Desde julio, a través de un convenio con el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), el Ministerio del Interior (MI) tiene acceso a las direcciones de los clubes cannábicos que funcionan en Uruguay, en el marco de la Ley 19.172 de regulación y control del cannabis. la diaria consultó al Ircca cómo se implementa este convenio, y desde la institución explicaron que consiste en que el instituto le proporciona al ministerio las direcciones “anonimizadas”, sin el nombre de los clubes, de forma que la Policía puede hacerse de esos datos sin intermediarios.
Si bien la Policía ya podía acceder a la dirección de un club a través de un pedido a Fiscalía, que se contactaba con el Ircca y confirmaba si en esa dirección puntual existía un club de membresía, hoy el fiscal ya no tiene que actuar como un intermediario, sino que las direcciones están en poder de un funcionario designado por la cartera, al que la Policía contacta para realizar la misma confirmación ante una sospecha de cultivo ilegal.
Este convenio responde a un pedido por parte del ministerio que viene desde hace al menos dos años, cuando el exministro Jorge Larrañaga planteó la posibilidad de acceder a los datos personales de clubes y autocultivadores por tener la sospecha de que un excedente de lo producido en los clubes se traficaba ilegalmente hacia Brasil. En 2021 un artículo en la Rendición de Cuentas, que luego fue quitado, habilitaba al MI a acceder a estos datos. Si bien la discusión parecía haber entrado en stand by, fue este año que finalmente se agilizó el acceso por parte de la Policía a las direcciones.
“Un piso” para “seguir mejorando el mercado regulado”
Desde el Ircca sostuvieron que esta decisión evita confusiones, en el entendido de que no enfrenta a los clubes con la Policía y resguarda la identidad de sus miembros, y así se lo hicieron saber en una reunión a la Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay (Feccu). La presidenta de la Feccu, María José Miles, dijo a la diaria que si bien le parece la salida “menos mala” a la discusión, les “hubiese gustado” que “el proceso de implementación hubiese sido más comunicado, más transparente”.
“De todas las resoluciones posibles que tenía este conflicto nos parece que es una, dentro de todo, bastante cuidada”, matizó Miles, y señaló que entienden “la demanda que tiene el ministerio hace tiempo”, más allá de “no compartirla”.
Esta resolución, sostuvo Miles, “tiene que ser un piso” para “crecer y seguir mejorando el mercado regulado”, además de “perder ciertos miedos”. Al respecto, planteó que “si lo que estaba trancando eran determinados miedos y ahora tienen esa garantía”, este cambio debe ser “una puerta para poder hacer otras cosas”, como habilitar “licencias con capacidad productiva más amplia”, es decir, pasar de un tope de 21 a 45 kilos anuales, además de eliminar el límite de socios, y que no sean sólo “garantías para el Estado”.
Diego Olivera: “lo más sensible” es “qué quiere hacer la Policía con eso”
Según explicaron fuentes del MI a la diaria, la idea de acceder a las direcciones de los clubes se basaba en no “molestar” a quienes están en “situación regular”, puesto que hubo denuncias de plantaciones ilegales que terminaron por ser de clubes de membresía. Entonces, el hecho de tener de forma anticipada la confirmación de que en un lugar funciona un club permitiría “desestimar” de antemano la denuncia.
Para el exsecretario Nacional de Drogas Diego Olivera la Policía “no tiene impedimento de saber dónde están ubicados los clubes”, por lo que “la legalidad de eso está despejada”; de todas formas, “lo más sensible”, según Olivera, “es qué quiere hacer la Policía con eso”. A su entender, “cuando el tema de los datos se inició en la administración Larrañaga el espíritu era de control” sobre las plantaciones.
“Si el enfoque es despejar dudas, parece razonable; si es para que la Policía esté controlando directamente los clubes, eso sería inconveniente porque supondría generar una sospecha de hecho sobre los clubes”, señaló.
Para Olivera, se está “en un contexto en donde parece haber un enfoque bastante represivo sobre el cultivo de marihuana” por parte de las autoridades; aunque “se ha respetado la legalización”, esta “no se ha ampliado”, y se ha sido “extremadamente duro” con delitos menores vinculados a la marihuana, “como son pequeñas entregas de marihuana o de ingreso de marihuana en pequeñas cantidades a las cárceles”, analizó.
Marcha por autocultivadores presos
La Asociación de Cultivadores de Cannabis se movilizará el jueves con una “concentración y fumata” frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia en reclamo por los autocultivadores registrados que han sido llevados ante la Justicia.
“En particular, en el perfil de presos y presas que han sido claramente víctimas del sistema judicial, se destaca como causa de esas condenas el exagerado uso de la figura de ‘juicio abreviado’, así como de la ‘hipótesis de tenencia no para consumo’”, explicaron en un comunicado, en el que aseguran que “no debiera aplicar en caso de cultivadores y cultivadoras que se encuentran en perfecta regla”.
“Si pretendemos sanear nuestra sociedad de la violencia surgida del narcotráfico, bajo ningún concepto puede ser peor el remedio que la supuesta enfermedad”, sentencian.