La consultora Cifra presentó, el miércoles, la encuesta “Justicia, cárceles y rehabilitación”, en la que relevó, con base en una muestra de 2.000 personas, qué opina la sociedad uruguaya respecto de la aplicación de penas alternativas, como tobilleras electrónicas, prisión domiciliaria, trabajo comunitario, entre otras, para aquellas personas que cometieron delitos.
Durante la conferencia, en la que participó el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, la directora de Cifra, Mariana Pomiés, sostuvo que los resultados de la consulta a la opinión pública fueron contundentes: 66% de los uruguayos “cree que estas penas se deberían usar más frecuentemente de lo que hoy se usan”. Pomiés dijo que se trata de una opinión que “trasciende lo ideológico”, con números que así lo demuestran: 76% de quienes se identifican como “de izquierda” dijeron estar de acuerdo con que se apliquen más penas alternativas, mientras que, entre quienes se definen “de derecha”, esta idea alcanza a 67%.
Cuando se hila más fino, se puede ver que, si bien 33% prefiere que haya penas alternativas para delitos no violentos y 58% ve con buenos ojos que todos los delitos tengan pena de cárcel, en el caso de las madres con hijos a cargo que cometan delitos leves, la tendencia se revierte: 79% opina que deberían aplicarse penas alternativas. Lo mismo sucede con los delitos no violentos vinculados al consumo problemático de drogas, en el que 73% entiende que también deberían haber medidas alternativas a la cárcel.
“La rehabilitación para los uruguayos también es un factor importante”, continuó Pomiés. De acuerdo a la encuesta, 68% cree que “aplicar penas de cárcel muy severas sin programas de rehabilitación aumenta la inseguridad” y que la rehabilitación es “un factor clave para trabajar[la]”.
En la encuesta se les enunciaron a las personas distintas afirmaciones y se les preguntó si estaban o no de acuerdo. Por ejemplo, ante la frase “rehabilitar a las personas que cometen delitos es tan importante como castigarlas por el delito que cometieron”, 79% se mostró de acuerdo, y cuando se les dijo “para reducir el delito es fundamental que el Estado asuma su responsabilidad en la rehabilitación de las personas”, el número fue aún más contundente: 87% manifestó que estaba a favor. Según Pomiés, esto demuestra que “el Estado es percibido por la opinión pública como un actor que tiene que hacer algo y no sólo encerrar, sino rehabilitar”.
“Estas percepciones de la importancia de la rehabilitación están presentes en todos los segmentos que estudiamos, en los más y menos educados, entre las personas de izquierda y de derecha, y entre hombres y mujeres”, agregó Pomiés. En esa línea, 58% de los uruguayos entienden que se debería destinar más recursos a la rehabilitación y a la reinserción social, mientras que 27% entiende que debería destinarse más a la construcción de cárceles y 11% a ambas por igual.
“¿La rehabilitación es posible? Los uruguayos somos optimistas en esto”, continuó Pomiés, y detalló que 22% cree que no es posible rehabilitar, mientras que “49% cree que algunos sí y otros no” y 26% entiende que todas o la mayoría de las personas que cometieron delitos son plausibles de rehabilitación.
“Esto también es un mensaje al sistema político, porque muchas de estas cosas quedan en el discurso de 'a la gente no le interesa', y a veces son excusas para no encarar estos temas que implican políticas nuevas, diferentes, cambios, innovaciones”, sentenció Pomiés, y agregó que estos números dan cuenta de que existe “una conciencia importante entre los uruguayos en que el Estado tiene que brindar ayuda para acompañar a esas personas que cometen delitos”, como lo indica ese 76% que sostiene que el Estado debería brindar acompañamiento a quienes egresan del sistema penitenciario. Asimismo, “solamente 18% cree que las personas deben reinsertarse solas”.
“Sacudir un poco los fantasmas”
Petit sostuvo durante la conferencia que a su oficina le pareció un paso “muy importante” el hecho de “escuchar qué opina la gente” sobre “la privación de libertad y el tratamiento de la privación de libertad”, además de “sacudir un poco los fantasmas que tenemos y que existen también en el sistema político”.
“Obviamente que cuando uno mira un delito extremo, gravísimo, el impacto que eso provoca enceguece”, entendió el comisionado parlamentario, y recordó que, de todas formas, “el mandato de derechos humanos” es “trabajar en los casos más extremos y también en los casos que constituyen la gran mayoría”, que surgen de situaciones de “adversidad, de penuria social, de derechos no resueltos, no atendidos”.
Asimismo, dijo creer que “lo importante [de la instancia] era escuchar esta medición de opinión pública”, que arrojó “varios datos muy halagüeños para los que creemos que la rehabilitación es clave de un proceso de construcción de ciudadanía, de descenso de la violencia social, no sólo del delito, que es una expresión de la violencia”.
La encuesta se realizó en el marco del proyecto “Tendiendo puentes”, una iniciativa de cooperación Sur-Sur llevada adelante por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH).