Senadores del Movimiento de Participación Popular (MPP) presentarán este lunes dos pedidos de acceso a la información pública ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) y el Ministerio de Industria, Energía y Minería para acceder a mayores detalles sobre el acuerdo por 2,5 millones de dólares que hizo el gobierno con la empresa Multicanal SA, dueña del servicio de televisión para abonados llamado Multiseñal y propiedad de los canales privados de Montevideo, para evitar un eventual juicio.
Los legisladores quieren acceder al acuerdo transaccional extrajudicial celebrado entre el Poder Ejecutivo y la compañía, a los informes de la Ursec y de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) que desestimaban los argumentos de la empresa y a los recursos interpuestos por Multicanal SA.
En 2011 se exhortó a las empresas de televisión para abonados que usaban frecuencias en la banda de 2.500 a 2.690 megahercios –que transmite por sistema de antenas– a que cambiaran de frecuencia, para destinarla para el internet 5G. En diciembre de 2019, se lanzó una subasta para la utilización de esa banda de frecuencia, que usaba Multicanal SA, y la empresa presentó una serie de recursos de revocación, en los que argumentó que dicho cambio generaba interferencias en su señal. Los informes de la Ursec y de Dinatel no dieron lugar al planteo de la empresa.
Ante la amenaza de un eventual juicio por parte de la empresa, el actual gobierno resolvió hacer un acuerdo extrajudicial en el que se determinó que se le pagaría 2,5 millones de dólares y, en contrapartida, la empresa se comprometía a no realizar un juicio y a abandonar la banda de frecuencia que le había sido asignada.
El senador Charles Carrera dijo a la diaria que el objetivo de este pedido es acceder a los expedientes que “llegaron a definir este acuerdo con Multiseñal” y luego definir qué acciones parlamentarias tomar respecto al tema. Según dijo, a la oposición le preocupa que el Estado tome este tipo de caminos ante amenazas de juicio y no tenga una actitud de defensa de los intereses generales. “Ya lo vimos con el puerto, ahora lo vemos con Multiseñal, máxime que en esta situación el gobierno tenía informes de la Ursec y de Dinatel que amparaban el rol del Estado”, ejemplificó.
En la cámara baja, el diputado frenteamplista Gustavo Olmos hizo la semana pasada un pedido de informes para obtener más información del acuerdo. “Nos preocupa porque ante la amenaza de una empresa, el gobierno cede. En el caso de Katoen Natie, sin tener informes técnicos ni evaluación del impacto económico, y en este caso, con informes que dicen que la empresa no tiene razón y la tiene el Estado. Es una debilidad actuar así, cediendo contra la defensa de los intereses de la ciudadanía”, dijo a la diaria el legislador.