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Marcha por la accesibilidad e Inclusión, el sábado 3 de diciembre, en el Centro de Montevideo.

Foto: Camilo dos Santos

Personas con discapacidad reclamaron el cumplimiento de sus derechos en la 12ª Marcha por la Accesibilidad e Inclusión

3 minutos de lectura
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Por la “ausencia del Estado” y el aumento de “recortes” se ha visto afectada su calidad de vida, porque perdieron insumos “imprescindibles”

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“Hoy marchamos por tantos ajustes sin precedentes que afectan directamente a nuestro colectivo, ante el cual el gobierno muestra una total e indiscriminada indiferencia”, dijo Isabel de los Santos, integrante de la coordinadora de organizaciones sociales que planificó la 12ª Marcha por la Accesibilidad e Inclusión, durante la lectura de la proclama que abrió la actividad. La cita tuvo lugar este sábado, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a las 18.30 en la plaza Independencia, desde donde decenas de personas se movilizaron por 18 de Julio hacia la explanada de la Intendencia de Montevideo.

“Cambios en las políticas de prestaciones sociales han afectado servicios y prestaciones en ámbitos como la salud, la economía, la vivienda y la educación, que inciden en nuestra autonomía y calidad de vida”, continuó De los Santos. La vocera explicó que los recortes presupuestales en el ámbito de la salud han generado demoras en la atención médica de “entre tres y cuatro meses” y falta de medicamentos e insumos “imprescindibles”. Además, señaló que “los recursos son insuficientes en el caso de asistentes personales, intérpretes de lengua de señas, sistema de cuidados, asistentes terapéuticos y acompañantes”.

La proclama apuntó también a los recortes y suspensiones de pensiones de personas “que no son autosuficientes” y que sin ese aporte “tampoco pueden acceder al mundo laboral”, e hizo especial énfasis en el caso de muchos jóvenes que pierden el derecho a percibir la prestación al cumplir la mayoría de edad. Para la coordinadora, es importante que quienes toman esa decisión sean un “equipo interdisciplinario idóneo” que evalúe cada caso con conocimiento, a diferencia del personal administrativo actual.

Al respecto de la situación laboral, el reclamo por el cumplimiento de la Ley 19.691, que establece que la cuota de empleados con discapacidad en empresas públicas y privadas debe ser de un mínimo de 4%, y de la Ley 18.651, que garantiza la protección integral de los derechos de las personas con discapacidad, fue reiterado tanto en la proclama como en pancartas. De acuerdo a lo expresado por Xavier Enseñat, integrante de la Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT, en diálogo con la diaria, “hay una ausencia del Estado” que se evidencia en las “ayudas técnicas” y en el incumplimiento de estas leyes.

Según Enseñat, las cámaras empresariales han expresado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que “no saben cómo incluir, e igual quieren los beneficios de la Ley”, pero la experiencia en otros países demuestra que sí se puede y ofrece ejemplos para hacerlo.

Otro representante de la Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT que estuvo presente fue Gastón Alfonsín, delegado del sindicato policial, quien contó a la diaria que dentro de la Policía no existe una capacitación en materia de inclusión. Por esa razón, dentro de su sindicato han trabajado en la implementación de talleres y cursos de lengua de señas y de especialización en trastorno del espectro autista. Alfonsín, que caminó por 18 de Julio cargando una pancarta que decía “Si te incapacitás siendo policía, el MI [Ministerio del Interior] te echa”, explicó que en la actualidad “si dentro del trabajo te incapacitás, pasás a tener un seguro y después una jubilación”, pero hay un proyecto que puede salir el próximo año que elimina esa posibilidad.

Actuar

Entre la multitud, algunos carteles rezan: “Más derechos”, “Que nos tengan en cuenta”, “Lo esencial es invisible al sistema educativo”, “No nos traten como niños, somos adultos”. Quienes los llevan integran la Asociación Down del Uruguay, que existe desde hace 36 años. Una de sus integrantes, madre de una persona con síndrome de Down, es Velki Martínez, que en diálogo con la diaria recordó que uno de los objetivos de la marcha es “que sean respetados los derechos que muchas veces se vulneran”.

Según Martínez, aunque desde la organización suelen presentar propuestas al Estado, pocas veces han tenido respuestas positivas, porque lo usual es que “se recorten beneficios”. De todos modos, sus hijos han logrado “superar los obstáculos” y estudiar o trabajar. “Ya no es un sueño, por eso le pedimos a todo el contexto político, sin importar el color, que lo mire como a un ciudadano más”.

En la misma línea, el pedido se extiende a la comunidad en general: “que la sociedad aprenda a cambiar la mirada, que entienda que todos nacemos con los mismos derechos, que todos tenemos que tener las mismas oportunidades”.

Sobre el final del trayecto, minutos antes de que la comparsa inclusiva Balele comenzara a tocar, Carolina Cosse se acercó a la manifestación. Al ser consultada sobre el trabajo de la Intendencia de Montevideo en lo que respecta a los derechos de las personas con discapacidad, la intendenta manifestó que, “además de desarrollar programas, la Intendencia actúa”, algo que se observa en los planes ABC, en los que “se ha duplicado el cupo obligatorio”. En el primer año del programa, dentro las 1.000 personas que participaron, 300 tenían una discapacidad y en el segundo año, 400. “Vamos a seguir por ese camino, porque eso nos obliga a todos a profundizar nuestra humanidad, a ser mejores verdaderamente”, aseguró.

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