Luego del receso de verano y la campaña por el referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado volvió a sesionar este martes y aprobó por unanimidad el proyecto del senador nacionalista Carlos Camy para prorrogar por dos años el plazo que establece el artículo 6 de la Ley 19.247 por el cual los poseedores de armas de fuego deben regularizar su tenencia. El plazo para el registro de armas ya se había postergado en agosto de 2019 por un año, y Camy planteó una nueva prórroga en 2020. Finalmente, la iniciativa se aprobó en comisión con los votos de todos los legisladores, y se decidió que el senador de Alianza Nacional sea el miembro informante en el plenario.
La Ley 19.247 prohíbe la “tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que no hayan sido debidamente autorizados por el Ministerio del Interior [MI], por el Ministerio de Defensa Nacional [MDN] o por ambos, según corresponda”, y establece multas por incumplimiento que van desde las 10 hasta las 1.000 unidades reajustables (entre 14.315 y 1.431.500 pesos). El artículo sexto establece que “quienes ya posean armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados en forma antirreglamentaria” deben regularizar su situación ante el MI o el MDN, y habilita a la “entrega voluntaria” de este tipo de armamento en dichas oficinas sin ningún tipo de justificación, que “serán inmediatamente derivadas al Servicio de Material y Armamento [SMA] del Ejército a los efectos de su destrucción”.
Cuando presentó el proyecto en 2020, Camy argumentó que “no se logró el objetivo que la ley perseguía, que era la entrega de armas de manera voluntaria”, dado que entre 2015 y 2017 sólo llegaron al SMA unas 1.362 armas, cuando “desde 1943 a la fecha hay en el registro aproximadamente unas 605.000”. Agregó que como la tenencia irregular de armas está tipificada en el Código Penal como un delito, “miles de uruguayos están en una situación delictual, con enormes dificultades para poder tramitar el permiso”.
Armas que el Ministerio del Interior lleva a fundición (archivo, febrero de 2011).
Foto: Victoria Rodríguez
Este martes, en la comisión, Camy propuso comenzar a tratar los proyectos que “no revisten la condición de complejos porque pueden lograr la unanimidad o abarcan temas más sencillos”, y puso como ejemplo el suyo. “Aquí se plantea una prórroga hasta el final de esta legislatura y la fundamentación se basa en que se multiplicó por seis la cantidad de armas registradas, porque fueron 12.048 el pasado año y veníamos con un promedio de algo menos de 4.000 en 2017. Eso obedece a algunos ajustes que se hicieron a través del decreto”, señaló, y añadió que el Registro Nacional de Armas del MDN “está desplegando su oficina móvil y sale por todo el interior del país, lo que ha empezado a dar frutos”, por lo que enfatizó en la necesidad de “lograr esta prórroga que, a su vez, tiene una urgencia”.
Camy dijo a la diaria que “la anterior prórroga, lograda por el proyecto de ley que fuera sancionado por unanimidad en noviembre de 2020, así como la vigencia del nuevo decreto reglamentario del año pasado, promovieron la evolución de las regularizaciones de cantidad de personas que tramitó el Thata [título de habilitación para adquisición y tenencia de armas] o lo renovó”. Se pasó de 4.000 regularizaciones en 2018 y 2019 a 12.000 en 2021, “un récord histórico”, destacó el senador blanco.
El senador frenteamplista Charles Carrera respondió que daría su voto a favor, así como su correligionario Enrique Rubio, por entender que se debe “incentivar la tenencia responsable de las armas, y esa ley va en ese sentido”. “En la administración anterior se adquirió tecnología para facilitar los trámites de regularización y eso permitió –en una continuidad y quizás con algún cambio normativo, como mencionaba el senador Camy– el avance de la digitalización y todo lo referente a la tenencia. En ese sentido, estamos para acompañar”, anunció, y finalmente la prórroga se aprobó por cinco votos en cinco.
En diálogo con la diaria, Carrera sostuvo que la Ley 19.247, de 2014, “actualizó el derecho penal interno” al crear los delitos de tráfico interno e internacional de armas, lo que fue un “cambio muy profundo en la normativa” que “tuvo algunas complejidades en la aplicación”. Carrera dijo que la obligación de la inscripción y la regularización “se fue haciendo” y “se tuvo que incorporar tecnología para centralizar en Policía Científica todo el relevamiento y la inscripción”, pero ese proceso “ha tenido una serie de dificultades”, que llevaron a la postergación del plazo ya en las administraciones del Frente Amplio (FA), y se obligó al Poder Ejecutivo a hacer campañas de bien público sobre los cambios normativos.
“Hay que fomentar que todas las armas estén inscritas; lamentablemente hay un mercado negro muy grande”, evaluó Carrera, que fue director general de Secretaría del MI entre 2010 y 2017. El senador consideró que sigue en pie la necesidad de hacer campañas de bien público, “porque si tú tenés un arma y no sabés utilizarla, no tenés la capacitación, no sabés la responsabilidad que tenés, lo que puede pasar es que esas armas terminen en el mundo delictivo”. “La persona que tiene un arma tiene que estar inscrita y cumplir con toda la normativa. Es el camino que tiene que seguir el Estado y fue el camino que tratamos de iniciar en ese momento”, afirmó, y destacó que “antes eran muy laxos los requisitos de la tenencia”.
FA reclamó conocer proyecto unificado de tenencia compartida
Estaba previsto que en la sesión del martes se intercambiaran las prioridades de cada bancada para comenzar a trabajar, y como había informado la diaria, Cabildo Abierto (CA) tiene la intención de priorizar los proyectos de prisión domiciliaria para mayores de 65 años y los de tenencia compartida, que a mediados de 2021 CA y el Partido Nacional (PN) decidieron unificar. Dado que el PN fijó una instancia el 27 de abril para definir prioridades legislativas, el presidente de la comisión, el cabildante Guillermo Domenech, planteó dejar para más adelante la puesta en común de los proyectos con preferencia, pero Carrera aprovechó la ocasión para señalar que el FA aún no tuvo acceso al proyecto unificado sobre tenencia compartida y que no ingresó formalmente a la comisión, por lo cual consideró desafortunadas las declaraciones de Domenech en la diaria, en el sentido de acelerar su tratamiento.
“Por una cuestión política de respeto a la oposición y también de cortesía parlamentaria pedimos conocer ese proyecto de ley. Nos preocupa que esté listo para pasar al plenario cuando, reitero, no lo conocemos”, afirmó Carrera. Si bien coincidió en que “se trabajó arduamente en comisión, a la que concurrieron muchísimas delegaciones”, indicó que no se recibieron opiniones sobre el texto unificado concretamente. Domenech le respondió que “ha sido la senadora [nacionalista Carmen] Asiaín quien actuó como árbitro de las diferencias entre CA, el PN y el Partido Colorado [PC] en la materia”, que “ella es quien ha estado negociando la solución a esas diferencias”, y le prometió que “obviamente el FA tendrá conocimiento del proyecto definitivo”.
Domenech aseguró que “ni siquiera CA lo conoce”, y que el FA “tiene que dar por descontado que el proyecto se va a presentar en esta comisión y van a conocerlo tal como pueda llegar a ser acordado por los partidos de la coalición”. “Les podemos dar la más absoluta tranquilidad de que se va a cumplir con el trámite que se debe, por razones de cortesía parlamentaria pero, además, por razones políticas, como corresponde”, aseveró.
Consultado por la diaria, Carrera dijo que “no se puede estar hablando de que estás priorizando un proyecto mientras el Parlamento no lo conoce”, puesto que “oficialmente lo que hay en la comisión es un conjunto de actas parlamentarias donde hay todo tipo de delegaciones que dieron su visión en contra del proyecto, y después hay dos proyectos: uno de CA y otro del PN; proyecto unificado acá no hay”, enfatizó. Carrera aseguró que el proyecto unificado tampoco le fue presentado a la oposición por fuera de la comisión.
El senador del Movimiento de Participación Popular remarcó que el FA no comparte el espíritu de los proyectos de tenencia compartida y “corresponsabilidad en la crianza”, por entender que “lo que es necesario es inversión en recursos humanos y financieros para que exista un sistema real de protección” del “interés superior del niño”. “El debate no es este de la tenencia compartida, el debate es cómo fortalecés [el sistema] desde la óptica de los niños, niñas y adolescentes. Lo que es necesario es reforzar con recursos presupuestales”, planteó Carrera, y agregó que el Código de la Niñez y la Adolescencia “fue actualizado en 2018”, por lo que tampoco ve con buenos ojos una eventual reforma del código o la creación de una “defensoría del niño, niña y adolescente”, como en algún momento manejó el sector Ciudadanos del PC.