El sábado sesionó por primera vez el Comité Central (CC) del Partido Socialista (PS) resultante del Quincuagésimo Congreso Ordinario, “Guillermo Chifflet”, que se hizo en los primeros días de julio.
El CC designó a los 23 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y a los responsables de las secretarías, las subsecretarías y las comisiones. Como adjunta a la Secretaría General continúa la diputada Gabriela Barreiro, como secretaria de Organización y Coordinación Ejecutiva se designó a Romina Burwood; en la Secretaría de Desarrollo Territorial, creada el sábado, quedó Pablo Oribe; en la de Comunicación, Federico Pérez; en Relaciones Internacionales, el actual secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, Gustavo González; en Relaciones Nacionales, Daniela Brandon; en Movilización Social y Cultural, el presidente de la Federación Ancap, Gerardo Rodríguez; en Finanzas y Administración, Susana Quiruja; en Programa y Pensamiento Estratégico, Mauricio Zunino, y en Coyuntura y Gobierno Nacional, el senador Daniel Olesker.
El grupo de trabajo sobre descentralización y gobiernos subnacionales será coordinado por Barreiro y el exdiputado por Rocha Darcy de los Santos, pero además se sumaron seis comisiones “con coordinación colectiva, innovando en un organigrama más flexible y transversal que jerarquiza algunos temas”, informó el PS en Twitter.
Estas nuevas comisiones de carácter nacional son la de Género, Diversidades y Disidencias, Interiores (coordinada por militantes de Curtina, La Paloma, Sarandí Grande y Young), Formación y Memoria Histórica, Ambiente, Derechos Humanos, y Mundo del Trabajo y Economía Popular.
El foco en la multiplicación por tres de la riqueza que produce Uruguay
En un comunicado dado a conocer este domingo, el CC informó que van a impulsar “la estrategia de ‘Bases para una alternativa de cambio social’ definida” en el congreso y que se resolvió “impulsar la creación de agrupaciones en materia sindical, cooperativa y de cultura, buscando propiciar un mayor trabajo colectivo en estas áreas cuya articulación ha sido jerarquizada desde la creación de la Secretaría de Movilización y Cultural”. También se generó un grupo de trabajo en materia de descentralización y gobiernos subnacionales y se instaló “una comisión de análisis de los estatutos partidarios”.
En cuanto a la situación nacional, el CC del PS expresa que se ha llegado a la mitad del período de gobierno y que “se han confirmado las peores proyecciones” que hicieron “en su momento”. “Concentración de la riqueza, desestatización y mercantilización de los servicios públicos, violencia institucional y criminalización de la protesta han sido los pilares de la política de este gobierno a favor de las grandes empresas y riquezas y en contra de la clase trabajadora y las grandes mayorías de nuestro pueblo”, añade. En este sentido, se subraya la “reducción del salario y la jubilación real, en un contexto de una economía que crece”, y la quita de recursos para educación pública, salud, vivienda y justicia.
El comunicado destaca que frente a estas políticas hay “una creciente movilización de actores y organizaciones sociales del movimiento popular”, y que los socialistas participan en “esas luchas democráticas”.
Sobre la reforma de la seguridad social se afirma que “la riqueza que produce el Uruguay se ha multiplicado por tres desde la reforma del 95 y ese debería ser el foco de la discusión a la hora de definir quiénes deben contribuir más para sostener un sistema de protección social que cuide a las personas durante toda la vida y cómo deben hacerlo”; también se menciona “las situaciones de extrema violencia que como sociedad estamos viviendo”, respecto de lo que se señala que el gobierno “insiste con una política equivocada en lugar de invertir en estrategias integrales de prevención de la violencia”.
Finalmente, sobre la situación en Argentina se advierte sobre “el nuevo capítulo del llamado ‘lawfare’ o judicialización de la política, mecanismo por el que se utilizan procesos judiciales viciados como instrumento para proscribir o denostar a fuerzas y dirigentes políticos populares”, en particular “la falta de garantías del debido proceso, inherente a cualquier persona, en la causa que enfrenta la actual vicepresidenta de Argentina [Cristina Fernández]”.