El fiscal especializado en Delitos Complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, definió el archivo de la causa que investigaba el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie para la concesión de la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo hasta 2081.
Rodríguez definió el archivo del caso para todos los investigados en la causa por haber participado en las negociaciones con la empresa belga: el ministro Luis Alberto Heber, el prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés, el subsecretario de Transporte y Obras Públicas Juan José Olaizola y el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo.
Desde la fiscalía señalaron a la diaria que en la investigación penal no se constataron contradicciones fácticas y destacaron que los indagados reconocieron el carácter confidencial que les asignaron a las negociaciones, y añadieron que la consulta a la ANP por parte del Ejecutivo, establecida en el artículo 10 de la Ley de Puertos, se limitó a su presidente.
Para el fiscal Rodríguez esa situación proyectaba un juicio en el que habría una discusión técnica sobre la interpretación de las leyes para determinar aspectos como si se había establecido un monopolio de hecho, con el régimen de preferencias a favor de Katoen Natie, o si se había violado la Ley de Puertos al no consultar al directorio.
Otro punto que pesó en la decisión del fiscal fue que las consultas técnicas realizadas por los denunciantes no podrían ser llevadas como prueba a un juicio, sino que su participación se debía limitar a los fundamentos en los alegatos de las partes, lo que debilitaba su posición en un eventual juicio.
Además, consideró que no tenía elementos para probar el dolo en la actuación de los investigados, al entender que en un juicio penal la Fiscalía debe demostrar que se actuó en busca del perjuicio del Estado.
El viernes, la defensa de los denunciantes señaló a la diaria que si se concretaba el archivo de la causa, pedirían la revisión por parte de un fiscal subrogante, tal como establece el artículo 100.3 del nuevo Código del Proceso Penal, por lo que ahora la causa será revisada por el fiscal de Delitos Económicos de 2° turno, Ricardo Lackner, que abandonará su cargo el 1° de enero y será sustituido por la fiscal Silvia Porteiro.
En tanto, apenas se conoció la noticia, el senador del FA Charles Carrera escribió en Twitter que “resulta llamativa la decisión del fiscal Rodríguez en un caso donde existen decenas de ilegalidades”. “Solicitaremos el reexamen del caso y seguiremos denunciando este acuerdo ilegal, perjudicial e inconveniente”, agregó. A su vez, el senador de la oposición Mario Bergara escribió en la misma red social que la decisión del fiscal es “sorprendente”, y subrayó que estudiarán “detenidamente las 185 páginas del dictamen” y seguramente solicitarán “la revisión del caso”.
En filas de la coalición, el senador del Partido Nacional Jorge Gandini dijo a la diaria que el cierre de la causa, “más allá de la consecuencia judicial, demuestra que las cosas se hicieron bien, ajustadas a derecho, y que finalmente se logró un acuerdo bueno para Uruguay, sobre un juicio millonario que podíamos haber tenido”. En cuanto a lo que señaló Carrera, Gandini dijo que el senador del FA “tiene doble moral”, porque “le sirve la Justicia cuando está de acuerdo con su pensamiento y sus intereses, y la cuestiona cada vez que no toca su música”.
“Ahora, si quieren pasar a una instancia que la ley les habilita, tienen derecho a hacerlo, pero me parece que no cuestionando a la Justicia. Si hubiera dicho lo contrario, ¿qué haría? Sería un gran fiscal. La verdad que lo de Charles Carrera cansa un poco”, finalizó Gandini.
Otra más
A su vez, este lunes el mismo fiscal definió el archivo de la causa que investigaba la filtración a la prensa del Plan de Inteligencia. La filtración ocurrió nueve días después de que el titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Álvaro Garcé, presentara el documento ante la Comisión de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado.
Fuentes de la Fiscalía informaron a la diaria que la negativa por parte del periodista y coordinador de informativos de TV Ciudad, Eduardo Preve, a entregar el documento que recibió en función de preservar la fuente fue “determinante” para el archivo del caso, debido a que cortaba toda línea de investigación.
Si bien en un momento se manejó la posibilidad de que el fiscal pidiera los celulares de los legisladores de la comisión, para el fiscal Rodríguez la medida era desproporcionada e inconducente, en la medida en que no tenía el documento que había utilizado el periodista para su publicación.
Según supo la diaria, cuando hizo la denuncia Garcé entregó a la Fiscalía un documento distinto al que les había dado a los legisladores en su visita a la comisión, por eso cuando el fiscal Rodríguez pidió a los legisladores la documentación que les entregó Garcé los documentos no coincidían. Las fuentes señalaron que la semana pasada Garcé entregó el documento que realmente les había dado a los legisladores explicando que el error se debía a la existencia de muchas versiones del Plan de Inteligencia.
Ante el archivo de la causa, la senadora del FA Liliam Kechichian escribió en su cuenta de Twitter: “¿Pedirán disculpas los que acusaron a los parlamentarios, acusaron al FA y hablaron de traición a la Patria?”.