Este martes la Comisión de Constitución y Legislación del Senado votó, tras recibir a una delegación del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el proyecto de ley de tenencia compartida o “corresponsabilidad en la crianza”, que impulsaron el Partido Nacional y Cabildo Abierto. El texto, que fue unificado al inicio desde dos iniciativas distintas y luego modificado nuevamente por diferencias en la coalición, sigue enfrentando reparos principalmente a la interna del Partido Colorado.
De todos modos, el sector Ciudadanos dio su voto en la comisión del Senado y posibilitó la mayoría oficialista, que tiene cinco integrantes en el órgano legislativo contra cuatro de la oposición ‒no todos presentes en sala a la hora de votar‒.
Ahora está previsto que el proyecto de ley sea tratado en el plenario del Senado el 2 de agosto. Luego deberá pasar a Diputados, donde Ciudadanos aún no confirmó si brindará sus votos, y de no hacerlo podría trancar la mayoría de la coalición ‒tiene ocho diputados y si ninguno vota, el oficialismo suma 49 adhesiones‒. Además, el diputado del Partido Independiente (PI) Iván Posada dijo que no cree necesario votar la iniciativa.
Al finalizar la sesión de la comisión, la senadora nacionalista Carmen Asiaín subrayó en rueda de prensa que la coalición logró llegar a un acuerdo sobre la redacción “después de un trabajo de hormiga, de casi dos años, de consensuar, negociar y estudiar”. Destacó que es un proyecto que fue concebido como “un derecho de los niños a mantener una convivencia con sus padres cuando ocurre una separación”.
La senadora explicó que las modificaciones que hubo fueron “muy escasas”. Una de ellas fue “la tan mentada omisión de un artículo que quedaba como que se derogaban causales de pérdida de la patria potestad, cuando evidentemente eso fue un olvido, o sea que se retiró, no hubo el más mínimo inconveniente en hacerlo”. Además, también se cambió la disposición de que cada defensor sólo pueda tener cinco casos en cada juzgado, que era “para garantizar la imparcialidad”, pero señaló que como se trata de defensores de oficio, no se podía limitar; por lo tanto, esa restricción no rige “cuando el patrocinio es dado por defensores de oficio”.
Por su parte, el senador del Frente Amplio José Carlos Mahía, que también integra la comisión, señaló que “los más perjudicados” con esta iniciativa son los niños, niñas y adolescentes. “Se acaba de consagrar un proyecto que le da una mirada exclusivamente adulta, y que hace modificaciones muy complejas desde el punto de vista de los derechos que más tenemos que proteger”, dijo. “Ese es el punto esencial. Nosotros creemos que los proyectos de ley de esta naturaleza no deben tener como eje central las disputas entre padre y madre, o los progenitores en general, sino que el centro tiene que ser el derecho del niño, la niña y el adolescente. En ese sentido, la norma que se votó en comisión tiene una consecuencia compleja”, aseguró.
El senador subrayó que “una cantidad de organizaciones sociales especializadas en la temática tienen una opinión contraria” a este proyecto; por lo tanto, “llama mucho la atención que algo de una delicadeza tan grande tenga un tratamiento a esta velocidad”. “Hubiésemos deseado otro camino. Ahora vamos a tener el debate en sala, y ojalá en la Cámara de Diputados se puedan cambiar algunas cosas que vemos muy negativas”, finalizó.