La Federación Ancap (Fancap) tuvo el martes una asamblea general “en defensa de la industria cementera”. Al término de la instancia, que fue en la sede del Sindicato Único de Telecomunicaciones, los trabajadores de la empresa pública manifestaron a través de un comunicado que, actualmente, hay “un proceso de privatización” del pórtland y aseguraron que “la lucha estará centrada en mantener la industria cementera en la órbita estatal y pública”.
Fancap definió una serie de medidas sindicales en la asamblea. Por un lado, comenzar “una campaña publicitaria” y “redoblar el compromiso de construcción de un frente social” en apoyo a la industria cementera, “a través de los plenarios departamentales del PIT-CNT y las intersociales de Paysandú y Minas”, donde Ancap tiene sus plantas de producción de pórtland.
Por otro lado, resolvió “realizar paros con movilización en Paysandú, Minas y Montevideo” en junio y “no conceder guardias gremiales para mantener la operativa en la refinería de La Teja” durante el paro nacional del PIT-CNT programado para julio. Esto último, en caso de no existir avances que garanticen “la totalidad de los contratos de función pública”. Desde hace varios meses, Fancap está en “alerta” ante lo que entiende como un proceso de privatización de “un recurso que es patrimonio del conjunto de los uruguayos”.
La participación de Ancap en el mercado del pórtland ha ocasionado pérdidas a la empresa estatal durante los últimos años. Según números oficiales, en 2021 la producción de pórtland y la venta del cal tuvieron un déficit cercano a 15 millones de dólares. Ancap tiene un equipamiento viejo en comparación a sus competidores privados -sus costos de producción duplican a los de las otras empresas- y, por una cuestión de escala, la demanda actual no le permite acumular ingresos suficientes para invertir en actualizar su tecnología.
A diferencia de otros sectores en los que Ancap es el único protagonista, el negocio del pórtland no es monopólico. La marca comercial de Ancap, Cementos del Plata, tiene alrededor de 38% del mercado; el resto se divide entre Cementos Artigas, de capitales españoles y brasileños, Cimsa SA, que tiene como accionistas a Diego Godín y Diego Lugano, y Cielo Azul, nuevo competidor que, a mediados del año pasado, inauguró en Treinta y Tres una planta de cemento con una producción anual de 600.000 toneladas, la más grande del país.
Nuevo camino
En setiembre de 2021, el directorio de Ancap aprobó, con los votos del oficialismo y la negativa del Frente Amplio (FA), empezar una ronda de consultas con empresas privadas para concretar una asociación con Ancap en el área del pórtland. En términos generales, se pretende alcanzar una asociación integral, esto es, permitirle a un actor privado la explotación de piedra caliza, la producción de pórtland y cal y la venta de los productos, a cambio de obtener una valorización de los recursos de la empresa estatal y un eventual acceso a nuevos mercados internacionales.
En febrero de 2022, trascendió que unas 16 empresas habían mostrado interés en el proceso de asociación, de las cuales 11 habían invertido 5.000 dólares para acceder a información sobre la operativa de Ancap en el negocio del pórtland y, con base en esos datos, analizar las ventajas y desventajas de concretar la asociación. El plazo para pagar por esta información cerró a fines de abril.
En diálogo con la diaria, Richard Charamelo, integrante del directorio de Ancap por el Partido Nacional, señaló que “ahora las empresas están haciendo sus análisis y se abre un período en el cual vamos a recibir sus propuestas”. Adelantó que en los próximos días los miembros del directorio se reunirán para informarse “de primera mano” sobre “los pasos a seguir”, aunque, aclaró, “no hay nada definitivo”.
El trabajo técnico de la asociación está a cargo de un grupo de técnicos de Ancap y corre por fuera del directorio, según Charamelo, para que “el directorio no esté contaminado con el tema de la decisión de las empresas”. Indicó que “hasta ahora” el directorio “no tiene ninguna propuesta de las empresas”. “Si las hubo, se manejaron en ese grupo que está por fuera”, agregó.
En tanto, Vicente Iglesias, representante del FA en el directorio, manifestó a la diaria que “el proceso de asociación, en realidad, todavía no comenzó”. A su entender, “no hay ninguna autorización para avanzar en un procedimiento competitivo”.
Para Iglesias, desde un punto de vista constitucional, el proceso de asociación entre Ancap y un actor privado requiere “una autorización del Parlamento”. “Nosotros planteamos que este tipo de procedimientos necesita un pasaje por el Parlamento. Lo que quiere utilizar la mayoría del directorio es una ley que está hecha para la desmonopolización de los alcoholes. El título, y toda su discusión parlamentaria, hablan de desmonopolizar alcoholes, no pórtland”, expresó.
Luego de que las empresas interesadas presenten sus propuestas, comenzarán a definirse las características del modelo de asociación que, entre otras cosas, incluirá el porcentaje de acciones que le corresponderá a Ancap. Posteriormente, se realizará un llamado a licitación para formalizar el vínculo entre el socio privado y la empresa estatal.
Charamelo explicó que entre las propuestas que presentarán las empresas interesadas debe indicarse, además, “cuántos empleados siguen en la nueva empresa y cuántos empleados se redistribuyen en el resto de Ancap”. Este último punto genera preocupación en Fancap, que advierte que alrededor del pórtland trabajan unas 500 personas: 300 funcionarios de Ancap y 200 en servicios tercerizados.
Consultado al respecto, Iglesias dijo que comparte la inquietud del sindicato. “Acá los puestos de trabajo no son solamente los de Ancap. Hay un montón de puestos de trabajo colaterales, por ejemplo, gente que hace servicios de mantenimiento y otras actividades relacionadas con el pórtland, que no son de Ancap, y de eso no se dice nada”, expresó.
Para Iglesias, hay “un montón de escenarios” alternativos a la asociación privada de Ancap “que no están siendo considerados”. “Nosotros hemos dado ideas alternativas de cómo se puede mejorar la posición de Ancap y el directorio decidió hacer caso omiso”, aseguró.