Desde el comienzo de la legislatura, y con el desarrollo de los debates de gobierno y oposición, muchos de los cuales han terminado en el ámbito de la Justicia, se ha instalado el término de que la política uruguaya vive un proceso de “judicialización”.
Este martes, el secretario general del Partido Colorado (PC), Julio María Sanguinetti, abrevó de esta idea al sostener que “el caso [del exministro de Turismo, Germán] Cardoso, el caso del puerto, el del agua, todo termina en la Justicia y la Justicia termina dirimiendo asuntos para los cuales no está en su rol, no está para dirimir conflictos políticos”. Este “no es un proceso uruguayo, ni es un proceso nuevo, esto empezó hace muchos años en Europa”, acotó el expresidente, durante una entrevista con Desayunos Informales.
“No es que la Justicia tenga la responsabilidad o la culpa, o que la Justicia esté desesperada por introducirse en estos temas”, señaló, y entendió que es un Poder Judicial que termina “haciendo un arbitraje político, con todo lo que ello significa, porque las decisiones políticas generan consecuencias políticas y se les impone a jueces responsabilidades muy grandes”.
Según Sanguinetti, “uno puede discutir ciertas cosas en un cierto terreno, pero no necesariamente en el terreno de la justicia”, y para juzgar cómo actúan los jerarcas “están los recursos administrativos, para eso está el Tribunal de Cuentas y para eso está el Tribunal de lo Contencioso [Administrativo], que es específicamente un órgano de contralor de la legalidad administrativa”.
Sin embargo, “hay cosas que sí son de la justicia”, como el caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano. Para Sanguinetti, “es un caso de un delito, y de un grupo de delincuentes de una banda de coimeros de las que desgraciadamente cada tanto han aparecido en las administraciones”, pero, como “el funcionario que aparece involucrado era jefe de la custodia del presidente, el tema sale de la crónica policial y se traslada al ámbito político”.
Esto provoca, para el dirigente, que se salga “de las apreciaciones jurídico-penales lógicas” y se entre en “un sistema de 'golpeo al gobierno o no golpeo al gobierno'”, y se producen “excesos de lenguaje” que terminan “en que ya no estamos discutiendo un tema de pasaportes ilegítimos y estamos discutiendo una ‘crisis institucional’, como se ha llegado a decir, cuando es exactamente lo contrario”.
“Si hay algo que ha funcionado en este episodio son las instituciones, y a la que está funcionando ahora, que es la fiscalía, déjenla trabajar tranquila”, explicó, y recordó el inicio de este caso, cuando se detuvo a Astesiano a su vuelta al país, luego de acompañar al presidente de la República a unas vacaciones con su familia. En ese entonces “la Dirección de Inteligencia subordinada al presidente había informado a la fiscalía, estaban investigando a la custodia sin que supiera el presidente, al que se podría haber informado”, lo que demuestra para Sanguinetti, “la forma independiente, regular, estricta en la que han actuado los órganos de la institucionalidad”.
Los mensajes del presidente
Al ser consultado sobre el pedido que recibió la fiscal del caso, Gabriela Fossati, de no recuperar del celular de Astesiano los mensajes que intercambió con el presidente, puesto que podrían tener información personal y familiar, Sanguinetti le restó importancia y señaló que “eso la fiscal lo aclaró, que había habido una comunicación equivocada entre ellos”, y “en cualquier caso” es la magistrada quien se encargará de discernir qué chats escrutar.
En definitiva, para el expresidente, “los chats están, Presidencia dijo que sí, la fiscal es la que tendrá que tener cuidado para deslindar la paja del trigo, porque puede haber comunicaciones muy personales o de todo tipo, porque la custodia siempre está cerca, son las personas más cercanas que tiene un jerarca”.
Consecuencias
Para el dirigente colorado, el hecho tiene “una magnitud real, que es una bandita organizada para vender pasaportes espuriamente, es un tema delictivo”, pero se preguntó: “¿Afecta a un ministro, a jerarcas del gobierno? No”.
El caso, como dijo, adquirió “una dimensión política”, que “naturalmente afecta, porque la opinión pública, a su vez, se ve muy confundida por todo este debate político”, pero “no hay ninguna crisis de nada, hay un tema delictivo, sin duda penoso para el presidente”.
“Lo que estamos esperando es un dictamen fiscal y una decisión judicial, y ahí se verá claramente cómo son las circunstancias”, puesto que hoy se debate “todo en el terreno de suposiciones, no es menos, ni es más”.
De acuerdo a Sanguinetti, “son temas que en la opinión pública tienen, llamémosle, el interés o el apasionamiento que naturalmente se presta al debate”, y que mientras “la oposición ha exagerado, quizá el gobierno no ha comunicado bien”. El expresidente llamó entonces a “bajar el ruido” y eventualmente “la fiscal dirá: 'este es responsable, este no es responsable', y atengámonos a las consecuencias. Son temas indudablemente delicados que deben manejarse con seriedad y probidad”.
Sanguinetti citó el caso del exministro Cardoso como un ejemplo de judicialización del debate político. El exsecretario de Estado y ahora diputado está involucrado en la contratación por publicidad a la firma Kirma Services, supuestamente con sede en Estonia, pero que luego se probó inexistente; si bien la investigación sobre algunos colaboradores honorarios del Ministerio de Turismo aún continúa, este lunes el fiscal Gilberto Rodríguez decidió archivar la investigación sobre el propio Cardoso.
“La historia nunca se puede revertir; nunca debió existir nada, pero existió”, reflexionó Sanguinetti, y señaló que el caso “tuvo sus consecuencias penosas”, puesto que a Cardoso “se lo sometió a un año de angustia, sufrimiento, expectativa, porque son temas indudablemente muy complejos”.
“Creo que el pronunciamiento del fiscal es claro y revela lo que siempre sostuvimos, que podemos discutir en el terreno administrativo”, donde se puede discutir “si esto está bien, está mal, pero de ahí a estos planteamientos de delito realmente es una pena”.