Fue el 18 de marzo cuando el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) realizó una compra directa por excepción con la asociación Ser Libre para la gestión de una Casa de Medio Camino y dos centros diurnos para la atención de personas con consumo problemático. La primera, con un cupo para 25 personas, y los centros, con cupos para 15 personas cada uno.
La contratación fue hecha por poco más de 13 millones de pesos –exactamente 13.348.793– a pagarse en seis partidas, la primera, por 5.080.063 pesos, y las otras cinco que rondan el millón de pesos.
Según denunció la diputada frenteamplista Micaela Melgar a través de Twitter, Ser Libre es una ONG “amiga del gobierno”, que cuenta en sus filas con “militantes” de la actual gestión.
La diputada dijo a la diaria que el director del equipo técnico de la ONG, Ismael Piñero, ofreció declaraciones a La Mañana respecto de la legalización de la marihuana en las que dijo saber “que hay grupos políticos como Cabildo Abierto” que entienden “que la situación no puede seguir así”.
Asimismo, otro de los responsables de la ONG, Guillermo Castro Quintela, es jefe de Psiquiatría del Hospital Británico, institución con la que el Mides tiene convenio para la asistencia de personas en situación de calle, y fue asesor del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, durante la campaña electoral de 2019.
Al igual que Piñero, Castro Quintela compareció en representación de la ONG ante el pleno de la Cámara de Diputados cuando se debatía la Ley de Regulación y Control del Cannabis y consideró una “falsedad biológica” afirmar que la marihuana es menos dañina que la cocaína.
Melgar recordó que durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Drogas y Adicciones, el 4 de abril de 2013, Piñero cuestionó que “habiendo en el país tantos problemas asociados a las drogas legales e ilegales, se vuelque tanta energía en legalizar una droga” como la marihuana, sobre la que entendió que es “una sustancia psicoactiva, que altera el sistema nervioso central, altera el comportamiento, es tóxica y adictiva”.
En cuanto a la posibilidad que habilitaba –y finalmente habilitó– la ley de regulación del cannabis respecto del autocultivo, Piñero consideró que “con ese criterio, un consumidor de pasta base podría fabricar la pasta base en su casa o un consumidor de cocaína, fabricarla en su casa”. En esa ocasión también recordó que el consumo “no está penado en el país, lo que está penado es la producción y la venta, y pretendemos que siga siendo así”.
Asimismo, en su momento, el director de Ser Libres recordó que “el consumidor responsable” debería “hacer esa renuncia, ese sacrificio [no legalizar], en función de la sociedad”. Por lo tanto, según Piñero en su momento, “el daño es mayor legalizando, porque se habilita un espectro muy amplio de aumento del consumo, por la accesibilidad, el bajo costo, la aceptación social y la mejor calidad”.
Los dichos de Piñeiro van “en contra de la normativa que ya tiene establecida el país, porque nosotros tenemos una estrategia nacional”, sostuvo Melgar, y se mostró preocupada de que los centros nocturnos pasen a ser manejados por Ser Libre.
De acuerdo a Melgar, “las propias declaraciones del médico a cargo” se dieron “muy por fuera de lo que se ha demostrado que funciona”.
Postura del Mides
Consultada al respecto por la diaria, la nueva directora general de secretaría del Mides, Karina Goday, sostuvo que “las contrataciones de esta asociación fueron totalmente hechas acorde a derecho” y se hicieron “siguiendo los procedimientos administrativos respectivos”.
Goday dijo que dentro del Mides sorprendió “el tenor de los tuits”, puesto que “lo que sucede es que no terminamos de entender el mensaje que se quiere transmitir” por parte de Melgar. “Realmente nos gustaría ver constancias que nos ayuden a bajar un poco, sobre todo porque es una red social y por el respeto que nos merece que venga ni más ni menos que de una diputada”, añadió, y aseguró que desde el ministerio están “a disposición las constancias que tienen que ser necesarias”, porque “si hay algo que en el ministerio se cuida es la transparencia”.
Por último, la jerarca se refirió a la vinculación con el gobierno y aseguró que “hay resoluciones de las administraciones anteriores en las que se contrata expresamente a esta organización”. “Se las podemos hacer llegar con mucho gusto, para que vean que es una organización que ya venía siendo contratada desde el año 2014”. Según la documentación, a la que accedió la diaria, Ser Libre firmó un convenio con el Estado en diciembre de ese año para proporcionar soluciones habitacionales a personas “en proceso de inserción social por consumo problemático de drogas”.