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Centro de Montevideo (archivo, agosto de 2016).

Foto: Nicolás Celaya / adhocFOTOS

Portabilidad numérica: prorrogan plazo a consorcio que va a administrar la base de datos

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El comité que lidera el proceso otorgó 45 días más a las dos compañías ganadoras del llamado, tras un pedido que estas realizaron.

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Leído por Andrés Alba.
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El Comité de Portabilidad Numérica, que integran representantes de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel)], la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, Antel, Claro y Movistar, emitió una resolución en la que aprobó una prórroga de 45 días para que las empresas Cleartech y Cietel, ganadoras del llamado para administrar la base de datos, presenten su contrato de consorcio con todas las formalidades.

Esto extiende los plazos de cara a la aplicación de la portabilidad numérica, que fue establecida por la ley de urgente consideración (LUC) y prevé que los clientes de una compañía telefónica puedan cambiarse de empresa manteniendo su número. Para esto es necesaria una serie de cambios a nivel de la operativa del sector, proceso que está comenzando y dirige el Comité de Portabilidad Numérica.

La resolución indica que el lunes pasado un representante del consorcio envió un correo electrónico en el que solicitaba la prórroga. Entre las consideraciones del comité para aceptar este pedido está que “el funcionamiento de los organismos públicos aún se encuentra en proceso de normalización atendiendo al estado de emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país”, lo que podría demorar los trámites.

Días atrás, el titular de la Dinatel, Guzmán Acosta y Lara, dijo a la diaria que “se está trabajando” para que la portabilidad numérica quede activa a partir de “los primeros días de diciembre”.

Como los artículos de la LUC que habilitaron este mecanismo están dentro de los impugnados, el Frente Amplio y el sindicato de Antel solicitaron frenar el proceso hasta conocer el resultado del referéndum. El gobierno agregó en los contratos a firmar con el consorcio una cláusula que exime al Estado de toda responsabilidad jurídica si eso ocurre.

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