Basándose en la “desconfianza” de los ciudadanos en el sistema político y su transparencia, la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) decidió este lunes elevar a las bancadas de los partidos políticos dos proyectos que buscan “fortalecer” la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). El primero trata de darle carácter autónomo al organismo, que hoy se encuentra supeditado al Ministerio de Educación y Cultura, y por lo tanto al gobierno de turno.
Eduardo Brenta, senador suplente por el FA, comentó a la diaria que quieren “ver qué voluntad” hay en la coalición multicolor para darles prioridad a estos proyectos que, seguramente, ingresen a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado después de que se trate la Rendición de Cuentas, dado que las comisiones se encontrarán suspendidas. “Ellos son mayoría; espero que se ponderen los temas sobre transparencia y corrupción”, indicó.
Según el proyecto, al que tuvo acceso la diaria, el objetivo del tratamiento parlamentario es modificar su naturaleza jurídica “profundizando su nivel de independencia”. Para eso, en su exposición de motivos, plantearon dotar a la junta anticorrupción de mayores recursos tanto humanos como económicos, para que pueda cumplir sus cometidos.
Según informó la diaria días atrás, la Jutep hoy cuenta, además de los tres jerarcas definidos por el Poder Ejecutivo, con diez funcionarios. Al inicio del gobierno eran 15, pero dos de ellos se jubilaron y los otros tres volvieron a su lugar de trabajo de origen, dado que estaban con pase en comisión en el organismo. En esta Rendición de Cuentas se planteó crear cuatro cargos: un contador y tres abogados. Ana Ferraris, directora por el FA de la Jutep, se mostró asombrada con que no hubiera un solo contador, sabiendo que el rol del organismo, justamente, es el de analizar declaraciones juradas de funcionarios públicos, entre otras cosas.
El proyecto apunta a la autonomía del organismo, para que haya “plena potestad de autoadministración y de autonormación dentro del marco constitucional y legal”. Para el FA, esta situación orgánica “le permitirá a la nueva Jutep actuar con mayor independencia”.
Buscar confianza
Los frenteamplistas, que vienen trabajando en el proyecto antes del caso del senador nacionalista Juan Sartori, quien no presentó la declaración jurada de su esposa, consideraron que implementar estos cambios “constituye un pilar fundamental” para brindar “confianza a la población en el sistema democrático”. “Es necesario que la ciudadanía entienda que el combate a la corrupción trasciende ideologías políticas y es un asunto central de la gestión gubernamental mejorar su eficiencia”, apuntaron.
Según la exposición de motivos del proyecto, el “abuso del poder público” a través de la corrupción “es hoy un serio obstáculo al proceso de desarrollo económico y social en muchos países”. Con base en lo dicho en su momento por James Wolfensohn, expresidente del Banco Mundial, la corrupción “debilita la confianza del público en el gobierno, produciendo profundas tensiones políticas y sociales”. “Distrae los recursos que deberían ir para los grupos menos privilegiados y más pobres hacia los más ricos. Distorsiona el sistema democrático basado en el imperio de la ley, permitiendo que intrincados intereses individuales prevalezcan por sobre el bien común”, añadieron.
En ese sentido, establecieron que la “prevención, combate y sanción” de actos corruptos deben ser un “pilar fundamental” para un gobierno “comprometido con la ética, la transparencia y el fortalecimiento de la democracia”. “Es necesario brindar un mensaje claro en el sentido de que las conductas alejadas de la probidad y la ética no serán de ninguna forma aceptadas como parte de las prácticas en la función pública”, agregaron.
Ayer, en rueda de prensa, el senador frenteamplista Enrique Rubio dijo que en el marco de dar mayores atribuciones a la Jutep también se pondrá sobre la mesa la necesidad de que tenga una “participación activa” ante el Poder Judicial, siempre y cuando lo amerite.
Si no presentás, no entrás
Tal como había informado la diaria, desde la oposición también buscan modificaciones para “modernizar” la ley cristal, aprobada por unanimidad en 1998, que obliga a todos los jerarcas a “formular una declaración jurada de bienes e ingresos a cualquier título”. En resumen, el planteo es que quien no presente la declaración jurada en tiempo y forma sea sancionado y, asimismo, no pueda ser candidato en el próximo período legislativo.
Sartori presentó a la Jutep dos informes en el que establecía que no estaba obligado a presentar la declaración de su pareja, elaborados por los constitucionalistas Martín Risso y Carlos Delpiazzo. En ese marco, aseguró que con base en estos informes presentaría un recurso de inconstitucionalidad contra la ley votada en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti ante la Suprema Corte de Justicia. Tras conocer estos informes, la vicepresidenta, Beatriz Argimón, respaldó al senador.
En el proyecto, desde el FA apuntan que “de forma novedosa” después de más de 20 años de ejercicio de la norma “hoy se pone en duda su legalidad y se cuestiona la falta de sanción que el incumplimiento de sus normas acarrea”, y sostienen que entienden “fundamental” como una “señal positiva” de todo el sistema político “robustecer la norma con el objetivo de fijar un mecanismo para que quien incumpla las normas de transparencia en la gestión pública no pueda ser candidato en el período electoral siguiente”.
Rubio indicó que esta modificación busca “evitar la clave del asunto, que es el enriquecimiento ilícito”, y agregó: “Al mismo tiempo que eviten la chicana jurídica por las que se omiten datos sobre el patrimonio de las personas”, explicó.
Por otra parte, según informó El Observador y confirmó la diaria, al estar en licencia por enfermedad la presidenta de la Jutep, Susana Signorino, es probable que el caso Sartori no se trate. Para Rubio “sorprende profundamente” que la cabildante “haya hecho una solicitud de licencia que en la práctica es como de tres meses, porque esto puede llevar a un bloqueo institucional de la Jutep”. Al no estar la presidenta, los otros dos directores, que son de “distinto signo político”, no pueden llegar a “resolución alguna” si no están de acuerdo, concluyó.