Las abogadas Rosanna Gavazzo, Estela Arab y Graciela Figueredo han defendido a muchos militares acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura. Sin embargo, hoy aparecen enfrentadas a dos oficiales presos. Se trata de los coroneles retirados Nelson Coitinho y Hugo Garciacelay, procesados con prisión, según el viejo Código del Proceso, por la muerte violenta del militante comunista Julián Basilicio López en 1976.
En 2011 Coitinho y Garciacelay comenzaron a rendir cuentas ante la Justicia y sus primeras representantes legales fueron las abogadas del Centro Militar. Sin embargo, tras ocurrir algunas situaciones todavía inexplicadas, ambos cambiaron de abogado. Sus nuevos defensores, además, pidieron a la jueza de la causa que citara a declarar a Gavazzo y Figueredo en el afán de arrojar luz sobre la sorpresiva aparición de un documento que podría ser clave para dirimir el caso y que estuvo oculto durante seis años.
Gavazzo y Figueredo debían declarar ante la jueza Isaura Tórtora el 9 de junio. Pero en las últimas horas, y según confirmaron fuentes del caso, ambas presentaron sendos escritos negándose a hacerlo, amparándose en el secreto profesional.
Interrogatorio, caída y muerte
A López lo mataron a golpes en el Grupo de Artillería 1 entre el 4 y el 5 de enero de 1976. Tenía 66 años, había nacido en Tacuarembó, era casado y padre de tres hijos. Jubilado de Cutcsa, se las rebuscaba manejando un taxi y militaba en el Partido Comunista (PCU).
Por ahora, los únicos imputados, y presos, son Coitinho y Garciacelay. La principal prueba en su contra son las actuaciones de la Justicia militar, en las que ambos aparecen “interrogando” a López minutos antes de su muerte.
En el expediente militar, iniciado por el capitán Juan Carlos Pérez, que ofició como juez sumariante, y continuado por el coronel Mario Garrone como juez de instrucción, Coitinho firma que en la madrugada del 4 de enero “el suscrito procedió a hacer llevar a la sala de interrogatorio” al detenido, “para ser interrogado referente a armamento encontrado en su domicilio”.
Según esas actas, en la sala de interrogatorios estaba el teniente Carlos Casco y el entonces alférez Garciacelay.
En esa oportunidad, y luego de “reiteradas negativas”, López habría admitido que su esposa, Paula Bonaudi, había recibido un paquete con armas de parte de José Luis Piccardo, por entonces integrante del aparato armado del Partido Comunista.
De acuerdo a la declaración firmada por Coitinho ante la Justicia militar, tras el interrogatorio Garciacelay condujo a López a su celda. En medio de ese recorrido y tras subir una escalera, el detenido habría forcejeado con el oficial, se habría soltado y, en el impulso, chocado contra una baranda, pasado por sobre ella y caído al vacío desde lo alto. Los golpes recibidos al golpearse contra el piso le habrían provocado una muerte inmediata.
El 5 de enero de 1976 también declaró ante el juez sumariante el oficial Carlos Casco, hoy fallecido. Según su testimonio, Coitinho interrogó a López “con la colaboración del señor alférez Hugo Garciacelay y el suscrito”. Luego relató la misma historia del traslado, el forcejeo y la caída mortal.
También hay una declaración de Garciacelay en ese expediente. Allí confirma haber participado del interrogatorio junto a Coitinho y Casco, y también relata la caída al vacío.
El caso en la Justicia penal comenzó en 1986 y fue reabierto en 2006. Tras múltiples postergaciones, recién en 2020 hubo dos procesamientos. Casco ya había muerto, pero Coitinho y Garciacelay fueron enviados a la cárcel de Domingo Arena. El auto de procesamiento de la jueza Isaura Tórtora –basándose en los oficios de la Justicia militar– establece que “resulta probado” que el 5 de enero de 1976 López, “tras haber sido conducido a la ‘sala de interrogatorios’, fue interrogado mediante apremios físicos que le ocasionaron la muerte”. También que, poco antes de morir, López había admitido haber recibido armas de parte de Piccardo, que enterró en su domicilio.
Golpiza y muerte
Pero si los oficios de la Justicia militar apuntan directamente contra Coitinho, Garciacelay y Casco, existe otro documento que inculpa a otros integrantes del Grupo de Artillería 1, que hasta ahora no fueron acusados.
Se trata de un oficio que habría escrito el cabo Félix Machado poco después de la muerte de López, dirigido al comandante de la guardia del cuartel.
Según ese informe, escrito a máquina, no hubo ni interrogatorio ni caída. En cambio, allí se establece que López se “insubordinó”, que fue reducido y maniatado por soldados y que unas horas después se comprobó que “no estaba bien”.
El documento dice: “Siendo aproximadamente la hora 20.40 del 4 de diciembre de 1976 el detenido 792 (López) se sacó la ropa quedando totalmente desnudo, la venda y la soga de las manos, cuando el Soldado de Primera Antolino Juayeck se acerca, lo toma a golpes de puño y patadas y gritando a los otros que (ilegible) había llegado la hora. Luego el soldado antes mencionado lo dominó mientras el suscrito mantenía (en) orden el alojamiento y consiguiendo una soga para maniatarlo”.
El escueto informe sostiene que el cabo de segunda Carlos Cruz participó controlando al resto de “los detenidos” y que luego llegaron “el Señor Capitán de Servicios Capitán Juan C Pérez y el Comandante de la Guardia Sargento Primero Juan P Olivera”.
Por último, agrega que “siendo aproximadamente la hora 2.00 del día 5 de los corrientes el detenido suspiró hondo y el suscrito se acercó constatando que el mismo no se encontraba bien, dio cuenta al Comandante de Guardia”.
Este informe, que orienta el caso hacia otros responsables, es objeto de controversia.
Santiago Alonso, abogado de Garciacelay, en un manifiesto de prueba presentado ante la jueza Tórtora, sostiene que en 2012 Machado le entregó una copia de este informe a la abogada Figueredo, que era su defensora.
“La referida abogada no presentó este informe en el juzgado y recién en 2018 informó de su existencia a mi defendido, manifestándole que no lo había presentado porque significaba reconocer la culpabilidad del cabo mencionado”, sostiene Alonso en el escrito. El abogado agrega que Figueredo sólo dio a conocer el parte mecanografiado una vez que Machado falleció.
“Sorprende realmente que aparezca después de tantos años un documento que cuenta lo que ocurrió realmente el 5 de enero del 76, y que no fue presentado”, dijo Alonso a la diaria.
También el abogado de Coitinho, Carlos Bustamante, alude al escrito de Machado en su solicitud de prueba. Según Bustamante, Machado “conservó una copia del informe que entregó a alguien del Centro Militar antes de presentarse a declarar en estas actuaciones. Mi defendido y Garciacelay –que ignoraban su existencia– tomaron conocimiento de su contenido en 2018 en una reunión con la doctora Figueredo. En esa oportunidad les entregaron documentos varios correspondientes al proceso y entre ellos se encontraba una fotocopia del informe de Machado”.
Según el oficio que Bustamante dirigió a la jueza y que se encuentra en el expediente, “Garciacelay y Coitinho se mostraron sorprendidos ante la aparición del informe. La doctora Figueredo, quien también se mostró sorprendida, manifestó que no sabía de dónde había salido el documento y que ahora era tarde para presentarlo porque la copia estaba sin firmar y carecía de valor porque su autor había fallecido”.
En apoyo de lo que sostiene ese documento, la defensa de Garciacelay pidió a la jueza que tome en cuenta la “hoja de servicios” del soldado Juayeck. En ella constan dos sanciones fechadas el 30 de enero de 1976: una por no advertir “que el detenido se desvestía y se sacaba los elementos de seguridad”, y otra por “no dar cuenta de una novedad referente al estado de salud de un detenido”.
Alonso sostiene que “estas sanciones corroboran los hechos tal como fueran relatados en el informe del cabo de primera Félix Machado”.
Por su parte, el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, remarcó en declaraciones a la diaria que por el momento sólo se conocen fotocopias del informe del cabo Machado, por lo que ya pidió al Ministerio de Defensa Nacional que aporte el original, de modo de poder comprobar su autenticidad.
“Es un documento ‘dubitado’. Hemos pedido a Defensa el documento verdadero. Una vez presentado habrá que analizarlo en el contexto de toda la prueba. El documento por sí solo no prueba absolutamente nada”.
Las citaciones que las defensas hicieron para que declararan Figueredo y Gavazzo también tenían como fin esclarecer qué pasó con este documento entre 2012 y 2018. Figueredo se excusó de hacer declaraciones a la diaria, y Gavazzo no respondió los mensajes enviados.
En una carta pública que dio a conocer en diciembre de 2020, un hijo de Garciacelay, Diego, sostuvo que la defensa de su padre ejercida por Figueredo y Arab “fue nefasta, llena de errores, horrores, y cosas que creo deberían ser cuestionadas desde la ética profesional”. Agregó que a su vez Gavazzo, amiga de Figueredo y Arab, representaba al coronel José Scaffo, segundo jefe de Artillería 1, cuando el homicidio de López. “Las mismas abogadas defendían al cabo Machado, a Scaffo, a Coitinho y a mi padre. Ahí hay gente con responsabilidad y gente sin responsabilidad. Es imposible defender a los cuatro al mismo tiempo”.
“Me lo paso por las bolas”
La defensa de Garciacelay también pidió que se incorporen a la causa otros documentos, entre ellos una bitácora del caso que Coitinho llevó entre 2010 y 2014.
Según este diario, Coitinho y Garciacelay hablaron entre sí cuando el caso fue reabierto y acordaron decir “la verdad”, aunque ello implicara desmentir a la Justicia militar. Ambos oficiales le comunicaron esa decisión al coronel Scaffo, ya que el primer jefe de Artillería 1 cuando el homicidio de López, el coronel Washington Scala, había fallecido años atrás.
En esa bitácora, Coitinho señala que en febrero de 2012 recibió una llamada de Scaffo “pues había conversado con la doctora Gavazzo (...) y esta le había dicho que con nuestra posición la Justicia militar quedaría completamente desacreditada”.
Coitinho le habría respondido a Scaffo que si se atenían a lo actuado por la Justicia militar, terminarían presos, a pesar de considerarse inocentes: “Por eso, mi coronel, en cuanto al posible descrédito de la Justicia militar, me lo paso por las bolas”.
El 9 de febrero de 2012, siempre de acuerdo con esa bitácora, y tras haber declarado por primera vez ante la Justicia penal, los tres oficiales se encontraron otra vez con Scaffo, quien les dijo que venía de reunirse con las abogadas del Centro Militar. Allí Scaffo les manifestó que ellas le habían vuelto a reprochar el tenor de sus declaraciones, porque “la Justicia militar ha perdido toda credibilidad”.
Ante esa aseveración, Casco habría protestado: “Bárbaro, defendamos a la Justicia militar, y a nosotros ¿quién nos defiende?”.
En esa reunión, y según el diario de Coitinho, Scaffo les hizo una confesión inesperada. Contó que la noche de la muerte de López “el capitán Pérez, capitán de servicio ese día, lo llamó por teléfono a su domicilio, pasada la medianoche, comunicándole que ‘hubo un incidente (o apriete)’ y había fallecido un detenido”.
Scaffo también habría confesado entonces que esa noche, tras llegar a la unidad, “realiza los primeros interrogatorios” a los implicados en la muerte del prisionero.
Sin valor probatorio
Para el fiscal Perciballe, en cambio, el diario llevado por Coitinho no tiene valor probatorio: “No es un documento, es un manuscrito que él hizo”. De acuerdo con la visión de la Fiscalía, la imputación contra Garciacelay y Coitinho es sólida y las pruebas son contundentes. “Es un caso que se está cuestionando mucho, pero tenemos bien clara la documentación que hemos usado”, afirmó. “Nos basamos siempre en lo que surge de la Justicia militar. Se trata de un documento público, y mientras no se lo tache de falsedad, no podemos tener una postura distinta”.
De todos modos, Perciballe también ha solicitado pruebas adicionales, entre ellas, la citación de Juayeck. En eso coincide con la defensa de los dos oficiales presos, que también han pedido la comparecencia del exsoldado.
El fiscal también reclamó que comparezcan el cabo Cruz y el sargento Olivera, y le ha pedido a la jueza que cite al coronel Scaffo en calidad de indagado. Hasta el momento sólo ha declarado como testigo.
Según un oficio librado el 13 de diciembre, Scaffo debía declarar el 26 de mayo y Juayeck el día 31. Sin embargo, ninguno de los dos se presentó en las audiencias. Según el abogado Alonso, “aparentemente no les llegó la citación. Hemos intentado averiguar qué pasó, porque el oficio salió con las direcciones y sus teléfonos. Llama mucho la atención que un oficio salga en diciembre y en junio no haya llegado. ¿Dónde se perdió? Hay una oficina específica que hace las citaciones a los militares retirados. ¿Por qué no hizo estas citaciones?”.
Dudas en la Justicia militar
La gran diferencia entre las partes estriba en la valoración de las actas de la Justicia militar. Coitinho y Garciacelay esgrimen que todo lo que allí consta es falso. Que todo fue una farsa que el comandante Scala le ordenó urdir al capitán Pérez, quien habría redactado todas las declaraciones.
Ambos oficiales señalan que esa noche no estuvieron en el cuartel. Que Coitinho, por ser el oficial de inteligencia y responsable de los detenidos, fue seleccionado por Scala para hacerse cargo de la muerte de López como principal responsable. Y que Garciacelay y Casco fueron elegidos por sorteo.
La propia jueza, en su auto de procesamiento, admite que al menos una parte de lo actuado por la Justicia militar es falsa. Sus actuaciones, sostiene, “buscaron desdibujar las verdaderas circunstancias que rodearon el fallecimiento de la víctima”.
En el juicio se descartó que López hubiera muerto instantáneamente al golpearse tras caer al vacío. En el expediente, el forense Guillermo López Moreira declara que “la causa de muerte que surge es la hemorragia aguda a raíz de politraumatismo”. Un estudio de las antropólogas Alicia Lusiardo y Natalia Azziz sostiene: “Es poco probable que habiendo sufrido una caída de espaldas golpeándose contra la baranda (versión de militares), no se hayan producido fracturas a nivel de la columna vertebral”. Y una pericia médica realizada por el profesor de Medicina Legal Guido Berro y el intensivista Gabriel Caratneff concluye que las heridas que López tenía no pudieron provocarle un deceso inmediato: “Las lesiones descritas en la necropsia no serían capaces de producir un sangrado tan rápido y profuso que comprometieran la vida en pocos minutos (...) La muerte no se produce de forma inmediata, siendo necesaria la existencia de un lapso temporal considerable entre la lesión responsable y el fallecimiento”.
También la supuesta confesión de López de haber enterrado en su casa armas del Partido Comunista, que le habría proporcionado Piccardo, es de dudosa veracidad. Piccardo, que sí integró el aparato armado del PCU, dijo a la diaria no recordar a López, ni haberle dado armas. Tampoco a su esposa.
Yamandú López, hijo de Julián Basilicio, dijo en la Justicia que dos meses después de la muerte de su padre efectivos militares llegaron a su casa junto con otro detenido y encontraron enterrados documentos del PCU. Piccardo manifestó que nunca se le daban armas a un militante que ocultaba documentos: “Si había documentos, no había armas”.
“Lápida total sobre el asunto”
El relato de Yamandú López ante la Justicia es conmovedor. Relató que a su padre lo llevaron detenido en la madrugada del 31 de diciembre de 1975.
“El 5 de enero fue un coche de la Policía a casa a avisarle a mi madre que mi padre había fallecido y tenía que ir a buscarlo al Hospital Militar. Mi madre no quiso ir y entonces fui con mis hermanos. Allí no nos dejaron ver el cadáver de nuestro padre. Nos dijeron dónde llevarían el cuerpo y lo llevaron a la funeraria González. El velatorio fue a cajón cerrado y con un militar a cada lado del cajón, que no dejaban acercarse a nadie, ni siquiera a mi madre, ni a nosotros, sus hijos”. “Los militares nos dijeron verbalmente: ‘Tu padre tuvo un accidente, se cayó y se golpeó la cabeza’”, agregó.
Garciacelay prefirió no hacer declaraciones. En cambio, Coitinho aceptó responder algunas preguntas. Primero, enfatizó su versión del caso. “Nosotros no estábamos ahí. No tenemos nada que ver. Todo lo que dice el expediente es falso. Se hizo un relato mentiroso y los cabezas de turco fuimos los dos que estamos presos y Casco. El expediente es muy curioso: parece que hubiera sido una unidad sin capitán de servicio, porque no aparece por ningún lado. El capitán de servicio es el jefe cuando no están los jefes, y más aún en la noche. Pérez [hoy fallecido] era directamente responsable y fue designado juez sumariante. Nunca se puede ser juez y parte, y él era responsable de lo que pasó esa noche en el cuartel. Eso ya invalida todo”.
Luego recordó su encuentro con Yamandú López: “Me dieron la orden de ir al hospital con Scala a decirle al hijo que su padre había muerto. Fui a acompañarlo porque su ayudante, que era el capitán Pérez, estaba haciendo el presumario”.
Tras aquel encuentro, manifestó que nunca más volvió a hablar con Scala sobre la muerte de López. “Desde ese momento hubo en el cuartel una orden concreta: lápida sobre el asunto. Lápida total. Fue una orden del jefe que se transmitió a todos los oficiales: no se podía hablar del tema. Sobre el caso había una lápida”.