Las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional asistieron el lunes al Parlamento para explicar los cambios presentados en la Ley Orgánica Militar. El ministro Javier García detalló que esta iniciativa se enmarca en el “Compromiso por el país” firmado por la coalición de gobierno, que su naturaleza no es “refundacional” y que su confección contó con el asesoramiento de “los profesionales del área”.
“Este es un proyecto de ley modificativo que se trabajó por círculos concéntricos”, explicó, para luego agregar que “se empezó trabajando en el seno del ministerio con los mandos de las Fuerzas Armadas [FFAA], a quienes se les solicitó la opinión profesional”. El documento final de este proceso introduce una ampliación jurisdiccional de las misiones de una de las “estructuras fundacionales de la Patria como son las Fuerzas Armadas”, según consta en la exposición de motivos de la iniciativa.
Durante la comparecencia de las autoridades a comisión, la oposición ya planteó algunas inquietudes. El senador frenteamplista Alejandro Sánchez cuestionó la modificación referente al cometido fundamental de las FFAA, que incorpora el concepto de “nación” entre los elementos a defender por los militares. El texto propuesto establece que “el cometido fundamental de las Fuerzas Armadas es planificar y ejecutar actos militares necesarios para la defensa de la Nación, la población, la soberanía, la independencia e integridad territorial, la salvaguarda de los recursos estratégicos del país que determine el Poder Ejecutivo y contribuir a preservar la paz de la República en el marco de la Constitución de la República y las leyes”.
La inquietud, para el senador frenteamplista, gira en torno a la palabra “nación”: “Creo que es un tema relevante, más conceptual a razón de que introduciremos el concepto de ‘nación’ y no el de ‘república’”.
“No hay una definición legal sobre lo que es ‘nación’”, coincidió en este sentido el politólogo y docente de la Universidad de la República Julián González Guyer, en diálogo con la diaria. Para el académico, el “núcleo del asunto” se encuentra en el cambio de “la misión fundamental” de las FFAA.
“La misión fundamental cambia, que es la que establece el porqué de la existencia de las FFAA: en la visión general se agrega la defensa de la nación, un concepto que no está definido legalmente y que da para muchas cosas”, consideró. El académico explicó que este concepto “va más allá del territorio”.
Otra innovación que incluye el proyecto de ley es que algunas tareas que en la normativa vigente son “subsidiarias” de las FFAA, ahora pasan a ser cometidos fundamentales, entre ellas, “contribuir a la prevención y neutralización de ataques terroristas y piratería”, y “contribuir a la ciberdefensa del Estado y del espectro electromagnético”.
Una discusión “de largo aliento”
Según confirmaron senadores del oficialismo y de la oposición a la diaria, la discusión sobre el proyecto será “de largo aliento” y se profundizará “artículo por artículo”. El senador colorado Germán Coutinho estimó que el debate comenzará “a fin de este año, cuando culmine la Rendición de Cuentas”. Por su parte, el senador cabildante Raúl Lozano sostuvo en diálogo con la diaria que la discusión sobre el aumento de “las misiones internas también debería estar sujeta a brindar recursos humanos y económicos”.
Lozano consideró que “hay cosas propias del Ministerio del Interior que no las tiene que cumplir un funcionario militar”. En este sentido, la disposición de que las FFAA se hagan cargo de la ciberseguridad estatal y del propio espacio electromagnético “va a requerir debate, eso es funcionamiento interno, no es nacional; si se lo quiere poner a nivel nacional deberían aprobarse los recursos materiales y humanos para hacerlo”, subrayó.
Por su parte, la senadora frenteamplista Sandra Lazo evaluó que algunos sectores de la coalición de gobierno “tienen un concepto de la seguridad y soberanía nacional que roza la seguridad pública”.
El rol del Esmade
Según la exposición de motivos del proyecto de ley, otro de los objetivos de la iniciativa es aumentar las capacidades del organismo coordinador de las tres fuerzas armadas ‒Ejército, Armada y Aérea‒, el Estado Mayor de la Defensa (Esmade). “En este proyecto se incluyen disposiciones que progresivamente aumentan la participación del Esmade como organismo asesor del Ministerio de Defensa Nacional”, se detalla en el documento para luego indicar que “la organización de las operaciones” quedará a cargo de esta institución.
El Esmade fue creado en 2010, tras la aprobación unánime de la Ley de Marco de Defensa Nacional. Según la exposición de motivos, tiene como una de sus misiones principales “la ciberseguridad”. En el articulado se derogan los incisos, C, D y E, cuyas misiones apuntan a funciones de asesoramiento sobre actuación conjunta en centros de formación de oficiales, tareas de formación en inteligencia estratégica, preservación y gestión del medioambiente, así como la de “recibir, analizar y elevar los informes de Agregados de Defensa de la República acreditados ante gobiernos extranjeros”.
“Se nota la presencia fuerte de una de las fuerzas sobre las otras, el Esmade se creó para armonizar”, puntualizó Lazo, para luego indicar que, si bien en la exposición de motivos se sostiene que se fortalecerá el rol del Esmade, “se lo reduce en temas de capacitación” y sus funciones pasan a ser asesoras.
“Me hago cargo de este aspecto, este es un organismo que no ha logrado concretar la generalidad de las FFAA y creo que a nivel de comandancias se lo reduce cuando debería rescatarse y ejecutar su capacidad como organismo coordinador”, sostuvo la senadora.
Otras pautas organizacionales
González Guyer advirtió que el proyecto dispone que la facultad del Poder Legislativo para autorizar las actividades económicas de las FFAA pasará al Poder Ejecutivo. También existe un fortalecimiento de la corporación militar ya que, según el artículo 26, todos los jueces de la Justicia militar deberán ser oficiales generales o en retiro y ya no habrá “jueces letrados civiles”.
En la misma dirección, el artículo 59 plantea volver al régimen en el que el oficial continúa en actividad y “en situación fuera de retiro” tras llegar al máximo de permanencia en el grado sin haber ascendido. La baja, como sanción, en generales y coroneles requerirá la aprobación de tres quintos en la cámara de Senadores, según el artículo 65.
Con respecto al Estado militar, se eliminan los cuatro años por los que los militares retirados “mantienen las obligaciones fundamentales” que impone la investidura, como el no comenzar una carrera política.
A su vez, se crea un Cuerpo de Reserva cuyos integrantes serán “ciudadanos incorporados luego de aprobar el curso de grado correspondiente”, lo que implica, para González, “la creación de un nuevo cuerpo, aunque ya en la normativa anterior se menciona a los oficiales de reserva como parte del Cuerpo de Apoyo y Complemento, formado por profesionales universitarios” y se le establecen “funciones como parte del Personal Superior”.
En lo que respecta a las carreras y ascensos militares, se crean dos grados nuevos, de coronel mayor y comodoro. Se extiende a la oficialidad el derecho a participar en las misiones de paz y se elimina la obligatoriedad de concurso para el ascenso a coronel para volver a la “antigüedad calificada y por concurso”.