Eduardo Bicho Bonomi falleció esta madrugada en su casa a los 73 años. Ocupaba una banca en el Senado.
Fue el único ministro que se mantuvo los 15 años de gobierno del Frente Amplio. En la primera administración, en 2005, asumió al frente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y durante el segundo y tercer gobierno fue ministro del Interior.
Al frente de esta cartera encabezó la reforma policial, que se basó en la profesionalización de la Policía, respaldada en una fuerte inversión económica.
La reforma policial uruguaya, más celebrada fuera de fronteras que en el país, pasó del modelo “policía cazador”, el que atrapa a la persona que delinque luego de que comete el crimen, a “policía preventor”, con foco en una Policía de proximidad, apostada fuera de las comisarías, que se basa en la tecnología para prevenir y perseguir el delito. En vez de tener mayor carga represiva sobre las acciones, se apuntó a un estudio dirigido a la prevención.
En cuanto a la formación policial, se consolidó el reconocimiento universitario. Se eliminó el régimen de internado, para evitar el alejamiento de la sociedad que sufrían los policías, que estaban internados durante tres años en un régimen estricto y con poco contacto. También se eliminó el cumplimiento de sanciones con privación de libertad (arresto a rigor), tanto para los estudiantes como para los policías en actividad.
La inclusión de tecnología fue un eje central para la gestión. Se incorporó la videovigilancia en las calles, las cámaras de uso personal para policías, las tablets para tomar denuncias, el software El Guardián para escuchas telefónicas, drones, y se jerarquizó el rol del Centro de Comando Unificado, al que se le construyó una nueva sede.
Se aumentaron los salarios de los policías y se sumaron incentivos que aumentaron sus ingresos: presentismo y compromisos de gestión. También se sumó un derecho laboral básico: cobrar la nocturnidad.
El salario de un cabo se triplicó de 2010 a 2019; pasó de 14.000 a 44.000 pesos. Un comisario pasó de tener un salario nominal de 25.000 pesos en 2010 a un nominal de 69.000 pesos. Un comisario general, grado máximo de la Policía, pasó de tener un salario nominal de 42.000 pesos a un nominal de 105.000 pesos.
Los policías tienen 192 horas mensuales de cumplimiento. Además, pueden hacer servicio 222 (horas extra en servicios de seguridad contratados legales) para complementar ingresos. Durante la gestión de Bonomi se redujo la cantidad de horas posibles de 222: el máximo paso de 180 horas por mes (45 por semana) a 50 horas. El objetivo de este cambio fue regular las jornadas laborales y evitar que los policías se excedan en horas de trabajo. En cambio, se impulsó la recuperación salarial para que esta regulación no repercutiera en los ingresos.
Por otra parte, se compraron uniformes adecuados para cada temporada del año y para los distintos roles dentro de la Policía. También se compró equipamiento: chalecos antibalas, cascos, escudos balísticos, linternas. Todos los policías pasaron a tener un chaleco antibalas y casco de uso personal. Antes, los chalecos antibalas y cascos eran de “uso caliente”, es decir, pasaban de un turno a otro.
Además, se invirtió en armamento: armas y municiones. Todos los policías a nivel nacional quedaron dotados con una pistola Glock y se hicieron compras específicas de armas para unidades especializadas.
Se compraron vehículos para patrullaje, camionetas blindadas para el patrullaje, blindados para la Guardia Republicana, camiones para Bomberos y ómnibus para el traslado del personal. También se compraron aviones y helicópteros; y se creó la Policía Aérea.
Hubo importantes inversiones en infraestructura. Se construyó y mudó la Jefatura de Policía de Montevideo. Por otra parte, se inició la reforma de la sede de Policía Científica, entre otras sedes policiales.
En el Hospital Policial se construyó un nuevo quirófano y el CTI de niños se tornó de referencia nacional, con equipamiento único disponible.
Se quitó la norma que impedía el ingreso de personas tatuadas a la Policía. También se eliminó el testeo de VIH obligatorio como requisito de entrada. Se fomentó el ingreso de mujeres a la Policía y se promovió el ingreso de personas a través de llamados públicos. En los últimos llamados públicos del Ministerio del Interior en la anterior gestión, 30.000 personas se inscribieron para ser agentes, 50.000 para ser policías eventuales y 1.500 para cubrir un llamado de 50 cupos de oficiales.
Se creó el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), que son policías que se dedican de forma exclusiva al patrullaje disuasivo en las calles. Los policías que trabajan en el PADO tienen una partida extra de 10.000 pesos.
Se creó la Guardia Republicana, que surge de la fusión de la Guardia de Coraceros y la Guardia Metropolitana. La Guardia Republicana se extendió a nivel nacional y se instalaron destacamentos en Salto, Rocha, Maldonado y Canelones.
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En su gestión, se promovió y aprobó la reforma de la ley orgánica policial (19.315) que regula toda la actividad de policías, delimitando sus deberes y derechos. Si bien la sindicalización es previa, durante su gestión se consolidó como derecho de los policías en esta ley. Esta ley también modificó la escala de grados. En vez de hablar de “personal subalterno” y “oficiales”, pasó a dividirse en “escala básica” y “escala de oficiales”. También se redujeron la cantidad de grados en la Policía: pasaron de 15 a diez.
Se hizo una reestructura operativa de las jefaturas departamentales, reorganizando en zonas y definiendo direcciones zonales. En Montevideo se dividió el territorio en cuatro zonas.
Se fortaleció la División de Género del Ministerio del Interior, que comenzó a funcionar en 2009. Se triplicó el número de unidades especializadas para denunciar violencia doméstica y de género, a las que se suman las más de 270 seccionales policiales de todo el país que deberían contar también con funcionarios capacitados para brindar una primera respuesta adecuada al problema. Las denuncias de violencia doméstica y de género se quintuplicaron.
Además, se creó el programa de tobilleras electrónicas, bajo el control de la Dirección Nacional de Monitoreo, para la supervisión de las medidas cautelares de no acercamiento. La incorporación de tobilleras permitió además el monitoreo electrónico de arrestos domiciliarios de otros delitos.
A su vez, se estableció el Decreto 111, que plantea el protocolo de actuación en materia de violencia doméstica y/o de género en el ámbito del Ministerio del Interior que implica que se deben tomar medidas cuando un policía es denunciado. El protocolo establece medidas administrativas, sancionatorias y reparatorias. Entre las sanciones está el retiro obligatorio y preventivo del arma de reglamento.
En cárceles, se creó el Instituto Nacional de Rehabilitación y se inició la reforma penitenciaria, que tuvo cuatro ejes: la reducción del hacinamiento (bajó de 160% a 97,5%); la incorporación del personal civil, se creó la figura del operador penitenciario y además de la civilización tuvo como consecuencia la feminización de la fuerza del trabajo en cárceles; políticas de rehabilitación y mejora de la calidad de vida.
Hubo un aumento importante de la cantidad de personas privadas de libertad: inició la gestión con 8.000 personas privadas de libertad y la entregó con casi 13.000.
Se sumaron unas 4.000 plazas en las cárceles. Se construyeron varias cárceles, entre ellas la Unidad 1 Punta de Rieles, cárcel de participación público-privada, con casi 2.000 plazas. También se llevó adelante la construcción de la Unidad 12 Cerro Carancho, cárcel de Rivera; la Unidad 19, cárcel de Florida, y la Unidad 25 Pense, cárcel de Soriano. También se construyó una cárcel en Rocha, luego de que murieran 12 personas privadas de libertad en un incendio que fue considerado la peor tragedia de la historia carcelaria.
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Se construyeron los módulos 10 y 11 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar), que cuentan con 1.000 plazas entre los dos. Y se remodelaron sectores y módulos de la cárcel: 2, 3, 4 y 5. En la Unidad 13 Las Rosas, cárcel de Maldonado, también se construyó un módulo.
Se inauguró la Unidad 5 Femenino, cárcel de mujeres de Montevideo, y se cerró la cárcel de Cabildo. También se cerró Cárcel Central, que durante décadas fue la “cárcel vip” y que ahora fue reabierta.
Se dio soporte a la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos, a quien se le cedió en comodato un espacio para que sea su sede y con quienes se convenía para llevar adelante el consultorio jurídico. Por otra parte, se fortaleció el ingreso de las organizaciones de la sociedad civil a las cárceles.
Durante la gestión de Bonomi, las denuncias de todos los delitos aumentaron y la seguridad estuvo en el foco. Fue interpelado 11 veces en su rol de ministro. La frase “Renunciá, Bonomi” era recurrente en la opinión pública y la oposición.
Al cierre de su gestión, la Policía era la institución en la que la población más confiaba, con casi 60% de confianza.