Para Pereira, el proyecto “descarga el peso de sus costos exclusivamente sobre las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores”, además de que “no toma en cuenta las inequidades existentes dentro del propio sistema, ni analiza otras posibles fuentes de financiación”.
Apuntó a que el gobierno plantea “ir hacia un sistema común” para poder “atender la sustentabilidad financiera de las cajas que están fuera” del Banco de Previsión Social y, sin embargo, consideró que su propuesta se compone de “muchas injusticias”.
En particular, refirió a la caja militar, en la que “se permite que la mitad de los activos de hoy mantengan beneficios y privilegios muy superiores a los del resto”. Asimismo, enumeró que “cobran aguinaldo, beneficio que no tiene ningún otro pasivo en Uruguay”, y que “las viudas de los que hoy cobran aguinaldo, como pensionistas, tendrían derecho a seguir cobrándolo”. Por otro lado, dijo que “los asimilados, como por ejemplo todo el personal de la salud de sanidad militar, sigue teniendo servicios bonificados, lo que permitiría que se jubilaran antes y con menos años de servicios, aunque su actividad no difiera de la de por ejemplo otro médico o enfermera que trabaje en salud pública”.
Por último, Pereira remarcó que el FA “no midió costos electorales, ni realizó costos políticos para aprobar en solitario la reforma de la caja militar en 2018”, ni tampoco los midió al reformar la Caja Bancaria en 2008, la Caja Policial el mismo año ni al impulsar “el proyecto que la propia Caja Notarial había aprobado en 2019”. En resumen, Pereira especificó que estos procesos fueron llevados por el FA mediante diálogos con las instituciones, “respetando derechos y teniendo en cuenta los necesarios equilibrios”. “No estamos viendo esos equilibrios en este proyecto del gobierno”, finalizó.