El presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo y el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, declararon el miércoles ante el fiscal especializado en Delitos Complejos de 3er turno, Gilberto Rodríguez, en la causa que investiga el acuerdo que otorgó a la Terminal Cuenca del Plata (TCP) –propiedad de Katoen Natie en un 80%– el área especializada de contenedores del puerto de Montevideo hasta 2081, extendiendo por 50 años una concesión vigente y bajo nuevas condiciones. Se trata de una denuncia presentada el año pasado por senadores del Frente Amplio (FA).
El primero en ingresar a la Fiscalía fue Olaizola, quien tras declarar ante el fiscal Rodríguez se retiró sin realizar declaraciones a la prensa. En la indagatoria Olaizola defendió el acuerdo con la empresa belga en función de los intereses nacionales y destacó la inversión a la que se comprometió la compañía, así como la notificación previa que hubo de una demanda internacional contra el Estado.
Dos horas después llegó a la Fiscalía Curbelo, quien defendió el acuerdo y lo actuado por la ANP, aludiendo al incremento del movimiento portuario en los últimos meses, tras firmarse el acuerdo con Katoen Natie.
“La realidad indica que este reordenamiento de la actividad portuaria a partir del acuerdo celebrado va en la línea correcta de lo que pretendemos para que se desarrolle el puerto un hub logístico y centro de cargas de la región, y que desde Montevideo salgan al mundo en barcos de mayor porte y calado”, manifestó en rueda de prensa.
El presidente de la ANP negó haber incurrido en abuso de funciones y señaló que actuó “ajustado a derecho” y en función de lo que se le pidió. Uno de los puntos en debate y que se machaca desde el FA, es que según la legislación vigente la ANP debe asesorar al Poder Ejecutivo para extender la concesión y los demás integrantes del directorio –el vicepresidente de Cabildo Abierto y la directora de la oposición– se enteraron del contrato por la prensa.
“Para mí es muy claro que el asesoramiento no debía pasar por directorio porque entendimos en su momento, que los servicios tanto jurídica como el departamento comercial hicieron sus informes y nosotros lo elevamos a quien lo solicitó”, expresó Curbelo.
Tras ingresar, declaró durante más de dos horas ante el fiscal Rodríguez, que centró su indagatoria en la legitimidad de la confidencialidad del proceso de negociación con la empresa belga, su rol como presidente de la ANP en esos diálogos y la pertinencia de llevarlos adelante sin el conocimiento del resto del directorio.
Uno de los puntos tratados en la audiencia refirió a los cambios de opinión adoptados tanto desde la presidencia como desde de la división jurídica de la ANP en cuanto a la obligación que tiene el directorio del organismo de asesorar previamente a la prórroga de una concesión portuaria. Esto está estipulado en el artículo 377 de la Ley 19.355, aunque en sus declaraciones del martes ante el fiscal, el ministro Luis Alberto Heber afirmó que Curbelo fue convocado a negociar por su experiencia portuaria y que el acuerdo podría haberse cerrado sin su participación.
Sobre ese punto, Curbelo dijo que actuó ajustado a derecho como presidente de la ANP, entendiendo que en las negociaciones previas a la firma no era necesaria la participación del directorio.
En cuanto a la legitimidad del sistema vigente en el puerto previo al acuerdo, que fue motivo de disputa empresarial –entre Katoen Natie y su competidora Montecon, que opera en los muelles públicos– y política –según el gobierno ese régimen era “irregular” en los gobiernos del FA–, Curbelo dijo que al estar en la ANP como director por la oposición en el período pasado no se opuso a las decisiones tomadas por una cuestión de “lealtad institucional”, si bien siempre tuvo una opinión crítica del asunto.
En las últimas horas se conoció una nota firmada por Curbelo y la secretaria general de la ANP, Laura Reinaldo, en respuesta a una consulta del entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Heber, quien el 7 de abril de 2021 –luego de la firma del acuerdo– solicitaba conocer la pertinencia del asesoramiento preceptivo para instrumentar la prórroga del contrato con Katoen Natie.
Una semana después, Curbelo le respondió al ministro que el artículo 7 de la Ley de Puertos “ha asignado al directorio de la ANP el cometido de asesorar al Poder Ejecutivo en materia portuaria” y que la Ley 19.355 “previó la posibilidad de prorrogar las concesiones portuarias por resolución del Poder Ejecutivo”. Tanto Heber como Curbelo dijeron no recordar la existencia de ese intercambio al ser consultados en Fiscalía.
La confidencialidad y la consulta al directorio
Tras las declaraciones de Olaizola y Curbelo, la Fiscalía recibió al abogado Adrián Gutiérrez, consultante por la parte denunciante, que presentó un informe en el que señaló que según los artículos 10 y 11 de la Ley de Puertos, es cometido de la ANP asesorar al Poder Ejecutivo y que ello está bajo la órbita del directorio.
Además, sostuvo que es ilegítima la confidencialidad de la negociación entre Katoen Natie y el gobierno, ya que debió haberse explicitado en el marco de los mecanismos previstos en la legislación para garantizar la confidencialidad de la información debidamente clasificada.
“No resulta ajustado a derecho sostener que la información que sea catalogada como confidencial permita excluir la participación del directorio de la ANP para el cumplimiento del cometido asignado por ley de asesorar al Poder Ejecutivo. Y ello aplica respecto de todos los integrantes del directorio, en tanto órgano colegiado”, concluyó Gutiérrez.
“De acusado a acusador” y la respuesta de Gandini
“Es más de lo mismo: no se hacen responsables del cúmulo de ilegalidades y arbitrariedades que cometieron. Eso de pasar del rol de acusado a acusador es una estrategia de comunicación”, dijo a la diaria el senador del FA Charles Carrera, uno de los denunciantes, a raíz de las declaraciones de Luis Alberto Heber y Rodrigo Ferrés ante Fiscalía, el martes.
Carrera subrayó que la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos está investigando “una denuncia fundada” que hicieron desde el FA por una cantidad de “irregularidades”, de las que se deben hacer responsables los jerarcas de este gobierno. Además, dijo que si el gobierno quisiera analizar la situación de Montecon, “que le saquen la calidad de operador portuario” y vayan contra la empresa.
“Pero ellos [el gobierno] fueron contra el pueblo uruguayo, entregando el negocio más rentable del puerto, que es el manejo de los contenedores, en un monopolio a una empresa privada. Se la benefició en más de 2.000 millones de dólares y no hay ningún beneficio para el pueblo uruguayo. No se defendió el interés general, sino el privado”, sostuvo.
Además, Carrera resaltó que Katoen Natie inició un juicio contra el Estado en 2003, “reclamando algo muy similar a lo que hoy le otorgó este gobierno en forma ilegítima [la preferencia para la descarga de contenedores]” y culminó con una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que rechazó los argumentos de la empresa.
“Este gobierno cuando fue oposición era duro, denunciaba. Y si existían irregularidades en el puerto, ¿por qué no las denunció? ¿Por qué no actuaron sobre las ‘ilegalidades’ cometidas por Montecon?”, preguntó el senador del FA en referencia al paso de Curbelo por la ANP en el período pasado como director de la oposición.
“Hubo mucha desidia. La empresa presentó el plan de inversión [en el marco del acuerdo], la administración permitió que corriera el plazo y se aprobó en forma tácita. Nadie que vaya a levantar una pared en su casa o a comprar un auto actúa con tanta desidia en el manejo de su patrimonio y mucho menos en el manejo del patrimonio público, porque hay normas”, sentenció.
El senador blanco Jorge Gandini señaló a la diaria que lo dicho por Carrera, que los jerarcas pasaron de acusados a acusadores, “está bastante atrasado en el tiempo”; esto porque entiende que el juicio de la empresa que el gobierno actual pudo “evitar con el acuerdo” surgió “por la administración del FA en el puerto y en el Ministerio de Transporte”.
Recordó lo que aconteció en 2008, cuando se terminaron las inversiones de Katoen Natie en la terminal que obtuvo “por un proceso competitivo de remate” y el puerto llamó a licitación para arrendar piso en una zona pública; al llamado se presentaron cuatro empresas, una de ellas, Montecon, que fue “descalificada por intentar un fraude”, presentando “más de un sobre con distintos precios”.
Gandini dijo que durante un año, mientras no se adjudicó, Montecon “fue la que explotó esa zona, gozando de la tarifa portuaria más baja que existía”, y después de ese período el ministerio declaró “desierta” la licitación, adjudicándosela “de modo directo, a través de un permiso precario, por tres meses, a la descalificada Montecon”. “A partir de allí, nunca más se hizo una licitación, y de modo casi automático, cada tres meses, le renovó ese permiso durante 48 veces seguidas a Montecon”, indicó. Por lo tanto, sobre eso “tendrá que responder en algún momento políticamente, y quizás judicialmente, la anterior administración”, finalizó Gandini.