Este jueves, la sesión extraordinaria del Senado tuvo como orden del día “plantear una cuestión de fueros en repudio de prácticas incompatibles con un sistema democrático”, relacionadas con el “espionaje realizado” a los senadores del Frente Amplio (FA) Mario Bergara y Charles Carrera. Estos hechos surgieron de la investigación del caso del exjefe de seguridad de Presidencia Alejandro Astesiano, específicamente, de los chats que revelan que una empresa de “seguridad e investigación” con sede en Miami le encomendó la elaboración de “fichas” con “información personal” sobre ambos senadores del FA, según informó días atrás la diaria.
El plenario se citó a pedido de la oposición, y cuando se fijó, el martes de tarde, parecía que en la coalición no había dudas de que se realizaría, pero este jueves, en una reunión de bancada de Senadores del Partido Nacional (PN) aparecieron diferencias. Según supo la diaria por fuentes blancas, el senador nacionalista Sergio Botana se mostró contrario a que se hiciera una sesión por este tema, porque no quería ser “comentarista de chats” y porque tanto la empresa con sede en Miami como Astesiano son “chantas”. Pero finalmente la sesión se llevó adelante y toda la coalición asistió.
La senadora de la oposición Liliam Kechichian, coordinadora de bancada, sostuvo que lo que llevó a impulsar la sesión extraordinaria es la información “–que nadie ha desmentido– de espionaje a los compañeros senadores frenteamplistas Bergara y Carrera. Este hecho, desde nuestro punto de vista, es alarmante en sí mismo [pero] no es aislado”, apuntó. Se enmarca, dijo, en las acciones de una organización criminal que integraba el exjefe de seguridad presidencial. “Instalada en la Torre Ejecutiva, esa organización utilizaba todo el aparato del Estado, cámaras de seguridad, información privilegiada con fines ajenos al interés público”, dijo.
Carrera y Bergara
“Cuando nos presentamos a una elección, no nos preparamos para esto, ni en lo humano ni en lo político”, dijo Carrera. Agregó que en una primera etapa le dio “mucha bronca” la situación, pero luego, cuando estaba llevando a uno de sus hijos a la escuela y escuchó que su padre “fue víctima de espionaje político”, sintió “la violación” de su “intimidad”. El senador subrayó que lo que hay que saber ahora y le preocupa es “cuál es la información” que tienen sobre él, su familia, sus hijos, etcétera.
“Este hecho es de los más graves de los que tengo conciencia y memoria desde la reapertura de la democracia a la fecha”, indicó, y agregó que “lo más grave es que en este espionaje político participó quien era el jefe de la seguridad presidencial”, y eso, en su opinión, lo transforma en una “traición a la patria”. Subrayó que “hay mucho para investigar”, porque siente que fue “violentada” su intimidad y sus fueros.
El senador destacó que “no hay que minimizar esto porque hay hechos objetivos, pruebas” en las comunicaciones de Astesiano, como “el pago de las comisiones y el encargo de las carpetas personales”, y por lo tanto, “hay que averiguar quién contrató” a la empresa “y por qué es la vinculación con el jefe de la seguridad presidencial”. Además, hay que averiguar “cuáles eran los intereses que lo impulsaban y con quién actuó el señor Astesiano, porque solo no actuaba”.
Bergara, por su parte, señaló: “Qué tristeza que sentimos, porque somos víctimas en lo personal, sí, porque sentimos que son también víctimas quienes nos rodean, nuestro sector político, todo el Senado, pero no sólo por eso, también qué tristeza porque tenemos que estar discutiendo estas cosas ahora, con todos los problemas que hay en el país por resolver, con las circunstancias que atraviesan tantos compatriotas de pobreza, de vulnerabilidad”.
Bergara dijo que la Justicia “dictaminará cuánto de lo que surge de los chats de Astesiano es realidad o humo”, pero que “está claro que fue colocado en un lugar de poder, del manejo de la información más sensible del Estado y la sociedad uruguaya”. “Y desde allí orquestaba corrupción, tráfico de influencias, prácticas mafiosas; la Justicia dictaminará cuánto de cada uno de todos estos detalles efectivamente fueron ciertos, pero no creo que esa deba ser la discusión en el día de hoy. La discusión es que la sola posibilidad de que puedan desplegarse las herramientas del Estado –tan delicadas– en forma de practica mafiosa, para extorsionar legisladores, amerita un pronunciamiento inequívoco de todo el sistema político de que esas prácticas no pueden ser toleradas”, subrayó.
Gandini: “No está probado que se haya consumado”
Luego, el senador del PN Jorge Gandini dijo que los chats afectan “la libertad” de dos senadores de la República, porque revelan “la intención de investigar su vida privada y su intimidad con un objetivo de incidir en sus actitudes o acciones políticas, y eso merece ser repudiado, venga de donde venga”.
El senador blanco dijo que hay que “hilar fino” en algunas cosas que se dijeron en la sesión. Subrayó que “el espionaje como delito no existe en Uruguay”, pero “en el criterio laxo y amplio” de lo que se quiere decir, que él comparte, de “averiguar la vida privada de los legisladores para ver qué se encuentra en ella, como arma para condicionar su voluntad”, en realidad “no está probado que se haya consumado”.
“Por lo tanto, nosotros queremos solidarizarnos con la amenaza, con el acto mafioso de querer averiguar, pero no sobre un hecho consumado como en algunas expresiones que aquí se deslizaron”, señaló. Luego, sostuvo que “de todo esto, el gobierno no tiene absolutamente nada que ver”.
En tanto, el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, dijo que “estamos ante un hecho que, de comprobarse, es muy grave”, y por eso suscribiría la declaración que realizaría el Senado, “probablemente, por unanimidad”. “Es escandaloso y preocupante que se haya querido ensuciar a un integrante de este mismo Senado, y a su familia, atribuyéndole condiciones que no tiene; sin embargo, nadie parece haberse molestado ni solidarizado”, indicó, en referencia a cuando un informe del Instituto Nacional de Colonización lo catalogó de colono.
Por unanimidad
Al cierre de la sesión, las bancadas acordaron una declaración conjunta para repudiar estos hechos. Por unanimidad, los senadores aprobaron un texto en el que se señaló que Astesiano llevó “a cabo acciones para investigar en forma clandestina a dos integrantes del Senado de la República”, con “fines extorsivos a efectos de que se retirara la denuncia penal vinculada a la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo”.
“La sola posibilidad de que se den estas prácticas que podrían erosionar la calidad institucional del país amerita un mensaje inequívoco de todo el sistema político en el sentido de que no serán toleradas acciones que debiliten el funcionamiento democrático del Uruguay”, se indicó.
“Considerando que estas acciones son inadmisibles en un régimen democrático”, el Senado manifestó que “esta situación de posible vulneración de libertades civiles y políticas –en la hipótesis de que se confirmaran– lesionaría los fueros de esta Cámara de Senadores y el Parlamento en su conjunto”.
Se destacó que la Cámara de Senadores “confía en la actuación independiente del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la Nación para determinar los hechos y las responsabilidades que correspondan en la situación que motiva esta declaración”.
Asimismo, la Cámara expresó “su firme rechazo a toda práctica que eventualmente pueda atentar directa o indirectamente contra las libertades civiles y políticas de todos los habitantes de este país” y recalcó que la respuesta unánime de todos los partidos es un “acto de reafirmación democrática que fortalece el compromiso de respeto y defensa de las instituciones republicanas del Uruguay”.