Montecon inició el proceso previo a la demanda contra el Estado uruguayo ante un arbitraje internacional, al activar los mecanismos de solución de controversias previstos en los tratados de promoción y protección de inversiones que Uruguay firmó con Canadá y Chile.
La empresa, que está constituida por la chilena Neltume Ports SA y la canadiense ATCO, entiende que el acuerdo firmado el 25 de febrero de 2021 entre el gobierno y Katoen Natie que otorgó hasta 2081 la concesión de la terminal especializada y la prioridad de los atraques a Terminal Cuenca del Plata (TCP), integrada por Katoen Natie (80%) y la Administración Nacional de Puertos (20%) viola el principio de libre competencia, en la medida en que privilegia la carga a favor de la empresa belga y sólo habilita la participación de terceros si TCP supera 85% de su capacidad.
Según supo la diaria, la activación de estos mecanismos implica la apertura de dos ámbitos paralelos de negociación, correspondientes a cada tratado que podrían llegar a unirse en la medida en que el gobierno nombre a los mismos interlocutores y acepte unificar las negociaciones.
Los dos tratados establecen un plazo de seis meses para llegar a un acuerdo amistoso con el Estado demandado.
En el caso del tratado con Canadá, el texto prevé que el litigio se dirima en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) o un árbitro internacional o un tribunal de arbitraje ad hoc establecido bajo las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi). En el caso de Chile, además del CIADI y un tribunal de la Cnudmi, prevé la posibilidad de que las partes acuerden un ámbito de jurisdicción internacional que entiendan legítimo.
De no alcanzarse un acuerdo en esta etapa, el tribunal internacional que analizará el caso podrá expedirse tanto en relación a la demanda por los perjuicios económicos reclamados por Montecon como a la legitimidad y validez del acuerdo con Katoen Natie, por lo que podría instar al gobierno a dejarlo sin efecto.
En un comunicado difundido este miércoles la empresa subrayó que decidió ir contra el Estado ante “la ausencia de un diálogo tendiente a resolver las situaciones que afectan a Montecon” y sostuvo que las medidas que reglamentan el acuerdo con Katoen Natie “atentan contra la libre competencia de los operadores portuarios, restringen el alcance de las habilitaciones [...] y establecen un monopolio de hecho en favor de TCP”.
Montecon señaló que la intervención del Estado uruguayo en los servicios portuarios generó “graves perjuicios a Montecon y sus accionistas”, los que calculó en “cientos de millones de dólares”, a la vez que entienden que “perjudican seriamente a los usuarios del puerto de Montevideo y al comercio exterior”.
Los accionistas expresaron que “no piden privilegios ni tratos especiales”, sino el restablecimiento del régimen de libre competencia vigente hasta la implementación del acuerdo.
Los costos del arbitraje
En diálogo con la diaria, la licenciada en Ciencia Política e integrante de Redes-Amigos de la Tierra Uruguay Natalia Carrau señaló que entre los mecanismos de arbitraje previstos en los tratados mencionados, el Ciadi, que opera en la órbita del Banco Mundial, es el tribunal más utilizado y el que tiene más jurisprudencia en este tipo de casos.
“Es donde querrías llevar tu arbitraje si fueras una empresa transnacional con mucho para perder”, señaló Carrau, quien advirtió que la mayor cantidad de información vinculada a este tipo de litigios es confidencial, incluyendo la evidencia, los testigos, el monto de la demanda y los argumentos presentados por cada una de las partes, que se conocerán recién cuando termine el caso.
“Es importante problematizar este tipo de instrumentos y los costos que tiene para un país como Uruguay, que tiene 15, 20 años de desarrollo de políticas públicas en términos de agenda de derechos”, expresó Carrau y agregó que si bien algunas de estas demandas contra Uruguay responden a errores en procedimientos administrativos por parte del Estado, otras van directamente “contra un Estado activo, presente, legislando, diseñando e implementando políticas públicas para garantizar el interés general”.
“La regulación del capital transnacional para un Estado del sur global que tiene firmados tratados de inversiones que sigue la teoría económica dominante de que sin inversión extranjera no te desarrollás es un poco difícil”, expresó.
Carrau planteó que si bien Uruguay logró salir de este tipo de arbitrajes con un fallo positivo, como en el caso de Philip Morris, eso implicó una serie de costos como el enfriamiento de las políticas públicas durante el proceso y mencionó otros casos en los que se concretó o se utilizó como elemento de presión el arbitraje internacional, como Farmashop, Aratirí, Petrobras, Italba Corporations y un fondo de inversiones sobre la liquidación de Pluna. “No hay gobierno ni de izquierda ni de derecha que se salve de la guillotina de los arbitrajes”, expresó.
Respecto al caso concreto, Carrau señaló que el acuerdo con Katoen Natie significó “una modificación de la política portuaria muy clara” y fue “parte de una negociación mano a mano con la empresa que dejó muy mal parada a Montecon”. “Debemos esperar que esto le salga muchísima plata al Estado”, comentó.
Carrau dijo que “era esperable que una empresa que tiene capitales transnacionales de países con los que tiene firmado un tratado evaluara y efectivizara una demanda de estas características”. “Desvestimos un santo para vestir otro”, comentó y señaló los costos que implicó para el Estado librarse de la supuesta demanda que anunció Katoen Natie contra el Estado uruguayo y el costo de ceder por 50 años la gestión portuaria.
Las repercusiones políticas
En diálogo con la diaria, el senador del Frente Amplio Charles Carrera, quien presentó junto a Mario Bergara una denuncia penal por el acuerdo que firmó el gobierno con Katoen Natie, sostuvo que “lamentablemente” era algo que la oposición había previsto y anunciado públicamente, pero no fueron “escuchados por el gobierno”. “Se tomaron muchas decisiones equivocadas que terminan con una demanda millonaria contra el Estado uruguayo. Esta vez sí: con altas chances de que salgamos derrotados. Ojalá me equivoque y nuestro país pueda superar este escollo”, agregó.
Carrera señaló que la “génesis de este problema” es el “acuerdo ilegal” que firmó el gobierno con la empresa Katoen Natie. A esto se suma una “nueva escalada en un conflicto” en el puerto, y “las consecuencias son nefastas para la logística que sustenta nuestro comercio exterior”. En suma, manifestó que es “una situación que nos deja con una gran impotencia, porque la vimos venir y no nos escucharon”.
El senador del FA adelantó que en la próxima reunión de bancada de senadores del FA analizarán la posibilidad de citar a las autoridades del Ejecutivo para que “expliquen cuáles son los pasos a seguir” y “por supuesto que vamos a exigir que se asuman las responsabilidades por todo esto, que lamentablemente nos saldrá carísimo”.
Desde Cabildo Abierto (CA) entienden que “a esta altura del partido” el margen para tomar medidas para revertir la situación se “ha achicado” y esperan que Uruguay salga “airoso” del conflicto judicial internacional. Así lo sostuvo el senador Guillermo Domenech, quien agregó que “ahora sólo cabe defender el interés de Uruguay”.
“Nosotros hemos tenido diferencias que son públicas y notorias”, dijo el presidente de CA, en referencia a las críticas de su partido al acuerdo alcanzado con Katoen Natie y al reclamo de garantizar la libre competencia. “Es un tema que ya en esta instancia me supera porque no tengo posibilidades de hacer absolutamente nada, así que lo miro con inquietud”, agregó.
En tanto, el senador colorado Germán Coutinho, que integra la Comisión de Transporte de la cámara alta, prefirió por el momento no hacer comentarios sobre el tema, pero sí opinó que “siempre es bueno que las autoridades vayan a las comisiones invitadas” y adelantó que no tiene ningún reparo en apoyar un pedido de la oposición para que integrantes del Ejecutivo concurran por este tema a la comisión.