Con décadas en diversas funciones en el Estado, Ana Ferraris se considera a sí misma una conocedora de la administración pública. Primero, fue abogada de UTE, luego, ya en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, fue asesora en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y después, directora de la Asesoría Letrada de ese organismo. Finalmente, en la administración de José Mujica, fue subdirectora de la Oficina Nacional de Servicio Civil.
Hasta que asumió como vocal de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), en febrero de este año, tras la polémica renuncia de su predecesor Jorge Castro, fue asesora jurídica en el Parlamento para la bancada del Frente Amplio (FA). Sobre su gestión en la junta anticorrupción, los casos más polémicos y las dificultades que afronta el organismo, conversó con la diaria.
Asumió en un contexto en el que el Partido Comunista (PCU) pidió la renuncia de Jorge Castro por haber votado a favor del fallo sobre el Antel Arena. ¿Asumió con cierta presión?
Absolutamente no. No he sentido ningún tipo de presión por ningún lado. Desde que estoy ahí nadie agarró un teléfono para decirme “mirá que en tal asunto tenés que posicionarte de tal o cual modo”. Ni el secretario del PCU [Juan Castillo] ni el presidente del FA [Fernando Pereira] ni ningún otro dirigente frenteamplista, lo cual tiene sentido, porque si depositan la confianza en uno para ejercer una función, se supone que así debe ser. Y así ha sido hasta ahora: trabajo con total libertad.
¿Qué opinión le mereció el fallo contra Carolina Cosse por el Antel Arena?
La historia ha sido tan compleja... He intentado acceder a los expedientes para saber qué había pasado y observar otras cuestiones que a mí me llamaban un poco la atención. Intenté acceder en formato papel y hasta el día de hoy no lo he visto. Sí pude verlo cuando hubo un pedido de acceso a la información. No así el otro expediente, el de Gas Sayago, que es, entre otros, uno que quisiera ver. Se lo he dicho a los directores, intento acceder a través del sistema informático y ahí me dicen que no tengo permiso, cuando soy miembro del directorio. He insistido hasta el día de hoy y no aparece. Sobre el Antel Arena, a mí me da la sensación de que el problema mayor –y es una cuestión que he observado en el tratamiento de otros expedientes– tiene que ver con que no se tiene en cuenta debidamente el derecho que tiene el otro a ser escuchado y que tiene el otro a presentar sus descargos. Eso se llama derecho en defensa en vía administrativa, que tiene origen constitucional. Creo que lo que pasó con el Antel Arena también pasó con Gas Sayago, y Castro no estaba. Se resolvió sin escuchar, y a la persona, al indagado, hay que escucharlo antes, no después de que se lauda. Probablemente, haya tenido que ver con eso.
Hubo denuncias de que la Jutep falló con base en una auditoría de un privado.
Sí. Si pasa en nivel judicial se llama informe de parte. Nunca un juez resuelve sobre un informe de parte: lo tiene en cuenta, lo analiza, lo estudia, pero también nombra sus propios peritos. Acá se laudó sobre la base exclusivamente de ese informe. Entonces, ahí tenemos un problema de desbalance.
¿Qué evaluación hace sobre la gestión que se está llevando adelante en la Jutep?
Tenemos un relacionamiento muy civilizado. De verdad, hablamos, interactuamos los días que sesiona el directorio. Después, está cada uno en lo suyo, estudiando sus asuntos y demás. Yo no puedo decir que tengo un mal relacionamiento con nadie. Una cosa es eso y otra muy distinta es confundir diferencias de criterios con cuestiones de mal relacionamiento. Efectivamente sí, hemos tenido diferencias de criterios, las he expresado, y siempre lo reitero y subrayo: son consideraciones jurídicas.
Susana Signorino ha dicho que estuvo a punto de renunciar. ¿Qué tanto afecta que la presidenta haya dicho públicamente que pensó en renunciar?
Yo no sé si ella va a renunciar o no. A mí no me lo dijo. No desconozco los trascendidos, pero ella en ningún momento me dijo que estaba pensando en renunciar.
Pero esos trascendidos, ¿podrían darle inestabilidad al organismo?
Es complicado, sí. Supongo que queda expuesto, pero son trascendidos, ella nunca me lo dijo.
Uruguay se posiciona como el país menos corrupto en América Latina, según el índice de Percepción de la Corrupción. ¿En nuestro país hay corrupción estatal?
Tiene niveles muy buenos [el estudio], los indicadores muestran bien posicionado a nuestro país en ese sentido. Que hay que seguir trabajando, fortaleciendo los mecanismos contra la corrupción, ¡ah!, yo creo que sí. En lo personal, entiendo que hay cosas para hacer que habrá que ver si se dan las condiciones. Un aspecto que hay que mejorar es el trabajo con las declaraciones juradas, pero son decisiones políticas, que se tomarán o no. Lamentablemente, en esta posición, más allá de un planteo puntual, mi rol es más de contralor que de otra cosa.
El gobierno se jacta de su “transparencia”. A su parecer, ¿este es un gobierno transparente?
En algunos casos sí, en otros no.
¿Por ejemplo?
Nosotros mismos. Si uno entra a la página web de la Jutep, va a ver que prácticamente no se van a ver resoluciones. Yo hice un planteo en el directorio diciendo que estamos en falta en ese sentido y que deberíamos dar cabal cumplimiento a lo que dispone la Ley 18.381 y publicar en el sitio web las resoluciones. Estamos flojos en ese aspecto, y me parece que eso tiene que ser producto de una decisión. La debilidad de la Jutep, y esto lo subrayo, va más allá de la carencia de los recursos humanos.
¿Tiene que haber voluntad?
Nos ahorraríamos todos los dolores de cabeza; basta pensar en los pedidos de acceso que hacen [referido a las declaraciones juradas y otras resoluciones]. Nunca había visto. Todas las semanas están cayendo. Todo eso nos ahorraríamos si las publicáramos.
¿Qué tanto incide la cuota partidaria del organismo?
Cuanto mayor independencia del sistema de partidos tengamos los miembros del directorio, mejor.
Hay una propuesta de su partido para que la Jutep sea autónoma e independiente, que deje de depender del Poder Ejecutivo. ¿La ha estudiado? ¿Se debería avanzar en ese sentido?
Tengo los titulares. Sé de las ideas que han girado en torno a esto, pero no me animaría a opinar del proyecto sin haberlo analizado artículo por artículo. Pero todo lo que sea para fortalecer y consolidar el organismo, a priori, pensaría que todo el mundo está de acuerdo. El tema es cómo.
Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la Jutep, consideró en diálogo con la diaria que la corrupción en el país es un “problema serio”, por lo que la Jutep debería ser una “herramienta importante” en ese sentido. ¿Hoy pasa?
Sobre todo cuando sobrevuela el fantasma del narcotráfico. Es un tema que me preocupa mucho, por eso digo que habría que pensar en una agenda que apuntara a eso.
Y eso está atado al lavado de activos.
Y al enriquecimiento ilícito. Esto lo digo a título personal, creo que es hora de que nosotros tengamos regulado el delito de enriquecimiento ilícito, que nos hemos llevado observaciones de organismos internacionales por no tenerlo establecido. Yo creo que ahora sí hay condiciones para legislar en la materia.
¿Y avanzar en el proyecto por financiamiento de partidos políticos?
Sustancialmente, eso es fundamental.