La Cámara de Diputados sesionó el martes y votó un proyecto de ley de dos artículos para proceder a la liquidación del consorcio Gas Sayago, una firma que funciona en el derecho privado y es propiedad de UTE (79%) y Ancap (21%). La iniciativa del Ejecutivo, apoyada por el oficialismo, fue votada por el Frente Amplio (FA) aunque planteando reparos con la solución legal, en una sesión donde se reeditó el debate por el fallido proyecto de la regasificadora y las pérdidas asociadas.
El proyecto en cuestión fue remitido a mitad de 2021 por el Poder Ejecutivo y se analizó en la Comisión de Industria de Diputados. En su primer artículo plantea transferir los “activos y pasivos” de Gas Sayago a las dos empresas públicas que son sus accionistas, que serán “sucesores a título universal” de la firma en disolución. El segundo artículo exonera a UTE y Ancap de pagar eventuales deudas que se generen por Gas Sayago con la Dirección General Impositiva, Aduanas y la Administración Nacional de Puertos.
Si bien no hubo mayores discrepancias con el asunto de fondo –la disolución de Gas Sayago, proceso iniciado a finales de 2020 cuando comenzó el mecanismo de liquidación–, hubo choques entre oficialismo y oposición en torno a lo hecho en gobiernos anteriores y los acuerdos para la construcción de una planta regasificadora.
La obra fue impulsada por el FA y nunca se concretó, ya que primero se retiró Argentina como socio estratégico y luego se cayeron los contratos con una empresa internacional para operar la planta y con una contratista para la construcción. En 2018 la entonces oposición impulsó una investigadora en el Parlamento que culminó con una denuncia penal, y el año pasado UTE amplió esa denuncia tras pedir a la consultora PwC una auditoría sobre Gas Sayago.
Parte de estos hechos fueron repasados por Sebastián Cal, diputado de Cabildo Abierto, que ofició de miembro informante. Luego de recordar los inicios del proyecto de la regasificadora en 2007 tras contactos con Argentina, enumeró que en varias ocasiones las autoridades de la época tuvieron la oportunidad de dar marcha atrás y frenar la construcción de la planta.
“No solo hay malas decisiones de gestión, sino que hay claros caprichos políticos. Porque hubo indicios importantes de oportunidades que tuvo Uruguay para no continuar con la regasificadora”, manifestó. Agregó que los estudios realizados fueron “escasos e incompletos”, y que en otros casos se dieron “números forzados para seguir adelante” con la obra.
Cal remarcó que el proyecto de Gas Sayago significó pérdidas para el Estado por 213 millones de dólares hasta el momento, aunque pueden ser más en virtud de los juicios en proceso. A ese monto, debe descontarse la garantía por 100 millones de dólares que se cobró cuando se retiró GDF Suez del proyecto. “Hubo mala administración de los dineros públicos, hubo despilfarro por parte de funcionarios privilegiados que pertenecieron a un emprendimiento que no generó otra cosa que pérdidas y gastos inexplicables”, sostuvo.
Repasó que Gas Sayago sumó 42 millones de dólares por “gastos de administración”, 10,4 millones por “arrendamientos”, 11 millones por “servicios profesionales” y 10 millones por “remuneraciones”. Dentro de estos rubros, aparecen “290.000 dólares de viajes y traslados, 247.000 dólares en capacitaciones” y “211.000 dólares” en servicios para el personal, como compra de “frutos secos, gimnasia laboral y entradas a partidos”. También cuestionó un pago de 1,2 millones de dólares que hizo Gas Sayago “a pescadores artesanales que debieron desplazar” su zona de trabajo por la planta a construirse.
Otro gasto que deberá asumir el Estado es el retiro de los pilotes que se instalaron en una zona del puerto de Montevideo para la futura planta. En virtud de esto, Cal rechazó la respuesta sobre que hay activos de Gas Sayago valuados en varios millones de dólares: “Nadie va a venir a comprar los activos ni por 1% de ese valor, lo que queda de Gas Sayago no vale nada; si encontramos alguien que venga y retire los pilotes gratis; ya es mucho”.
Cal lamentó que ante “la picardía de pertenecer al derecho privado”, no se pueda tipificar “malversación de fondos públicos” a los “responsables” de Gas Sayago, aunque dijo “mantener la esperanza” de que ocurra alguna condena. “La gente siente descreimiento cuando pasan estas cosas y nadie va preso”, sentenció.
“Para no seguir generando algunos gastos derivados de este nefasto negocio, sugerimos votar la liquidación de Gas Sayago”, concluyó el diputado cabildante.
“Una iniciativa multipartidaria”
Por el FA tomó la palabra en primer lugar el diputado Gabriel Tinaglini, quien lamentó “la premura” del oficialismo por votar semanas atrás el texto en la Comisión de Industria, rompiendo así “un acuerdo preestablecido” sobre el tiempo para su tratamiento. El legislador recordó que el proyecto de la regasificadora formó parte de un acuerdo multipartidario en 2010 con foco en la diversificación de la matriz energética, y también dijo que la oposición tuvo sus representantes en los directores de UTE, Ancap y Gas Sayago.
“Fue una iniciativa de neto corte multipartidario”, subrayó, y defendió las ganancias que trajo para el país el proceso de diversificación energética que surgió del acuerdo de 2010. También defendió los procesos de selección de las firmas asociadas al proyecto y los planes de obra, que tuvieron “un extenso análisis” por parte de especialistas locales y extranjeros.
Sobre el contenido del proyecto de ley, Tinaglini mostró reparos a la redacción y sus consecuencias. “Ganan los acreedores de Gas Sayago que están con créditos en disputa judicial”, advirtió, ya que de no disolverse la empresa si no tiene bienes suficientes para responder a las demandas en su contra esos créditos quedan sin cobrar, pero al asumir la responsabilidad UTE y Ancap deberán “hacerse cargo de la deuda”.
También el diputado frenteamplista cuestionó “la auditoría exprés” que contrató UTE en el actual período, y que luego ese documento haya sido utilizado por la Junta de Transparencia y Ética Pública “de forma totalmente direccional” para cuestionar la gestión en Gas Sayago.
“Derroche”, “antipatriota” y “un capricho”
Durante la sesión, el diputado blanco Pedro Jisdonian citó la canción “Derroche” de la cantante española Ana Belén –“Derrochamos, no importaba nada, las reservas de los manantiales; parecíamos dos irracionales, que se iban a morir mañana”–. A su vez, el diputado César Vega, del Partido Ecologista Radical Intransigente, dijo que los políticos deberían “pedir perdón” por lo ocurrido con Gas Sayago y que “la que más salió ganando” con todo el proceso fue Marta Jara, expresidenta de Ancap y de la firma de derecho privado, a quien tildó de “antipatriota” por el juicio realizado al Estado.
A su turno, Martín Melazzi, del Partido Colorado, expresó que “los 113 millones” de pérdida de Gas Sayago “no los pagó UTE, los pagaron todos los uruguayos”. Sostuvo que el gobierno del FA continuó con el proyecto de la regasificadora por “un capricho de niño chico” del expresidente José Mujica. “Todavía nos está costando [esa decisión], gracias a Dios hoy cerramos y liquidamos Gas Sayago”, señaló e indicó que le da “vergüenza ajena” lo ocurrido.