado y sus cenizas arrojadas al mar, como forma de evitar que su eventual sepulcro se convierta en un lugar de culto para los seguidores que la organización tiene en el país.
De acuerdo a la legislación peruana, los cuerpos de las personas fallecidas en prisión únicamente pueden ser retirados por sus familiares directos. Pero Guzmán, quien dentro de la organización era conocido como Comandante Gonzalo, desde hacía décadas no tenía contacto con sus familiares, quienes viven en el departamento de Arequipa. Su único familiar con vida es su viuda, Elena Iparaguirre –se casaron en la cárcel en 2010– quien se encuentra presa y que pidió que se le entregue el cuerpo a una persona por ella designada, pero esta petición fue rechazada por el juzgado de la ciudad de Callao, vecina a Lima.
Ante esta situación actuó la fiscal Ávalos, aunque en el Parlamento ya varias bancadas habían empezado a impulsar una legislación sobre el tema. Desde el Ejecutivo que encabeza el presidente Pedro Castillo, en principio se dijo que el tema le correspondía a la Justicia.
“Como gobierno respetamos la ley y la independencia de poderes. No nos corresponde decidir sobre la disposición final del cuerpo del terrorista Abimael Guzmán, pues es competencia del Ministerio Público”, se comunicó en un tuit publicado el domingo en la cuenta oficial de la Presidencia de la República.
Pero ante la insistente presión desde varios sectores, este martes el gobierno anunció que, al igual que los otros dos poderes del Estado, también estaba preparando un proyecto de ley para habilitar la cremación de los restos de Guzmán.
Según informó el diario limeño La República, el ministro del Interior, Juan Carrasco, expresó que “desde el Poder Ejecutivo se está promoviendo un proyecto de ley que dará a conocer el presidente de la República, Pedro Castillo, a fin de permitir la incineración del fallecido terrorista Abimael Guzmán”.
Asimismo, el titular del Interior aseveró que con la mencionada iniciativa “estaremos dando respuesta en torno a lo que se hará con el cuerpo de Abimael Guzmán, quien ya no es sujeto de derecho”.
En la misma línea en que se había expresado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, Carrasco consideró que enterrar a Guzmán sería un paso erróneo porque podría dar paso a mausoleos o lugares de culto al fundador de la organización terrorista que operó activamente en Perú entre 1980 y 2000, causando la muerte o la desaparición de más de 31.000 personas, de acuerdo al informe final elaborado en 2001 por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
“Desde mi posición como ciudadano, considero que el cuerpo de Abimael Guzmán debe ser incinerado, porque de lo contrario ello se convertiría en un tema de apología del terrorismo en el país”, agregó el ministro Carrasco.