Tras una petición del sector Ciudadanos del Partido Colorado y otras voces críticas que surgieron en la coalición, hubo un cambio de postura y en la tarde del martes la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Senadores reconsideró el pedido de juicio político solicitado por la Junta Departamental de Colonia contra el exalcalde nacionalista de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez. El dirigente blanco fue condenado por corrupción y la semana pasada la comisión legislativa había resuelto archivar la solicitud de juicio político, sólo con los votos del oficialismo.
La decisión este martes fue por unanimidad, con los votos de la coalición y el Frente Amplio (FA), que mantuvo su posición original. Sánchez se encuentra en prisión desde hace nueve meses por delitos de corrupción contra la administración pública, tras haber sido condenado a tres años de penitenciaria, y en agregado, la Justicia dictaminó una suspensión de dos años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública –por los plazos, si no es destituido podría volver a asumir el cargo tras cumplir la pena–.
La senadora del Partido Nacional (PN) Carmen Asiaín, quien ha llevado la voz cantante sobre el tema en filas blancas, cuando finalizó el trabajo de la comisión, aclaró en rueda de prensa que lo que se había resuelto en la sesión pasada “no obligaba al Senado a votar en un sentido o en otro”, ya que la comisión es un órgano “que asesora” al plenario de la cámara alta, que toma la decisión final.
“Se resolvió reconsiderar e iniciar el juicio político al alcalde, dándole vista. La postura del PN es de considerar que la ley en la cual se basó un tercio de la Junta Departamental para hacer la acusación de juicio político contra el alcalde es inconstitucional, porque el alcalde no está dentro de las excepciones que prevé la Constitución para que proceda el juicio político”, sostuvo.
La senadora explicó que ese procedimiento corresponde al “presidente y vicepresidente de la República, los ministros de Estado y legisladores”, pero “una ley lo extendió a los alcaldes” y, a su juicio, “no se podía extender por ley”.
Asiaín se refiere a la ley de descentralización y participación ciudadana (19.272), de 2014, que creó el tercer nivel de gobierno. En su artículo 18 establece que “la Junta Departamental tendrá sobre los Municipios los mismos controles que ejerce sobre la Intendencia” y “será de aplicación lo dispuesto en el artículo 296 de la Constitución de la República”. Ese artículo de la carta magna sostiene que “los intendentes y los miembros de la Junta Departamental podrán ser acusados ante la Cámara de Senadores por un tercio de votos del total de componentes de dicha Junta por los motivos previstos en el artículo 93” y el Senado “podrá separarlos de sus destinos por dos tercios de votos del total de sus componentes”.
La senadora del PN subrayó que “los constitucionalistas se han pronunciado sosteniendo la inconstitucionalidad” de esa norma, pero “el problema” es que el Senado no puede “plantear directamente” la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), ya que “tiene que hacerlo el interesado”.
“Al hijo [Pablo Sánchez, también condenado por delitos de corrupción], que es edil, sí le iniciamos juicio político, porque el edil está previsto por la Constitución como sujeto pasivo de juicio político, y fue por los mismos hechos. Esto para mostrar que nuestro celo era realmente por un tema técnico jurídico”, subrayó.
Por último, Asiaín dijo que el PN “condena los hechos que dieron motivo a la condena penal” del exalcalde. “Condena absoluta a eso. Pero es distinto a meternos, como Senado, en un juicio político, que es especialísimo, en un caso en que no corresponde. Nosotros queremos tener certeza, que la da la SCJ”, finalizó.
Terminada la sesión, el sector colorado Ciudadanos emitió un comunicado en el que señaló que fue su senadora, Ana Hunter –suplente de Pablo Lanz–, quien solicitó que se reconsidere el juicio político al exalcalde de Florencio Sánchez. “La solicitud de Ciudadanos surge luego de estudiar el caso y considerar la revisión de la medida en primera instancia de no continuar con un juicio político, a raíz de los hechos de público conocimiento”, señalaron.
Ley permite “actuar sobre los alcaldes”
En filas de la oposición, la senadora del FA Liliam Kechichian, integrante de la comisión, dijo en rueda de prensa que en la sesión hubo un intercambio “correcto”; subrayó que el PN “reafirma” que la ley de descentralización es “inconstitucional”, pero que “no tiene sustento” para argumentar por qué no se aplica una ley que todavía la SCJ no la declaró así. “Reafirmamos lo que habíamos dicho la semana pasada: mientras una ley exista, la tenemos que aplicar. Nosotros consideramos que la ley de municipios, por analogía, así como puede juzgar a un intendente o a un edil, a partir de que existen los municipios también puede actuar sobre los alcaldes”, señaló.
De todas formas, valoró que se aprobó el juicio político, que empieza con darle “vista” al exalcalde, que tiene diez días para argumentar su defensa, “por más que está procesado por delitos graves”, recordó Kechichian. Por último, la senadora subrayó que, para el FA, el final de este episodio tiene que ser la destitución de Sánchez.