Este miércoles de tarde vence el plazo de 48 horas que tiene la preinvestigadora que se conformó a solicitud del senador blanco Jorge Gandini con foco en las “presuntas irregularidades ocurridas en la dirección general de Secretaría del Ministerio del Interior (MI) entre los años 2010 a 2017”. Se trata de la denuncia que realizó la actual administración del MI contra Charles Carrera, senador del Frente Amplio (FA) y exnúmero tres de la cartera ministerial, por su actuación en torno al caso de Víctor Hernández, que fue baleado en 2012 en La Paloma en circunstancias no esclarecidas por la Justicia.
Mientras que para el gobierno hubo un accionar ilegal de Carrera al decidir desde el MI darle atención en el Hospital Policial y otros beneficios a Hernández –el disparo que lo dejó parapléjico se presume que salió de la casa de un subcomisario rochense–, para el FA se trató de una “acción humanitaria” para ayudar a la familia.
Más allá de los plazos formales del Parlamento, la coalición ya tenía decidido impulsar la comisión investigadora y eso está previsto que se ratifique el martes, cuando la Cámara de Senadores trate los informes surgidos de la preinvestigadora. Por la mayoría, el nacionalista Sebastián da Silva y el colorado Pablo Lanz apoyarán el pedido de Gandini, mientras que Enrique Rubio, por el FA, se opondrá al planteo.
El oficialismo procura que la investigadora empiece a trabajar este mes y antes de fin de año convoque a prestar testimonio al senador Carrera, además de a Víctor Hernández y su hermano, que también es protagonista de los hechos. Por el Partido Nacional ya está definido que los senadores Amir Niffouri y Graciela Bianchi integrarán la comisión, junto a un colorado y un cabildante; el FA ya anticipó que no participará en esa segunda etapa.
De la prescripción a la presión
A diez años del hecho, la investigación penal llevada adelante en el Juzgado de Rocha no pudo determinar responsables del disparo que dejó a Hernández internado por varios años. “Esta misma semana estos hechos delictivos dejarán de ser investigados por la Justicia”, planteó Gandini en su denuncia, ya que al tratarse de un delito de lesiones gravísimas el plazo de prescripción son diez años. No obstante, sostuvo que “el Parlamento no está impedido de continuar investigando”.
En su argumentación, el senador blanco señaló que “es justo para la víctima y para la sociedad saber qué pasó en esa casa [desde la que salió el disparo], quiénes estaban allí y quién disparó el arma”, pero, además, indicó que “las respuestas a esas preguntas podrían permitir comprender las decisiones” de Carrera como jerarca del MI. Esto último porque Gandini expone la teoría de que el actual senador del FA estaba “convencido” de la responsabilidad de la Policía en el caso de Hernández, y por ese motivo la víctima recibió asistencia en el Hospital Policial, donde estuvo internado tres años, además de cobrar su hermano 20.000 pesos en tickets de alimentación durante varios meses.
“Hay cinco instancias judiciales, de orden penal y también civil, la última en Delitos Complejos [por una denuncia] que presentó el ministro [del Interior, Luis Alberto] Heber. Siendo los procesos judiciales en Fiscalía reservados, es inconveniente [formar una comisión investigadora en el Parlamento], porque puede parecer una presión al Poder Judicial. Es atender los mismos temas y con la misma información, con los mismos testigos e indagados”, dijo Rubio a la diaria.
Entrando en los argumentos políticos, el senador de la Vertiente Artiguista planteó que “el FA dará un debate de fondo” sobre el caso de Hernández y las acciones de Carrera el martes en el plenario del Senado. Pero la oposición no participará en la investigadora porque entiende que el gobierno busca “instalar hechos del pasado” para “distraer la atención” de asuntos del presente “que lo complican mucho”. En resumen, dijo que “la Justicia definirá si estuvo dentro de las normas o no las acciones que por razones humanitarias tomó el MI” para dar atención a Hernández.
Desde el oficialismo, Gandini dijo el martes en rueda de prensa que se deberán analizar “elementos nuevos que involucran a otras personas que usaron indebidamente el Hospital Policial” por “decisión de jerarcas del MI”, casos que aclaró “no están en la Justicia”. En diálogo con la diaria, el senador Da Silva dijo que hubo “un manejo muy discrecional y no ajustado a derecho de los dineros del Estado” por parte de las autoridades del MI.
En su denuncia, Gandini expuso que en el caso a estudio hubo “un uso irregular del Hospital Policial”, “ingreso ilegítimo de Hernández [el hermano de la víctima, que fue el acompañante durante la internación]” en el centro médico, “uso indebido del Hospital Policial por otras autoridades ministeriales”, “prestaciones médicas ilegítimamente percibidas por Víctor Hernández”, además de “prestaciones dinerarias [tickets de alimentación]”, “utilización ilegal de vehículos oficiales y de emergencia móvil” e “incitación por funcionario público a demandar al Ministerio del Interior”.
A su vez, el senador blanco planteó la “normativa presumiblemente violentada” por el legislador del FA: los delitos penales de “fraude, abuso de funciones, revelación de secretos, encubrimiento”, así como corrupción (artículo 3 de la ley cristal) y vulneración “de numerosas disposiciones que regulan la ética de la función pública (Ley 19.823)”.
El caso de Hernández
En la noche del 12 de noviembre de 2012 en La Paloma (Rocha), Víctor Hernández, de 26 años, recibió una bala perdida al salir de su casa, que se presume provino de la vivienda de enfrente, donde se estaba celebrando el cumpleaños del subcomisario Marcos Martínez. El caso tuvo varias instancias judiciales, pero hasta el momento nadie fue responsabilizado por los hechos.
Tras el incidente, se inició una investigación administrativa que derivó en el sumario del subcomisario y una denuncia penal por lesiones, que fue archivada en 2014 por falta de pruebas. Al tomar el caso, el abogado Roberto Ferreira pidió el desarchivo de la causa en marzo de 2015, pero volvió a ser archivada en 2019. Ante la existencia de nuevos elementos, la aparición de un testigo e irregularidades en la preservación de la escena, el caso fue reabierto en setiembre de 2020. En paralelo, en setiembre de 2016 se realizó la primera demanda civil por daños y perjuicios, que también fue archivada debido a que el caso no estaba aclarado desde el punto de vista penal.
El programa Santo y seña emitió en julio un informe con las denuncias contra Carrera en base al testimonio de Hernández y su hermano, en línea con la denuncia presentada por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en la Fiscalía. También se difundió una grabación de una reunión que tuvo lugar en 2013 en el despacho de Carrera, en la que participaron la víctima, su hermano y su madre. Allí el actual senador del FA le aclaraba a la familia de Hernández que estaban recibiendo una atención “totalmente excepcional” y que “cuanto menos se hable de que ustedes están en el hospital [Policial], mejor”.
El día después del informe televisivo Carrera se defendió y planteó que el entonces ministro, Eduardo Bonomi, recibió a organizaciones sociales que denunciaron el hecho y pidieron contención para el hombre y su familia, y que se dispuso una investigación interna para esclarecer el caso.