El fiscal de Delitos Sexuales de 4º turno, Raúl Iglesias, se encuentra haciendo una ronda de entrevistas en distintos medios, en las que intenta explicar por qué al tomar la dirección de esa fiscalía decidió archivar 220 casos de los más de 900 con los que se encontró. Asimismo, aclaró en reiteradas oportunidades que estudia medidas a tomar contra el fiscal de Corte, Juan Gómez, en tanto entiende que el pedido de informes sobre los casos archivados que mandó luego de la reunión con la Intersocial Feminista es una “muy grave intromisión”.
Este jueves, en una entrevista con En perspectiva, Iglesias recordó que todas las víctimas de las causas archivadas, si entienden que es incorrecto el procedimiento, pueden pedir que se vuelva a abrir y que el caso lo lleve adelante otro fiscal. Justificó su decisión aclarando que es el primer paso “para ver dónde estaba parado” y sostuvo que todos los casos “ameritaban el archivo”.
Iglesias aseguró que entiende que el proceso de hacer una denuncia que llegue a fiscalía es complejo para las víctimas, pero retrucó diciendo que se trataba de casos que no habían sido abiertos en más de dos años y que no contaban con las pruebas suficientes para avanzar a un juicio por más que él los reabriera. En ese sentido, señaló que en muchos casos había “falta de evidencia” y que no estaba de acuerdo en pedirle a una víctima “que se someta a un análisis médico tres años después, cuando sé que no va a servir para nada”.
Más temprano dijo en Doble click que se lo toma de “chivo expiatorio” por mostrar las carencias que tiene el sistema de justicia uruguayo. A su entender, el proceso de depuración de los casos debería estar en manos del Departamento de Depuración, Priorización y Asignación de Denuncias, que deben analizarlas y proceder a su asignación a la fiscalía correspondiente o disponer el archivo, de acuerdo a las hipótesis previstas por la ley. “Como esto no se hizo, lo tuvimos que hacer nosotros y quedamos como los malos de la película, [como] insensibles”, resumió.
Iglesias aseguró que durante los primeros diez días al mando de la fiscalía, él y su equipo dedicaron más de 18 horas diarias al análisis de los casos más viejos para poder establecer si debían ser archivados. Para eso se pusieron en contacto con víctimas y testigos, y analizaron la cantidad de evidencia recogida en el momento de la denuncia.
También en referencia al trabajo del fiscal de Corte, Iglesias apuntó que estuvo bien en recibir los planteos e inquietudes de la sociedad civil, pero “una cosa es recibir y otra ceder”. Más allá de que el informe que pidió Gómez es “estadístico”, en tanto no tiene una opinión formada, sino que sólo pide conocer la cantidad de casos archivados, el año de la denuncia y el tipo de delito, Iglesias lo considera una intromisión. “¿A algún otro fiscal del país se la pidió? ¿Cuál es el mensaje que se da acá?: si archivás, te investigo. ¿Qué es lo que se pretende?”, preguntó.
Sobre este punto, informó que tomará “las medidas en forma oportuna” y acotó: “Pero las estoy evaluando, porque es muy grave la intromisión, jamás pasó algo así, que se pidieran informes por los archivos. Para mí, hay una clara persecución y una intromisión; eso es lo que sostengo, y si estoy absolutamente convencido de una cosa me tienen que cortar la cabeza para que no siga adelante”.
Respaldo desde el Ejecutivo
Consultado sobre este tema durante una recorrida en Canelones, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, sostuvo que se trata de una situación heredada “en la cual el fiscal [Jorge] Díaz renuncia”, y que para nombrar un fiscal de Corte “se necesita mayoría especial”.
“Supongamos que la coalición no está de acuerdo con el fiscal Gómez; no alcanza”, explicó el mandatario, debido a que se necesita “una mayoría especial en la que deberíamos tener votos de la oposición”.
Por lo tanto, según Lacalle, “si el presidente de la República respalda o no al fiscal Gómez, no digo que poco importe, pero no alcanza”. Hasta ahora el Poder Ejecutivo “no le ha sacado el respaldo” a Gómez, y si el día de mañana la coalición decide que no lo respalda, si no se tienen los votos ”da exactamente lo mismo”.
En particular sobre el fiscal Iglesias, Lacalle entendió que se trata de “un tema muy sensible” y dijo optar por “la separación de poderes” y no inmiscuirse “aunque tenga una opinión”.
El presidente entendió que “cuanto más se bajen los decibeles, cuanto menos esto sea una discusión mediática”, más se logrará “llevar las cosas bien”. “Creo que si esto se convierte en un tema mediático no le hacemos ningún favor a la población, a la gente involucrada en estas causas ni a la fiscalía en sí”, remarcó Lacalle.
Desde diferentes filas
El fiscal ha sido cuestionado desde distintos lugares en los últimos días. Sin embargo, entre los cuestionamientos que ha recibido tanto desde el sistema político como desde las organizaciones sociales, fue el senador de Cabildo Abierto (CA), Guillermo Domenech, el primero en apoyar públicamente a Iglesias.
En su cuenta de Twitter, el excompañero de fórmula de Guido Manini Ríos sostuvo que Iglesias “aplica el derecho y la justicia negándose a ‘cobrar al grito’”. Esto es lo que “pretenden”, según Domenech, “los partidarios de la ideología de género que desean una Justicia flechada al servicio de una doctrina extravagante y maligna”. la diaria consultó a legisladores de CA, quienes prefirieron no expedirse respecto de los dichos de Domenech.
En tanto, el diputado blanco Mario Colman, uno de los representantes que están trabajando para impulsar una reforma del Código del Proceso Penal (CPP), dijo a la diaria que el accionar de Iglesias es un tema de resorte de la Fiscalía y se deben ponderar “aspectos técnicos” y no “mediáticos”, ni por parte del fiscal ni por “los grupos de presión”. “Me parece que toda esta suerte de publicidad sobre el tema no ayuda en nada. Los aspectos técnicos deben ser los primordiales en todo esto”, insistió.
En cuanto a los casos que archivó el fiscal, Colman dijo que no conoce los detalles, por lo que no podría pronunciarse al respecto; no obstante, señaló que le “llama la atención” que se archive “de una” casi 300 casos. Pero señaló otra vez que habría que “interiorizarse en los aspectos técnicos de los archivos” y en que “obviamente, requiere un análisis que se archiven 300” casos, “pero siempre con una mirada técnica, no política ni mediática”.
A su vez, en filas coloradas, el exfiscal y actual diputado Gustavo Zubía –quien también busca reformar el CPP– subrayó en diálogo con la diaria que el archivo de causas es “absolutamente lógico” en el sistema que ha diseñado el CPP, porque “obliga a tener que trabajar con innúmeras causas, a las cuales hasta por definición, hay que priorizar y no se le puede dedicar el tiempo que se les podría dedicar teóricamente”. “Lo que hizo Iglesias fue archivar causas que tenían uno o dos años, con lo cual no fue él el que lo determinó, sino la inercia del sistema. Después de tanto tiempo, es lógico que haya hecho esos archivos”, insistió.
Por lo tanto, Zubía comparte que “un fiscal, lamentablemente, tiene que archivar porque tiene que priorizar para poder dedicar atención a los casos que son más importantes”. El diputado agregó que no le gusta “lo de siempre: la presión de los grupos, en materia de feminismo o causas de esa naturaleza, que apelan al fiscal de Corte para que, violando la independencia técnica, le empiece a pedir explicaciones [al fiscal] y haga investigaciones”.
“Eso me parece una barbaridad, porque el fiscal de Corte tiene derecho a sancionar, pero hacer una investigación es responder a los grupos de presión que sobre este fiscal ya empezaron a operar. Ojo, que por lo que yo sé, Iglesias es un tipo de izquierda, para nada de derecha. Lo que pasa es que no se guía por las presiones de los lobbies. Y me parece perfecto que el tipo maneje criterios e independencia técnica, que es lo que se necesita”, sostuvo Zubía. En ese sentido, subrayó que Iglesias tiene su respaldo “absoluto”.
Además, el diputado colorado le restó importancia al tour mediático de Iglesias, señalando que él conoció a un fiscal que fue “más mediático que Iglesias, que se llamó Gustavo Zubía, y que se opuso al sistema y pateó”. De paso, recordó su propuesta, en la que ha venido insistiendo desde hace tiempo, para una reformulación de la Fiscalía General de la Nación: para que un “triunvirato” –tres fiscales– sustituya al fiscal de Corte y se encargue de los asuntos administrativos de la Fiscalía. Sostuvo que el triunvirato puede “facilitar” los acuerdos políticos que hacen los senadores –por las venias–.